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El fallo de la Corte Suprema tendría impacto en el fuero laboral y generó inquietud en el sindicalismo
Hay preocupación entre los gremios porque el Tribunal Superior de Justicia porteño quedó habilitado para revisar medidas de las cámaras nacionales; temen perder su influencia en la justicia del trabajo
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LA NACION
La Corte Suprema de Justicia tomó una medida que cambia la manera en que se tramitan todos los juicios ordinarios y estableció que la instancia superior de la justicia nacional en el ámbito porteño es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta medida impactaría de lleno en la justicia laboral, un fuero en el que se mantiene vigente la influencia y el lobby gremial.
Por eso, ayer, casi de inmediato que se comunicó el fallo de la Corte, el sindicalismo lo rechazó con fuertes cuestionamientos. “Entre gallos y medianoche, de la misma manera en que se traman las cosas espurias, la Corte resolvió en el denominado caso Levinas [ver aparte] que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra facultado a revisar las sentencias de las Cámaras Nacionales, un verdadero absurdo jurídico que atenta contra la ley y la propia Constitución Nacional. Lo fallado solo tiene como objetivo principal el control del fuero del Trabajo y del fuero Comercial, pero fundamentalmente garantizar la impunidad de Mauricio Macri en la causa Correo Argentino en desmedro del Estado nacional” , expresó la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que lidera Julio Piumato. Su mensaje fue reproducido por la CGT y otros dirigentes sindicales.
El expresidente Macri insiste en la necesidad de traspasar la justicia laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde desde hace 16 años manda Pro. Para que eso suceda, debería enviarse un proyecto de ley al Congreso de la Nación y ser aprobado, y después ser tratado por la Legislatura porteña. De avanzar, sería un golpe durísimo para los sindicatos peronistas, que conservan peso e influencia en la Justicia laboral nacional. Algunos abogados laboralistas afirman que sería “inconstitucional”. “El problema del traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad más allá de todos los argumentos legales es que particularmente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es una suerte de tribunal guía para todo el país porque genera una jurisprudencia que trasciende y suele ser de avanzada en sentencias con sentido progresivo o protectorio. Hoy hay dos instancias: los juzgados laborales y la segunda es la Cámara de Apelaciones, que tiene 10 salas y revisa los fallos de primera instancia. Después, queda firme. Se pueden presentar recursos extraordinarios para llegar a la Corte. Con el traspaso habría una instancia después de la Cámara de Apelaciones que sería el Tribunal de Justicia de la Ciudad”, advirtió Matías Cremonte, titular de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad esta integrado por Inés Weinberg, que es la presidenta, Alicia Ruiz, Luis Lozano, Marcelo de Langhe y Santiago Otamendi. Tres de ellos fueron designados por gobiernos de Pro. Weinberg, por Macri, mientras que Langhe y Otamendi por Horacio Rodríguez Larreta. Además, Weinberg había sido una de las candidatas que Macri, cuando fue presidente, intentó impulsar para la Corte Suprema. En su lugar, terminaron ingresando Rosatti y Rosenkrantz.
LA NACION
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