El fiscal Guillermo Marijuan apeló al sobreseimiento a Victoria Donda en el caso de la empleada doméstica

El fiscal federal Guillermo Marijuan apeló el sobreseimiento a la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, en la causa que investiga si ofrecerle a su exempleada doméstica un cargo en el organismo es un delito.

Donda había sido sobreseída el jueves pasado por el juez federal Sebastián Casanello, quien entendió que “el hecho imputado no encuadra en una figura legal”. A raíz de la apelación de Marijuan, la resolución será revisada por la Cámara Federal porteña.

En efecto, Marijuan sostuvo que lo investigado “se adecúa a las figuras penales” denunciadas, con respecto a negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 del Código Penal) y abuso de autoridad (artículo 248).

La denuncia surgió a partir de la difusión de una conversación que la titular del Inadi, Donda, mantuvo con Arminda Banda Oxa, quien trabajó en su casa por 14 años. En el intercambio, la funcionaria le ofreció gestionarle un subsidio o un cargo en el Inadi.

En la resolución de la semana pasada, Casanello dispuso “sobreseer a Victoria Analía Donda Pérez, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por entender que el hecho imputado no encuadra en una figura legal, haciendo entonces expresa mención de que, la formación del presente proceso penal, en nada ha de afectar el buen nombre y honor del que hubiere gozado (artículo 336, inciso 3º y último párrafo del CPPN.)”.

Además, argumentó en su fallo: “La principal conclusión del Tribunal respecto del dictamen de la Fiscalía, era que, si bien se había podido acreditar que existieron conversaciones privadas en el marco de las cuales Donda Pérez habría formulado un ofrecimiento impropio, faltaban los elementos que indicasen que, tras esos diálogos, había existido un acto administrativo de la funcionaria: una resolución u orden emanada de la titular del Inadi, que dispusiese hacer efectivo tal ofrecimiento, mucho menos un contrato estatal que lo perfeccionara”.

Si bien el juez Casanello reconoce el accionar incorrecto de la titular del Inadi, concluye que su accionar no implica el delito denunciado. “La indignación que puede generar un diálogo entre partes estructuralmente desiguales para llegar a acuerdos injustos, los incumplimientos laborales de una empleadora y/o la naturalización de un uso inapropiado y poco ético de la función pública, no alcanza para formular un reproche penal si es que faltan los elementos del tipo penal. Solo configuran delitos aquellas conductas que son consideradas antinormativas por estar previstas en nuestro código penal”, detalló Casanello en su resolución.

A principios de enero, Donda había sido denunciada ante la Cámara Federal porteña por el presunto delito de defraudación contra la Administración Pública, en grado de tentativa. La funcionaria le había ofrecido a su exempleada doméstica resarcirla con un plan social y un cargo en el Estado, para ella o su hermana, según la denuncia.

Su exempleada doméstica, Arminda Banda Oxa, de nacionalidad boliviana, fue la encargada de radicar la denuncia. Cuando Banda Oxa, que trabajó hasta 2020, le planteó a la funcionaria en plena pandemia que necesitaba regularizar su situación previsional para acceder a una jubilación, la respuesta de Donda había sido el ofrecimiento de un cargo público y un plan social.

LA NACION

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