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El Gobierno acelera la causa por el corte
Pretende que se cite a declarar y se procese a 10 asambleístas de Gualeguaychú; utilizó una ley de Onganía para fundamentar la denuncia
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LA NACIONMariano Obarrio
Tras reuniones de urgencia en medio de fuerte hermetismo, el gobierno de Cristina Kirchner firmó ayer el decreto 828/10, por el cual habilitó al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a presentarse como querellante en la denuncia penal y civil que el Estado formuló el miércoles pasado contra diez asambleístas de Gualeguaychú, por el corte de la ruta 136 y del puente que une esa ciudad con Fray Bentos, en Uruguay.
Según pudo saber ayer LA NACION de altas fuentes oficiales, el Gobierno aspira ahora a que el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, comience a citar y a procesar a los imputados lo más rápido posible, porque de ese modo -creen en la Casa Rosada- se acelerará el levantamiento del bloqueo que solucione el prolongado conflicto con Uruguay.
Ese corte, que lleva más de tres años y medio, se originó en el conflicto por la instalación de la ex pastera Botnia, ahora UPM.
La querella de Da Rocha por 18 delitos fue presentada luego de que el Gobierno se negó a desalojar la ruta -por temor a que se produjera una cruenta represión-, tal como lo estableció Pimentel en un fallo del martes último que ordenaba garantizar el libre tránsito. Ante la denuncia oficial, el juez solicitó ayer un decreto común de la Presidenta para habilitar al Estado como querellante.
La norma fue firmada así por la Presidenta y por el ministro de Justicia, Julio Alak, y enviada anoche por el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, al Boletín Oficial, donde se publicará pasado mañana. Da Rocha envió al mismo tiempo el decreto al juzgado federal para que Pimentel pueda activar las citaciones y las medidas de prueba.
La firma del decreto se decidió tras febriles reuniones entre la Presidenta, Zannini, Alak y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Según dijeron a LA NACION dos ministros, el Poder Ejecutivo interpretaba que no era necesario el decreto, sino sólo "una formalidad". Entendía que era suficiente la querella de Da Rocha, que "como procurador representa a la Presidenta". Sin embargo, se resolvió acceder al pedido de Pimentel, que buscaría así darles solidez a sus actuaciones.
"Es una cuestión interpretativa, pero se resolvió firmarlo para darle celeridad al proceso", confió a este diario una alta fuente oficial. En la Casa Rosada se mantuvo el hermetismo acerca de la identidad de los imputados, para que no se entorpeciera la labor del juez. "Son diez los imputados", ratificó un ministro.
Onganía
El decreto 828, firmado con fecha de anteayer, 10 de junio de 2010, tiene un solo artículo: "Ratificase la presentación efectuada por el señor Procurador del Tesoro de la Nación como parte querellante en la causa número 57.839".
Entre sus fundamentos, invoca el artículo 4 de la ley 17.516, de octubre de 1967, de Juan Carlos Onganía y Guillermo Borda, que, señaló, "establece que el Estado podrá asumir el carácter de querellante cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos, el orden constitucional y en los casos de delitos contra la seguridad y la tranquilidad pública".
Dice además que "corresponde garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, trabajar y comerciar". Los delitos que se denuncian, agrega, son "homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito". En la querella sumaba otros, como daños a bienes públicos, atentado contra la vida democrática, sedición y resistencia a la autoridad.
La demanda por homicidio culposo se refiere a la muerte de Walter Maulucci, un joven de 33 años que falleció al chocar con su moto contra un acoplado cruzado sobre la ruta 136, en abril de 2009.
Por la mañana, Alak instó a la asamblea a que "reflexione rápidamente" y levante el corte, ya que "la cuestión está terminada jurídicamente". Y afirmó que el corte del puente "está generando la imposibilidad del control ambiental". Señaló que Uruguay pide el fin del bloqueo a cambio de la conformación de una comisión de científicos de ambos países.
En tanto, el presidente de Uruguay, José Mujica, señaló ayer que "esperará sentado", pero confiado en una solución al bloqueo (ver Pág. 7).
En declaraciones a Radio Del Plata, Alak le restó importancia al decreto que firmaría más tarde. "Es un trámite formal, insustancial", dijo el ministro.
"La pretensión del Estado es que el juez cite a los que lideran el bloqueo", señaló Alak. "La ley -añadió- es más fuerte que cualquier represión."
