El Gobierno acordó con la CGT una tarjeta alimentaria para desocupados

El Gobierno acordó con la CGT reforzar la ayuda alimentaria de los trabajadores que fueron despedidos o suspendidos en las últimas semanas. La Casa Rosada se comprometió con los gremialistas a entregar una tarjeta alimentaria con importantes descuentos para la compra de alimentos de la canasta básica.

El anuncio llegó en medio de la creciente tensión social, tras el encuentro que los ministros Carolina Stanley (Salud y Desarrollo Social) y Dante Sica (Producción y Trabajo) mantuvieron ayer con la cúpula de la central obrera. Según confirmaron fuentes oficiales, aún resta definir los detalles de la implementación y el alcance que tendrá la medida.

Si bien se abordó el pedido para que el Gobierno declare la emergencia alimentaria, no hubo acuerdo sobre este punto en el encuentro en el que participaron Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estacioneros), Antonio Caló (UOM), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (Uocra).

El plan de la Casa Rosada es que el tratamiento de la iniciativa se dé en el Congreso. Tampoco se discutió, según dijo Stanley a la salida del encuentro, sobre la reapertura de las paritarias. El objetivo principal de la reunión, que se realizó en la sede de Desarrollo Social, fue descomprimir la frágil situación social tras el resultado electoral de las PASO.

"Fue una muy buena reunión. La CGT tiene ánimo conciliador", dijo a LA NACION la ministra Stanley.

Durante el encuentro, los funcionarios nacionales repasaron con los líderes sindicales la puesta en marcha de las últimas medidas que anunció el gobierno nacional. En ese sentido, destacaron el bono de 1000 pesos -para los meses de septiembre y octubre- para la Asignación Universal por Hijo.

Pero también mencionaron la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) para productos de la canasta básica hasta fin de año, que según la evaluación que realizó el gobierno nacional tuvo un impacto en los precios.

Además, resaltaron el nuevo haber mínimo vital y móvil, que hace 10 días se fijó en $16.875. El aumento que el Gobierno definió de manera unilateral -no hubo acuerdo de los representantes gremiales de la CGT y las dos CTA-, será del 35% y se concretará en tres cuotas (un 13% en agosto, un 12% en septiembre y un 10% en octubre).

Por último, Stanley repasó las cifras del reparto de alimentos. Como adelantó LA NACION anteayer, la demanda de alimentos aumentó significativamente en las zonas más pobres y motivó una reacción decidida del Ministerio de Desarrollo Social, que reasignó partidas para elevar un 50% el monto de las raciones que envía a comedores y merenderos y otorgó más recursos a los planes de asistencia.

La mayor demanda de comida fue reportada por las organizaciones sociales, que en las últimas semanas reclamaron la declaración de la emergencia alimentaria. El Gobierno ya avisó que es responsabilidad del Congreso.

"Reasignamos partidas, aumentamos la cantidad de raciones para los comedores, también se habló del bono para la AUH y se generó un diálogo para poder explicar todas estas acciones. No quedamos en hacer otra reunión, pero estamos permanentemente en diálogo", resumió Stanley a la salida del encuentro con los gremialistas.

Stanley y Sica recogieron el reclamo de los gremios y habilitaron la posibilidad de avanzar con la tarjeta alimentaria, que se suma al seguro de desempleo que cobran en la actualidad los desocupados. El mínimo este mes ascenderá a $3634,41 y el máximo estará en $5815,08. En octubre, los montos llegarán a $3925,17 y $6280,28.

"Estas semanas los argentinos estamos viviendo momentos de preocupación. En este contexto difícil tomamos una serie de medidas para llevar tranquilidad a los argentinos. Son medidas que representan un alivio mientras nos ocupamos de estabilizar la economía tras el 12 de agosto", dijo ayer el presidente Mauricio Macri al encabezar el acto de entrega de los premios Maestros Argentinos 2019, en el Centro Cultural Kirchner.

La tarjeta alimentaria, cree el Gobierno, servirá para "amortiguar" los aumentos en los precios de los alimentos que se registraron con fuerza después de la devaluación que se produjo por el resultado de las primarias, el 11 de agosto.

El Gobierno, que mantiene abierto el canal de diálogo con los líderes cegetistas, busca con estas medidas encapsular parte del conflicto social, que en los últimos días protagonizaron en la calle algunos movimientos sociales, como el Polo Obrero. El pedido del Presidente para Stanley y Sica fue encontrar las soluciones necesarias para evitar que los gremios más representativos sumen peso a las movilizaciones que se vieron la última semana. En esto también está involucrada la Iglesia, que está intermediando para evitar desbordes.

El gobernador Miguel Lifschitz reiteró ayer el reclamo para que el gobierno de Mauricio Macri declare la emergencia alimentaria. Dijo que no era una cuestión retórica, sino concreta.

"Se necesita que el gobierno nacional se haga cargo de la crisis económica y social que ha generado y que envíe recursos de forma urgente", dijo en un tono crítico el gobernador de Santa Fe, cuyo espacio político, el Partido Socialista, respalda la candidatura presidencial de Roberto Lavagna.

Lifschitz estimó en $4000 millones los recortes que sufrirá Santa Fe por las medidas que anunció el Gobierno vinculadas a la rebaja de impuestos. "La situación crítica no comenzó después de las PASO", cuestionó el santafesino.

Por Santiago Dapelo

• Crisis económica

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