El Gobierno acude a la Corte Suprema para bloquear el acceso a datos sobre el plan “Potenciar Trabajo”

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, resiste desde hace meses la entrega de información sensible a un puñado de legisladores opositores sobre los fondos multimillonarios que recibió el Movimiento Evita durante los últimos años. ¿Su argumento? La difusión de esos datos podría obstaculizar investigaciones penales en curso sobre los planes “Potenciar Trabajo” y poner en riesgo a testigos de identidad reservada. Para los legisladores, son falacias que podrían servir para proteger al exfuncionario y piquetero Emilio Pérsico. Ahora la discusión llegó hasta la Corte Suprema.

La disputa comenzó en 2023, cuando Alberto Fernández todavía ocupaba la Casa Rosada y seis referentes de la Coalición Cívica denunciaron por presunto conflicto de interés a Pérsico y a otros funcionarios ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Hernán Reyes, Héctor Flores, María Fernanda Reyes, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin Moro estimaron que Pérsico y sus colaboradores actuaban de ambos lados del mostrador: como funcionarios firmaban convenios y otorgaban partidas millonarias a cientos de cooperativas que directa o indirectamente respondían a ellos.

Pero ese fue apenas el primer paso de una disputa que sigue hasta hoy. Porque Reyes también pidió acceder a datos concretos sobre “Potenciar Trabajo”, el programa social que cuenta con un presupuesto que supera el billón de pesos por año y llegó a registrar 1,6 millón de beneficiarios. Lo requirió en agosto de 2023 y ya durante la gestión de Pettovello le entregaron información mínima, por lo que en 2024 acudió a los tribunales.

El amparo de Reyes recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal de Esteban Furnari. ¿Qué planteó el equipo de Pettovello en tribunales? Que le pedían “información que podría develar datos sensibles que podrían interferir con diversas investigaciones penales en curso, referentes a posibles casos de corrupción relacionados con el Ministerio” y que “en el marco de dichas causas se están llevando una serie de actos procesales, los que probablemente conduzcan a declaraciones testimoniales de testigos de identidad reservada”.

Reyes replicó que los datos que había pedido no eran esos. Él no buscaba, aclaró, “la difusión de nombres y domicilios de quienes pudieran declarar en procesos penales en calidad de testigos protegidos”, sino datos sobre el “obrar de personas jurídicas”. Por caso, rendiciones de cuentas de las cooperativas, en “trámites administrativos [que] son, de hecho, anteriores a los procesos judiciales a los que se hace referencia, en todos y cada uno de los referidos”.

Ya en diciembre pasado, el juez Furnari rechazó el amparo de Reyes. En línea con el fiscal de primera instancia, Miguel Ángel Gilligan, concluyó que “la difusión de la información requerida podría afectar la correcta tramitación de las causas penales referenciadas, por lo cual constituye información a la que corresponde aplicar un especial tratamiento, quedando excluidas del deber de informarse”.

Pero Reyes apeló. Y tanto el fiscal de Cámara, Ricardo Peyrano, como los camaristas Clara do Pico, Rodolfo Facio y Liliana Heiland, le dieron la razón en un fallo del 29 de mayo pasado. ¿Qué sostuvo el fiscal? Que Capital Humano “no ha explicado de manera razonable de qué modo la divulgación de la información solicitada podría afectar la estrategia jurídica o la defensa en el marco del proceso judicial en curso”, ni “tampoco ha demostrado que la apertura de la causa penal haya sido motivada de manera exclusiva por la información solicitada, ni que la documentación requerida se encuentre efectivamente bajo reserva”.

Pero la disputa no se agotó allí. Pettovello decidió recurrir a la Corte. El 11 de junio insistió en que “la información solicitada resulta prueba esencial de causas en trámite en la Justicia Federal de todo el país vinculadas a coacciones efectuadas por movimientos sociales que administraban el plan Potenciar respecto a los beneficiarios”.

Y planteó su “preocupación por los testigos que deben declarar en dichas causas, dado que podrían llegar a ser identificados, poniéndolos en peligro y contrariando la reserva de su identidad dispuesta por los jueces”.

Reyes replicó el miércoles 25. “El Estado Nacional no ha dado cuenta de cómo la presencia de testigos pudiera estar relacionada y/o filtrarse como resultado de la divulgación de la documentación de rendición de cuentas que las Unidades de Gestión No Gubernamentales (cooperativas de trabajo, en su mayoría)”, dijo, y aclaró que “en ninguno de los documentos referidos y requeridos obra intervención de testigo alguno, documentación elaborada por la Administración Pública a los efectos de afrontar una estrategia judicial, así como tampoco alguna actuación de investigación administrativa sujeta a reserva dispuesta por ley”.

“Las investigaciones penales se benefician de un entorno transparente”, remarcó Reyes. “Por ejemplo, la divulgación de datos sobre contratación pública o manejo de fondos –como los solicitados en este caso– permite que más información relevante aflore, que potenciales testigos o denunciantes tengan conocimiento de los hechos”.

Y en momentos en que el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se encamina a un juicio oral, pero Pérsico recién recorre la etapa inicial de investigación, Reyes estimó que más información pública permite “que se genere confianza pública en que la investigación no encubre selectivamente a nadie”.

Un día después de presentado el escrito de Reyes, el expediente pasó al acuerdo. Ahora, la Corte Suprema deberá resolver.

Tras la difusión de las quejas de los legisladores, la ministra Pettovello respondió por las redes sociales.

“No voy a permitir que sugieran que encubro posibles delincuentes que yo misma denuncié; los legisladores deben permitir que el Poder Judicial haga su trabajo y soy la primera que va a proteger a los testigos”, escribió.

Por Hugo Alconada Mon

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