El Gobierno apunta al trabajo informal
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se trazó su propia meta: reducir la informalidad laboral o empleo en negro del 34,6% a menos del 30 por ciento.
Luego de encuentros con empresarios y gremialistas, Tomada logró convencer al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que si se agudizan las fiscalizaciones laborales y se dan subsidios a las micro y pequeñas empresas, sería posible incorporar al mercado laboral a 430.000 personas en dos años.
Impulsado por el ministro, Capitanich subió la apuesta. En un rapto de entusiasmo, vía Twitter, enumeró algunas metas y objetivos de la gestión. Prometió "lograr una tasa de desempleo inferior al 6,3% y promover 1650 convenios colectivos de trabajo". Eso sí, sobre las paritarias, no precisó los montos en los que anhela cerrar los tratos con los gremios y los empresarios. El 20% de aumento que había sugerido el ministro de Economía, Axel Kicillof, ya fue rechazado de manera unánime por la dirigencia sindical.
Sobre la informalidad laboral, desde el propio Ministerio de Trabajo desconfían de las expectativas de Tomada. Dos fuentes reconocieron a la nacion que será muy difícil perforar el actual piso de trabajo en negro en un mercado laboral privado estancado y sin perspectivas claras de reactivarse en los próximos dos años. "Ojalá nos equivoquemos, pero las proyecciones no son muy alentadoras", dijo una de las fuentes consultadas.
Las otras apuestas del Gobierno serán mantener los niveles de producción y generar competitividad en los sectores más afectados.
Kicillof presentó hace dos semanas el Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear), una suerte de fideicomiso para "ampliar y flexibilizar la oferta de crédito para proyectos estratégicos". A través del Banco Nación, el Fondear ofrecerá préstamos directos para la construcción, compra de activos fijos, certificación de procesos y financiamiento de capital de trabajo.
Kicillof y Tomada apuestan a que pueda ser una herramienta de generación de empleo genuino. El proyecto requerirá $ 10.000 millones del Estado nacional y se destinará a proyectos de inversión en "sectores estratégicos" y en economías regionales. También se garantizó la continuidad del plan de viviendas Procrear y del plan federal de obras públicas, dos iniciativas clave para la industria de la construcción.
Para mejorar la competitividad, el Gobierno implementará un régimen de reintegros y devoluciones a los exportadores. Además, apuesta a la renovación del ferrocarril para achicar los costos en el transporte de cargas. "Lo que cuesta acá dos pesos se consigue afuera por la mitad. Lo de la competitividad no es joda", graficó ante la nacion un jerárquico de la CGT que participó en las reuniones con los funcionarios y los empresarios para activar esta serie de medidas.
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