El Gobierno celebró el fallo, que consideró “inapelable” y sostuvo que ahora deberá definir la Corte

Desde el gobierno nacional celebraron la decisión de la Justicia Federal, que resolvió suspender las clases presenciales en la Ciudad, y aseguraron que la “sentencia es inapelable y que remite todo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Minutos después de que el juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari aceptó un pedido del Gobierno y resolvió dejar sin efecto la medida cautelar que había dictado la Justicia porteña a favor de clases presenciales en la Capital, desde la Casa Rosada dijeron que el magistrado “puso las cosas en su lugar”.

“El fallo pone en manifiesto que los jueces de la ciudad nunca debieron introducirse en un tema del cual no eran competentes y que al hacerlo generaron confusión e incertidumbre en la sociedad”, explicaron fuentes oficiales.

Y agregaron: “El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires basó su decisión en un fallo que constituye un estrago jurídico, la Justicia porteña es incompetente para expedirse sobre un DNU que tiene carácter nacional”.

La resolución del juez federal generó alivio para el presidente Alberto Fernández, según destacaron cerca del jefe del Estado. Desde ayer, en distintos despachos de la Casa de Gobierno masticaban bronca por la resolución de la Justicia porteña, pero especialmente por la actitud del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Durante todo el año pasado no hizo nada y este año, que es electoral, avanzan de esta forma. Están mal”, dijo, visiblemente enojada, una de las principales asesoras del Presidente.

“Son medidas de política sanitaria en un contexto de pandemia. La Ciudad debería haberse adecuado a la norma que fue promulgada en el Boletín Oficial el pasado vienes”, manifestaron cerca de Fernández. Mientras tanto, el gobierno porteño analizaba esta noche si acata el fallo que dictaminó el regreso a la virtualidad.

En su fallo, Furnari advirtió a los camaristas porteños que actuaba en defensa de la Constitución Nacional, para restablecer el orden público. “Reestablecer el imperio del estado de derecho, y desde allí será trabajo de la comunidad política propender a la revinculación social e institucional que favorezca la regeneración y cohesión del tejido social, dentro de un esquema de cordura y respeto institucional que nunca debió perderse”, escribió el magistrado.

Además, le dio intervención en el proceso al Estado nacional, que estaba afuera del juicio porteño, y le reconoció su calidad de parte como destinatario de la medida judicial que había suspendido los efectos del decreto de necesidad y urgencia del Presidente.

Ahora, para el gobierno nacional la decisión final la deberá tomar el máximo tribunal. Pero, a diferencia de lo que ocurrió el lunes y martes, con los alumnos en sus casas.

Por Santiago Dapelo

• Alberto Fernández

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