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El Gobierno cortó 71 contratos de alquiler de edificios que demandaban 2300 millones de pesos anuales
La decisión estuvo en manos de la AABE, que depende de Jefatura de Gabinete; la primera tanda incluyó la baja de 71 contratos y la siguiente iría por 106 ceses más
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LA NACION
El Gobierno recortó 71 contratos de alquiler de oficinas en distintos puntos del país. La medida fue realizada a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Según la información difundida oficialmente a través de la Jefatura de Gabinete, a cargo Guillermo Francos, en una segunda etapa se contempla la baja de otros 106 contratos.
De acuerdo a datos oficiales, el recorte de contratos de locación de esta primera etapa representa un ahorro mensual de $191.518.251, que anualizado alcanza los $2.298.218.220.
Según el proceso de reducción y racionalización de recursos dado a conocer por el Gobierno, se dieron de baja 23 contratos en provincia de Buenos Aires y siete en CABA, además de alquileres en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
En esas oficinas trabajan más de 3500 empleados de la Secretaría de Turismo y Deporte, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Secretaría de Industria y Desarrollo, la ANSES, la AFIP, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el Inadi, el Enargas, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), Migraciones, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Policía Federal Argentina y el Enacom, entre otras.
Según se informó, “en la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional”.
Entre los edificios cuyos alquileres se dieron de baja se destaca uno de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde trabajaban 490 personas, sobre la avenida Roque Sáenz Peña al 1159. Con seis pisos y cocheras, su alquiler insumía 7.952.000 mensuales. Si el informe oficial es correcto, se trata de un precio muy inferior a los valores actuales del mercado. De hecho, la misma repartición alquilaba otro edificio sobre Sáenz Peña al 530, para 500 personas, pero por el que pagaba 81.824.222 pesos.
Si, por alguna razón, el Gobierno debiera volver a contratar espacios similares, difícilmente conseguiría un precio como el del primer alquiler, que se dio de baja. Una luz amarilla en el tablero de los funcionarios.
De hecho, en otros pisos del primero de esos edificios funcionaba la exsecretaría de Turismo y Deporte, que pagaba un alquiler de 54.729.722 pesos por un espacio para 764 puestos laborales.
La Anses, por su parte, dio de baja alquileres en Mendoza y Pehuajó, provincia de Buenos Aires. El primero, por el que pagaba $3.146.336, se destinaba a 64 puestos. En el último, por un espacio de trabajo para 17 personas, se pagaba poco más de un millón de pesos.
El Gobierno planea continuar con el ajuste en alquileres y tienen en la mira otros 106 contratos de inmuebles.
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