
El Gobierno destrabó juicios contra el Grupo Bulgheroni
Kirchner derogó un decreto de Menem
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Como parte de la política de revisión de las relaciones económicas entre el Estado y las empresas en los 90, el presidente Néstor Kirchner firmó ayer un decreto para descongelar juicios que la administración pública mantiene con el grupo Bulgheroni -propiedad de los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni- por aproximadamente 500 millones de pesos.
Los pleitos se encontraban paralizados como consecuencia de una norma dictada en 1996 por el entonces presidente, Carlos Menem.
La medida dispuesta por Kirchner, que lleva el número 966, anula el decreto 1021 dictado por Menem, que estipulaba que cerca de 20 litigios entre el Estado y las compañías del holding económico pasaran a una instancia de arbitraje. Fue aquella decisión la que, según informaron ayer desde la Casa Rosada, provocó que las causas se congelaran hasta estos días, sin que se llegara a ninguna solución.
La disposición presidencial encuentra antecedentes en una iniciativa que había encarado la gestión de Fernando de la Rúa, pero que nunca prosperó.
Fuentes oficiales destacaron a LA NACION que la intención es reembolsar los recursos que se le adeudan al Estado y recuperar la jurisdicción nacional para resolver este tipo de casos.
Se trata, en parte, del mismo objetivo que impulsó las acciones tomadas meses atrás contra el grupo Meller, que tras la privatización de Entel debía confeccionar las guías telefónicas y que, luego de presentar un reclamo que ahora fue considerado infundado, recibió una compensación millonaria.
"Con esta decisión, el Estado recupera la jurisdicción nacional, porque el arbitraje estaba fijado en tribunales internacionales. Esta medida se enmarca en un criterio que sigue el Gobierno, que es recuperar la jurisdicción de los tribunales nacionales y procurar cobrar lo que se le adeuda al Estado", dijo ayer el procurador general del Tesoro, Horacio Rosatti.
La medida dispuesta por Kirchner también permitiría resolver aquellos litigios que las compañías iniciaron contra el Estado, al que, según Rosatti, le reclaman 50 millones de dólares.
Incumplimientos
Los 500 millones de pesos que el Gobierno busca recuperar corresponden a litigios iniciados por el Estado contra el desaparecido Banco del Interior y Buenos Aires (BIBA) y las empresas Bridas (petróleo) y Papel del Tucumán, todas de Bulgheroni, por presuntos incumplimientos de contratos, delitos fiscales y la falta de cancelación de préstamos.
Por su parte, Bulgheroni mantiene juicios con el Estado por Papel de Tucumán y por Bridas. En el caso de la primera empresa, reclama que se le convalide la producción de papel de obra -sólo podía producir por contrato papel de diario-. Y en el caso de la firma petrolera, exigió a la entonces estatal YPF el pago de una serie de compensaciones por servicios brindados, presuntamente canceladas fuera de término.
Menem había dispuesto el arbitraje para solucionar las disputas por estas controversias con el argumento de que los tramites judiciales por seguir podrían haber resultado demasiado costosos para el Estado.
El pleito
La medida busca destrabar los pleitos que el Estado tiene con el Grupo Bulgheroni -Carlos y Alejandro- por $ 500 millones y resolver aquellos que el holding inició contra la administración pública, por US$ 50 millones.
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