El Gobierno evalúa alternativas al no poder derogar las leyes que financian a la discapacidad y a las universidades

Tras el traspié en Diputados, en el que el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, pero con las derogaciones en la ley de Emergencia en Discapacidad y la del financiamiento universitario, lo que atenta contra su búsqueda del superávit fiscal, en el Gobierno ya evalúan alternativas para lograr su sanción. Apuntan a introducir cambios, pero sin tocar el déficit cero, principal vector de la administración libertaria.

Para terminar de repasar y definir la estrategia parlamentaria, este viernes por la tarde hubo reunión de mesa política en Casa Rosada. Allí se reunieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo y Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo, la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Con la mira puesta en lo que sucederá a partir de la semana próxima, se evalúa no insistir con las derogaciones de emergencia de discapacidad y financiamiento universitario.

En cuanto a la primera se evalúan modificaciones como mantener la declaración de emergencia en materia de discapacidad, previendo que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, actualizable de conformidad con lo establecido por el ordenamiento jurídico en materia de jubilaciones.

Y que dicha pensión sea compatible con un vínculo laboral siempre y cuando los ingresos del beneficiario no superen los dos (2) salarios mínimos vitales y móviles.

También se mantendría la compensación de emergencia retroactiva. Se adecuaría a fin de que se abone la diferencia entre el porcentaje de variación del valor de los aranceles aprobados entre el 1º de diciembre de 2023 inclusive y el 31 de diciembre de 2024 inclusive y el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y también se establecería que la autoridad de aplicación determinará un procedimiento para el reconocimiento de la prestación a cada prestador alcanzado.

Se reconocería como mecanismo de ajuste, que el valor de los aranceles sean determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, en forma conjunta.

También se modificaría el artículo referido a las auditorías para que estas “cumplan con todos los recaudos en protección de los ciudadanos y habilite al Poder Ejecutivo a acelerar el procedimiento de baja de aquellas mal otorgadas en fraude al Estado”.

Se eliminaría la creación de Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y se mantendría el régimen vigente (pensión por invalidez laboral). De este modo se eliminarían los nuevos requisitos que ampliaban de forma desproporcional la gama de posibles beneficiarios de esta nueva pensión.

En cuanto al financiamiento universitario, también se propone no insistir con las derogaciones de financiamiento educativo y se sugieren cambios en una serie de momificaciones. En cuanto a gastos de funcionamiento, se habla de un aumento del 20% respecto a los créditos asignados en 2025 para gastos de funcionamiento universitario.

En materia de salario se contemplaría una actualización salarial escalonada con un incremento del 5% a partir del 1° de diciembre de 2025 y luego 4 aumentos periódicos del 2 % durante enero, febrero, marzo y abril de 2026.

Para junio, el Poder Ejecutivo evaluaría compensar las eventuales diferencias entre la actualización salarial propuesta y la variación del IPC. También se reconocería el aumento en materia de becas previstas por la normativa.

Entre los cambios evaluados se volverían a incorporar los artículos previstos en el capítulo XI del proyecto de ley que no referían a estas leyes. Y se agregaría el artículo relacionado a la coparticipación para que el Ejecutivo realice las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al compromiso con Ciudad de Buenos Aires.

Por Cecilia Devanna

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