El Gobierno evalúa que el bono sea obligatorio y negocia compensar a estatales

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, trabaja en la letra chica del acuerdo que se avanzó con la CGT y los empresarios
El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, trabaja en la letra chica del acuerdo que se avanzó con la CGT y los empresarios Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia
Jaime Rosemberg
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7 de noviembre de 2018  • 10:38

En la búsqueda de un gesto concreto a la CGT que consolide los acuerdos alcanzados ayer, el Gobierno reconoció hoy que evalúa dar carácter de obligatorio el pago de un bono de $5000 para el sector privado, acordado con el sindicalismo y las principales cámaras empresarias. Por cuerda separada, el vicejefe de gabinete, Andrés Ibarra , negocia con el titular del gremio UPCN, Andrés Rodríguez , un pago adicional para los estatales, que podría ser de entre $3000 y $6000.

Según el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica , la idea del Gobierno es que el bono sea "obligatorio para todo el sector privado", pero haciendo la salvedad de casos particulares de empresas que no lo puedan afrontar.

"Estamos haciendo la redacción del decreto. En muchos casos los mismos gremios planteaban que podía haber algún tipo de flexibilidad. Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si hay algún tipo de financiación de corto plazo para las empresas que no lo puedan pagar. Queremos trabajar después sobre los casos particulares", afirmó Sica, en declaraciones a radio Continental.

"Hay empresas que están en condiciones de poder pagar más, pero ese adicional por encima de los $5000 ya sería remunerativo", agregó Sica. En el otro extremo, desde la UIA advirtieron que "6 de cada 10 empresas" no podrían afrontar este costo extra, y la CAME (que agrupa a las pequeñas y medianas empresas) ya anticipó su rechazo a la medida.

Además de la negociación con los privados, Ibarra y Andrés Rodríguez ya comenzaron a negociar un plus para los 210.000 mil estatales nacionales. Sería, según fuentes del Gobierno, de entre 3000 y 6000 pesos, y pagadero en cuotas. Tendría, al igual que el pago a los empleados privados, forma de decreto, aún en deliberación. "Se va a dar, el tema es cuanto y cuando", reconocieron fuentes oficiales a LA NACIÓN.

Fuentes del Gobierno informaron que las provincias -el caso de María Eugenia Vidal es el que más preocupa- tendrán la potestad de "dar o no" ese aumento según su disponibilidad de fondos. El Gobierno busca dar una señal "rápida y concreta" en las próximas horas para aliviar la situación de los asalariados afectados por la inflación y terminar de desactivar el paro general con el que la CGT amenaza desde hace varios días.

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