El Gobierno intenta aliviar la difícil situación de Bonafini

Dice que el gran objetivo es que las viviendas se terminen y no se paralicen por las protestas
Mariano Obarrio
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23 de julio de 2011  

El escándalo de las viviendas sociales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo llevó al gobierno de Cristina Kirchner y a todas las provincias y municipios afectados a reformular los convenios del Sueños Compartidos. "Es público y notorio que el contratista tuvo problemas; entonces, cada jurisdicción decidirá cómo reformula sus contratos", confirmó ayer a LA NACION una alta fuente oficial.

El contratista en problemas es la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Su presidenta, Hebe de Bonafini, y su ex apoderado Sergio Schoklender , quedaron envueltos en una causa judicial que investiga una presunta estafa de varios millones de pesos.

"En muchas jurisdicciones podrían incluso cambiar al contratista por una empresa local mediante una nueva licitación. En otras, podría seguir la fundación con otros términos en el contrato", aseguró esa fuente.

"El objetivo central es garantizar la terminación de las viviendas", señaló otro funcionario, vinculado al Ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido.

Los únicos distritos que aún no informaron su intención de reformular los convenios son la ciudad de Buenos Aires y Rosario, gobernadas por partidos de la oposición. "Todos los distritos, menos estos, reformularán sus convenios", señaló un funcionario oficial.

La Casa Rosada admitió así que el escándalo tuvo indudables costos electorales. Eso se pudo palpar tras las últimas elecciones porteñas, en las que el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, perdió por casi 20 puntos contra el jefe de gobierno, Mauricio Macri.

La reformulación le permitirá a la Nación, en muchos casos, sacar de escena a Hebe de Bonafini y financiar a las provincias para que éstas hagan los pagos a nuevos contratistas contra los certificados de obra. Y esas empresas, a su vez, pagarían los sueldos a los albañiles.

Borrón y cuenta nueva. En el ambiente de la construcción, circula la versión de que la Casa Rosada le salvaría a la Fundación Madres la falta de pago con los obreros a través de la estimación de mayores costos por redeterminación de precios conforme al decreto 1295. "No es así, aunque la redeterminación es habitual", aseguran en Balcarce 50.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, hubo dos comitentes: el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que no planteó reformulación aún, aunque no se descarta que la promueva, y la Corporación Sur, que sí comunicó que reformará el contrato con Madres.

"Todos los distritos lo comunicaron extraoficialmente. El Gobierno no tiene información oficial por ahora", dijo a LA NACION otro funcionario involucrado en el conflicto.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, aseguró ayer a Télam que los convenios de Sueños Compartidos "mantienen las mismas características" y que sólo "existieron cambios de modalidad" que "para nada afectan el espíritu de los acuerdos".

¿En qué consistirá la reformulación? "Cada jurisdicción decidirá la forma en que replanteará el contrato. Eso no es atribución de la Nación, que sólo garantizará el financiamiento si se cumplen las condiciones", dicen en Planificación. Cada provincia o municipio podría rescindir el convenio y cambiar el contratista; paralizar la obra o sólo modificar los términos del contrato, según dicen en Balcarce 50.

En el Gobierno buscan dejar sentado que la Casa Rosada no interferirá en la decisión de cada distrito, y aseguran que la contratista era la Fundación y no Meldorek, empresa de Schoklender, que en caso de ser contratista o subcontratista debía estar registrada y no lo estaba. En rigor, la Justicia asegura que Meldorek cobró decenas de millones de pesos por la provisión de materiales a las Madres.

CONTINÚAN TOMADAS LAS CASAS EN MISIONES

POSADAS.– "Hasta que no nos paguen todo lo que nos deben, seguiremos en estado de alerta y nadie nos sacará de acá", afirmó Gladys Ramírez, delegada de las 15 mujeres que integran el grupo de 141 operarios que ayer continuaban la toma de viviendas de las Madres en esta capital. La protesta comenzó el jueves y exige el pago de quincenas atrasadas. Desde ayer las obras dependen del gobierno de Misiones, quien se comprometió a normalizar la situación en los próximos días. Varias de las mujeres, además, denunciaron ante la prensa haber recibido amenazas por parte de "gente que mandó [el jefe de Gabinete, Sergio] Escobar".

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