El Gobierno le bajó ahora el tono a las “filtraciones” en la Procuración del Tesoro por el caso YPF

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, relativizó hoy los trascendidos que surgieron ayer desde la Casa Rosada sobre supuestas “filtraciones internas” en la Procuración del Tesoro para dar información al fondo Burford en el litigio internacional por la expropiación de YPF.

“No saquen conclusiones de fuentes que no son formales. Toda la información del gobierno nacional es pública y es para todos. Lo de los trascendidos no tiene ningún valor”, dijo hoy Francos antes de la inauguración de la Exposición Rural. “Hay un proyecto de estructura de la Procuración que viene trabajándose hace rato, en eso se está trabajando”, agregó el funcionario, en relación al nuevo organigrama de la Procuración del Tesoro, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Desde el Gobierno deslizaron ayer que la Procuración del Tesoro, que encabeza Santiago Castro Videla, quien conduce al equipo de abogados del Estado, había iniciado una investigación, con purga incluida, tras considerar que hubo “filtraciones” internas en el litigio con el fondo buitre, que reclamó y obtuvo de la jueza Loretta Preska de Nueva York la intimación al país de ceder el 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal. Las fuentes oficiales anticiparon además que despedirían a quienes sean individualizados como responsables de una eventual “venta de información” al fondo Burford. Sin dar nombres, también sugirieron que funcionarios actuales vinculados en el pasado al exProcurador del Tesoro Carlos Zannini habrían sido los responsables de esas eventuales filtraciones.

La información había surgido de una reunión en off the record de una alta fuente del Gobierno con un grupo de periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Hoy, tres fuentes del Gobierno-incluida la propia Procuración del Tesoro-evitaron hacer comentarios adicionales, y se remitieron al comunicado emitido ayer, en el que se detallaba la “profunda reestructuración institucional (de la Procuración) para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público”, mediante un “recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas”. Ni una palabra se dijo en el texto de las presuntas filtraciones.

Consultados por LA NACION, funcionarios de la gestión de Cambiemos en la Procuración expresaron su escepticismo en relación a la presunta venta de información. “Me llama mucho la atención, la Procuración tiene funcionarios de alto nivel. Y la reestructuración que anunciaron no tiene nada que ver con si hubo o no filtraciones. Quieren distraer la atención”, resumieron. También descartaron que la filtración hubiese salido del estudio de abogados Shearman & Sterling, que defienden a la Argentina en Nueva York.

Las fuentes agregaron que el entonces procurador, Bernardo Saravia Frías, manejaba el juicio de YPF, “el más importante de todos”, con un grupo reducido de no más de tres personas, con lo cual descartaron que información sensible sobre el juicio sobre YPF fuera ampliamente conocida por los abogados del Estado.

En crítica a la gestión de Javier Milei, las fuentes de la gestión macrista apuntaron a la “inconveniencia” de haber nominado a Rodolfo Barra, primero, y actualmente a Castro Videla, como procuradores del Tesoro, ya que ambos tienen conflicto de interés en el caso YPF. Castro Videla integró el estudio de abogados de Alberto Bianchi, que fue uno de los expertos que presentó Burford Capital en el juicio.

Desde el kirchnerismo, en tanto, también se mostraron descreídos y negaron las acusaciones. “No explicitan, no dan nombres, mientras los que están en problemas son ellos”, retrucaron fuentes del peronismo “¿Zannini va a querer quedar bien con la jueza?”, se preguntaron con ironía exfuncionarios de la gestión de Alberto Fernández.

El reclamo por la expropiación de YPF lleva más de diez años en la justicia estadounidense. Hace dos semanas, la jueza Preska ordenó al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de la compañía a los fondos Burford y Eton Capital. Saravia Frías, recordó en una reciente entrevista con Carlos Pagni en LN+, que esa cesión está “prohibida por ley”, y que por lo tanto sería de imposible cumplimiento.

Desde el fallo de la jueza Preska, el Gobierno avanzó con diferentes medidas: pidió la suspensión de esa decisión judicial y confirmó una apelación sobre la cuestión de fondo. El martes pasado, la Argentina logró una suspensión administrativa temporal de la orden de entregar las acciones, y ayer festejó el apoyo de Estados Unidos, decidido a presentarse a través de su Departamento de Justicia, como Amicus Curiae del Estado argentino en el caso.

Por Jaime Rosemberg

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