El Gobierno no descarta el pago de un bono para las organizaciones sociales

El Gobierno "no descarta" el pago de un bono de fin de año para los beneficiarios de planes sociales. Si bien aún no comenzó la discusión con las organizaciones del sector, todo está dado para que los trabajadores de la economía popular reciban "un aguinaldo" antes de las Fiestas.

En la Casa Rosada se esforzaron ayer en aclarar que ni siquiera existe, hasta el momento, un pedido formal del triunvirato piquetero, formado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

"No está descartado, pero todavía no se está discutiendo", dijo a LA NACION un integrante del gabinete nacional que estará involucrado en la discusión por el bono.

Hace un año, después de una ardua negociación, la administración de Mauricio Macri acordó con los movimientos sociales el pago de bono para el salario social complementario y para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que representa la mitad del salario mínimo vital y móvil.

"Nuestra política social se basa en la convicción de que no se pueden esperar los resultados del derrame del crecimiento económico, al que consideramos insuficiente para terminar con la pobreza, y que para lograr resultados profundos es indispensable un rol dinámico del Estado", dijeron, a modo de anticipo, ayer en la Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña.

Hoy, el bono no está en la lista de prioridades. "Estamos todos enfocados en las reformas que anunció el Presidente", aclararon fuentes oficiales.

Fuentes de la Casa Rosada también remarcaron que el clima político y social que atraviesa el país, sobre todo después del triunfo de Cambiemos en las elecciones, tampoco generó aún un escenario propicio para comenzar a debatir esta posibilidad. Ayer, según publicó Clarín, el pago complementario alcanzaría los 2200 pesos por persona.

Antes de definir el bono habrá un encuentro por la emergencia alimentaria, la nueva meta del triunvirato piquetero. Tras haber logrado el año pasado instalar la ley de emergencia social y un desembolso de $ 30.000 millones a la economía popular, las organizaciones luchan ahora por más reconocimiento institucional: buscan la creación de un consejo nacional de emergencia alimentaria, con la participación de autoridades y tres representantes de los movimientos sociales.

Los encargados de llevar adelante la discusión con los representantes sociales son el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana , y los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Carolina Stanley ( Desarrollo Social ); además, siempre hay representantes de la Iglesia.

El mes pasado, las organizaciones protagonizaron algunos cortocircuitos con el Gobierno, con el que mantienen, en general, una relación fluida, cordial y de respeto.

Los líderes de las agrupaciones denunciaron que les estaban retaceando el presupuesto de la ley de emergencia social y amenazaron con una jornada de protestas en supermercados. Rápidamente el Poder Ejecutivo dio marcha atrás y la relación se encauzó, en la medida de las posibilidades.

Lo cierto es que la negociación con las organizaciones sociales sobre el pago de un bono de fin de año comenzará en diciembre y no antes. Así lo anticiparon a LA NACION dos los integrantes del Gabinete que dirán presente en la mesa de diálogo a la que convocará el Gobierno en las próximas semanas.