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El Gobierno publicó los decretos sobre Malvinas anunciados por Javier Milei en cadena nacional
A través de dos publicaciones en el Boletín Oficial, el Ejecutivo modificó las partidas presupuestarias para la “modernización” del equipamiento militar y el cumplimiento del RIGI en el archipiélago
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LA NACION
A través del Decreto 867 y el Decreto 868 el Gobierno oficializó las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en la cadena nacional que encabezó sobre la soberanía de las islas Malvinas este jueves por la noche.
Con estas nuevas normativas, el Gobierno puso en marcha una reestructuración de partidas presupuestarias y un nuevo marco de control para las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental, tal y como anticipó el Presidente.
El Decreto 867 introdujo modificaciones en el Presupuesto bajo la modalidad de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), habilitando al Ejecutivo a reasignar partidas con el fin de dotar de recursos a áreas estratégicas. Entre los puntos destacados, se incrementó el presupuesto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y se destinaron fondos específicos al Ministerio de Defensa. El objetivo declarado es “fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento”.
Por otro lado, en el Decreto 868 se designa al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como la autoridad de aplicación de la Ley N° 26.659. Esta norma regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, prohibiendo actividades sin la habilitación correspondiente de las autoridades nacionales.
La decisión de concentrar estas competencias en la Cancillería busca, según los considerandos del texto, “fortalecer la articulación entre las acciones administrativas de carácter sancionatorio y la estrategia diplomática de la República Argentina”.
Uno de los puntos más relevantes de la medida es su vinculación directa con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Gobierno estableció que cualquier empresa o “Vehículos de Proyectos Únicos” (VPU) que pretenda adherirse a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del RIGI deberá presentar una declaración jurada.
De esta forma, los representantes legales deberán consignar que ni la empresa ni sus accionistas incurren ni incurrirán en actividades hidrocarburíferas ilícitas en las zonas circundantes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
En términos operativos, el nuevo protocolo administrativo acelera los plazos de sanción. Una vez detectada una presunta infracción, tales como el desarrollo de actividades logísticas, financieras o técnicas para la explotación ilegal de hidrocarburos, el presunto infractor tendrá apenas diez días hábiles para presentar su descargo.
Asimismo, el Decreto 868 instruye a todos los organismos de la Administración Pública Nacional a “informar a la Cancillería cualquier hecho que pueda configurar una violación a la normativa en un plazo máximo de cinco días desde su conocimiento”.
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