El kirchnerismo avanza para nombrar a una decena de jueces con causas de corrupción

Con la negociación que logró en el Consejo de la Magistratura, el Gobierno está en condiciones de nombrar a una decena de jueces en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, los más sensibles para los funcionarios y exfuncionarios de todos los colores políticos.

El acuerdo al que llegaron los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura, al que se sumó la oposición, permitió esta semana que el Gobierno colocara dos camaristas en la Cámara Federal, el tribunal que funciona como la llave para confirmar o revocar procesamientos de oficialistas u opositores.

Con los votos de los consejeros jueces y de Cambiemos, el Consejo de la Magistratura aprobó, sin ningún voto en contra y con una abstención, la terna que incluye al abogado Roberto Boico, candidato del kirchnerismo, para cubrir una de las vacantes de la Sala II de la Cámara Federal. También recibió luz verde el dictamen de mayoría para que el juez Eduardo Farah vuelva a esa misma sala de la Cámara Federal. Ambos son candidatos del Gobierno para ese tribunal estratégico. Integrarán la Sala II de la Cámara con lo que podrían dejar en minoría a Martín Irurzun, el tercer juez de ese tribunal.

Boico es abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el caso por la firma del memorándum con Irán. Ahora, la terna será elevada al Poder Ejecutivo para que Alberto Fernández elija a su candidato entre los propuestos. Tanto en el oficialismo como en la oposición dan por hecho que será Boico. Y Farah, que había trasladado a un tribunal oral tras dejar en libertad a Cristóbal López,regresa ahora a misma sala de la Cámara.

Este acuerdo permitió a la oposición colocar sus propios candidatos en otros tribunales vacantes como ser la Cámara en lo Penal Económico, dos cargos en la Cámara Laboral, la Cámara civil y Comercial Federal, en los tribunales orales de la Plata, Rosario y eventualmente Mar del Plata.

Pero aún restan cubrir otras vacantes relevantes en Comodoro Py 2002: son las que dejaron los jueces Rodolfo Canicoba Corral, que se jubiló; Claudio Bonadio, que falleció; Sergio Torres, designado en la Suprema Corte bonaerense, y eventualmente la vacante que quedaría en el juzgado de Daniel Rafecas si prospera su candidatura a la Procuración.

Los concursos abiertos para esos cargos son el 433, para el juzgado de Torres, que está para resolver las impugnaciones. Quedaron en los tres primeros lugares en el orden de mérito, que es provisorio, Diego Arce, Julio Miranda y Leonel Gómez Barbella. El otro concurso abierto es el 450, destinado a cubrir los juzgados de Bonadio y Canicoba Corral que aún se debe integrar el jurado.

"Si cumplen con lo que acordamos el acuerdo va por seguir el año que viene", dijo a LA NACIÓN un referente de Juntos por el Cambio. En el estamento de los jueces en el Consejo de la Magistratura opinan lo mismo: "La idea es consensuar esos cargos, tenemos el aval de todos los sectores políticos, vamos a avanzar con los concursos por los juzgados de primera instancia de Comodoro Py, pero aún no conversamos de eso", dijo a LA NACIÓN un magistrado que sigue de cerca los trámites.

Los jueces sienten que con este descongelamiento se pueden empezar a cubrir las vacantes, ascender y que funcione mejor la justicia. Le reprochan a Cambiemos que cuando fueron Gobierno no hubieran nombrado al Procurador, no hubieran nombrado al tercer juez de la Cámara Nacional Electoral, ni al juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Esa falencia de Cambiemos fue suplida por el Gobierno este año. Esos lugares fueron ocupados en plena pandemia. Fue elevado el pliego de Alejo Ramos Padilla como juez federal en La Plata, y fue designado el peronista Daniel Bejas, en la Cámara Electoral.

Con respecto al Ministerio Público Fiscal, el kirchnerismo avanzó con la medida sanción de una ley denunciada por los fiscales como peligrosísima, porque cambia las mayorías para nombrar al Procurador y dejaría en situación de fragilidad y a tiro de suspensión a todos los fiscales que se animen a investigar al poder. Por ahora ese proyecto está paralizado en Diputados, sin los votos necesarios para su aprobación, pero nada obsta que se active en el verano. Faltarían seis votos para que el Frente de Todos llegue a aprobar la ley y está negociando.

Mientras la reforma judicial, aprobada en el Senado, duerme en Diputados. A falta de esa ley, el Gobierno avanza con la cobertura de las vacantes existentes en Comodoro Py 2002. Si se aprueba la ley, tendrá solo en los tribunales federales porteños, la posibilidad de colocar 23 nuevos jueces.

Las otras vacantes clave de Comodoro Py 2002 que serán objeto de negociación en 2021 son las de la Sala I de la Cámara Federal que actualmente ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados allí durante el Gobierno de Cambiemos. La Corte dijo que ambos pueden seguir en esos cargos hasta tanto se realice el concurso para ocupar esas vacantes.

El concurso convocado es el Concurso 461 para cubrir esas dos vacantes y se abrió la inscripción para que los candidatos se anoten entre el 2 y el 8 de febrero de 2021 y el 26 les tomarán examen escrito. El kirchnerismo apura el trámite desde el Consejo y cree que en seis meses puede terminarlo. Así lo expresaron consejeros oficialistas y lo estimó el presidente del cuerpo, el juez Alberto Lugones.

La negociación se aplica para cubrir ese concurso. Pero los jueces en el Consejo de la Magistratura ya advirtieron que ese concurso es el problemático y que no será fácil llegar a un acuerdo. El oficialismo necesita 9 votos para nombrar a los reemplazantes de Bruglia y Bertuzzi, que seguirán en sus cargos si eso no ocurre.

Los otros cargos que se disputarán su cobertura en Comodoro Py en 2021 son seis vacantes para los tribunales orales federales, que son los que hacen los juicios orales y públicos contra funcionarios y ex funcionarios acusados de corrupción, además de contra otros delincuentes acusados de narcotráfico, secuestro o trata de personas. Ese concurso 389 está avanzado y restan resolver las impugnaciones para ver como es el orden en que van quedando los candidatos. Son seis vacantes y por ahora el orden de mérito provisorio está compuesto por Agustina Rodríguez, Luis Arnaudo, Nicolás Schiabo, Ignacio Labadens, Roberto Boico (ya aprobado para la Cámara Federal), Marcelo Peluzzi e Ivana Quinteros, entre otros.

Las reglas del juego en el consejo de la magistratura en 2021 serán diferentes a partir de este acercamiento entre el bloque de los jueces, el kirchnerismo y los consejeros opositores. Además, ingresaron al cuerpo dos nuevos jugadores: los abogados Diego Marías y Carlos Matterson. Asumieron en lugar de la representante de los abogados Marina Sánchez Herrero, que se identifica con la UCR que tiene como referente a Ernesto Sanz, y de Juan Pablo Más Vélez, en virtud de un acuerdo interno.

La llegada de Marías implica es el primer desembarco de un hombre propio de Horacio Rodríguez Larreta en el Consejo de la Magistratura. Puso un pie en la Justicia donde se designan y remueven los jueces, un área indispensable si piensa en su carrera presidencial. Marías es un ex legislador larretista, uno de los precursores del nuevo Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires, con antecedentes en la gestión porteña y en el Ministerio de Educación de la Nación con Esteban Bullrich. Fue uno de los gestores de Abogados Pro, una agrupación de letrados bajo el paraguas del Jefe de Gobierno porteño.

Carlos Matterson está ligado a Daniel Angelici, gestor judicial en la ciudad y en a Justicia federal. Cuando la firma Cronopios, de Angelici, se hizo cargo del bingo de Villa Allende, en Córdoba, Matterson apareció como su representante. Angelici tiene terminales en todos lados: en Cambiemos, pero también tiene un canal directo con el albertismo a través de Juan Manuel Olmos, el asesor judicial de Alberto Fernández con quien comparten ascendencia en la Justicia porteña.

Mientras Cristina Kirchner se enfrenta con la Corte y reclama cambios en el máximo tribunal, los jueces y la oposición pactan con el Gobierno a nivel del Consejo de la Magistratura, en conversaciones que preanuncian nuevos acuerdos con nuevos jugadores.