El Gobierno publicó el decreto para achicar el Estado y esta semana quedarían afuera 7000 empleados

El Gobierno oficializó hoy el decreto con el que empezará a avanzar en el achicamiento del número de empleados del Estado. En lo inmediato, la decisión implica no renovar los contratos que fueron firmados por primera vez a partir del 1° de enero de 2023 y que vencen este 31 de diciembre. Se trata de una medida que ya había sido adelantada por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. El número, de acuerdo a distintas fuentes del tema, ascendería a 7000 personas.

Desde la Casa Rosada evitaron confirmar cifras, pero sí ratificaron que, como ya se había anunciado días atrás, esos contratos no serán renovados y que el decreto que se conocerá en las próximas horas también contempla la apertura de la etapa de evaluación de todas las estructuras del Gobierno, por los próximos 90 días, para definir cuáles de los demás puestos se mantendrán y cuáles no, dando lugar a una eventual nueva etapa de recortes. Los sindicatos ya están en pie de alerta y tienen medidas previstas para los próximos días.

El Decreto 84/2023 llega una semana después de que el presidente Javier Milei presentó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca derogar más de 300 leyes y que fue judicializado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a través de un recurso de amparo, que el juez en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari, declaró admisible. Precisamente en el marco de esa avanzada es que para este miércoles 27 tanto ATE como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que agrupan –junto a la UPCN– a los empleados públicos, tendrán sus jornadas de “lucha” y movilización. Ambas monitorean de forma permanente los movimientos de la administración libertaria respecto de lo que puede suceder con la continuidad de los puestos en el Estado.

De acuerdo al proyecto en los contratos que no registran antigüedad previa al 1° de enero de 2023 y automáticamente caerán en los próximos días, hay grupos que quedarán exentos de la medida y seguirán en funciones más allá de su fecha de ingreso. Uno, el de los “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como el de personas trans o con discapacidad. Ambos se respetarán y no serán alcanzados por el recorte, según pudo corroborar LA NACION tanto con el proyecto del decreto como de fuentes al tanto de la decisión, que ratificaron el punto.

También queda exento el personal que “haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación” y el “personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y de manera fundada [señalando] que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.

La forma en que eso se establece hace que en diversas esferas, aún entre los sectores opuestos al Gobierno, se reconozca que “a diferencia de lo que sucedió con el macrismo, acá hay ciertos parámetros de previsibilidad”. Una fuente señaló: “Se mantienen los cupos y dejan abierto a la evaluación de los jefes. En la época de [el expresidente Mauricio] Macri se entró con el objetivo de reducir un porcentaje de la planta y sin criterios. Acá hay otro análisis”.

La Administración Pública Nacional (APN) está compuesta por 393.000 empleados, de los cuales 193.000 son civiles distribuidos en distintas áreas. Y en dos marcos de empleo: uno según la Ley de Trabajo, otro según la Ley Marco de Empleo Público Nacional. Estos últimos representarían unos 100.000, de los cuales un tercio integra la planta permanente, que implica haber ingresado al Estado según un concurso oficial que establece competencias y requisitos. Estos últimos tienen seguridad en su cargo, a diferencia de los que son contratados, entre los que están los que serán alcanzados por esta primera medida y, eventualmente, por las subsiguientes.

A la caída de los contratados que no tengan antigüedad previa a enero de 2023 se le suma el al artículo 3° del borrador del decreto, que es el que establece que las contrataciones cuya fecha de ingreso a la administración sea previa a ese mismo período “no podrán ser renovadas por un período mayor a noventa (90) días corridos”. En el artículo siguiente se instruye a las autoridades de las distintas jurisdicciones a que en ese plazo “realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente”. Agregando que, “en el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”.

Todo eso deberá ser informado a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse. Desde esa órbita “se podrá dictar las normas complementarias y aclaratorias que fueran necesarias para su mejor aplicación y podrá delegar las facultades asignadas por la presente medida”.

Consultado por LA NACION, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la entidad “no va a permitir ningún despido que sea sin justa causa”. Y agregó: “Todas y todos los trabajadores desempeñan un rol que es esencial a la hora de garantizarle derechos a la población. Tengo la sensación por estos días que se quiere moldear un Estado que esólo al servicio de los grandes grupos empresarios”.

Aguiar consideró que ATE “cree que todos [los trabajadores] cumplen un rol esencial y que, por lo tanto, la excepcionalidad que prevé el decreto que tiene que ver con que las instancias jerárquicas ratifiquen que las tareas que desempeñan los trabajadores son indispensables, van a impedir cualquier despido sin justa causa”. Y advirtió que “en el caso contrario, ya hemos definido una nueva jornada de protesta nacional para el próximo 27, y sin lugar a dudas toma fuerza en todo el país la necesidad de avanzar hacia un paro nacional. El primer paro total de actividades en la administración pública en todo el país”.

Al mismo tiempo, Aguiar advirtió que la revisión “es ilegal, porque se trataría de convalidar un fraude laboral que vienen sosteniendo los distintos gobiernos desde la década del 90 hasta aquí, que es que se mantengan trabajadores y trabajadoras precarizados bajo distintas modalidades contractuales para evitar garantizar la estabilidad en el empleo público”.

“Por lo tanto, nosotros no aceptamos desde ATE que exista una revisión durante los próximos tres meses. Decidir renovar los vínculos contractuales por 90 días es una vulneración graves de los derechos adquiridos de todos los trabajadores”, concluyó.

Por Cecilia Devanna

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