El Gobierno y el kirchnerismo se enfrentan con dos modelos laborales contrapuestos

El reciente pedido en bloque de un grupo de empresarios de primera línea para que se flexibilicen las condiciones de los contratos de trabajo empujó el debate sobre la necesidad de una reforma laboral al centro del ring electoral.

¿Reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, como planteó el Gobierno en los proyectos de ley que no despegaron en el Congreso, o aplicar un doble resarcimiento para blindar el empleo, como impulsó la oposición mediante la ley "antidespidos", vetada por Mauricio Macri en 2016? ¿Modernizar los convenios colectivos de trabajo para reducir costos laborales y logísticos en tren de ser más productivos, como lo sugirió en más de una oportunidad el Presidente, o aggiornarlos para resguardar los derechos de los trabajadores y fomentar la capacitación para las nuevas tecnologías, como propusieron sectores opositores y organismos académicos?

Los retoques de los convenios colectivos fueron un atajo para la Casa Rosada ante el rechazo del Congreso a debatir los proyectos de reforma laboral que envió en 2017 y 2018. Logró así forzar algunos tratos que son hoy pioneros, como el de los petroleros en Vaca Muerta, con un acuerdo escrito que limitó hasta el derecho de huelga a cambio de la productividad en el yacimiento, y con los lecheros de Atilra, que asumieron la pérdida de beneficios salariales ante la crisis de la industria láctea. También fue novedoso lo pactado con los metalúrgicos de la UOM, que aceptaron en algún caso particular reducir de ocho a seis o a cuatro horas la jornada laboral para conservar el empleo. Todos son acuerdos sectoriales, no generales.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dio una pista anteayer en Córdoba sobre cuáles serían los planes oficiales. "Hay que adaptarse a las nuevas reglas y debe haber una recapacitación de los empleados y una adaptación de las formas de contratación", dijo el funcionario. Miguel Ángel Ponte, secretario de Empleo durante la gestión de Jorge Triaca, había insinuado algo similar en una conversación radial con Ernesto Tenembaum cuando dijo que "contratar y despedir debería ser natural, como comer y descomer".

Sica aseguró ayer a LA NACION que no está en carpeta ninguna reforma "para este año" y que el debate se está dando en la comisión tripartita con los empresarios y las centrales obreras. Confirmó que solo se impulsaría por ahora el proyecto de blanqueo laboral, que está frenado desde hace meses en el Senado y cuyo fin es fomentar la regularización de los trabajadores que estén contratados de manera irregular a cambio de beneficios impositivos para sus empleadores. Además, Sica anticipó que está en estudio la posibilidad de darles cobertura de derechos a las actividades de plataforma, como Rappi y Glovo.

Como una respuesta a las demandas de los empresarios y a las iniciativas que impulsó el Gobierno, un sector de la oposición, en el que domina fuertemente el kirchnerismo, planteó ayer "una agenda urgente" vinculada al trabajo con propuestas que van desde establecer un sistema de control de precios y salarios hasta poner en marcha un nuevo esquema de contribuciones patronales y derogar la reforma previsional. También propusieron que se "institucionalice" la economía popular y que los trabajadores participen de las ganancias de las empresas, como sucede con el gremio bancario.

Detrás de la iniciativa están el exministro de Trabajo del kirchnerismo Carlos Tomada, quien asesora en la temática al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández; el Centro de Estudios Atenea; el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo-Universidad de San Martín; el Instituto de Trabajo y Economía Germán Abdala, y el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas.

"No es un programa político, es un aporte", dijo Tomada, la cara visible de un equipo de decenas de profesionales que trabajaron en las propuestas, presentadas ayer en la Fundación Friedrich Ebert. Plantearon, además, recuperar la caída salarial de los últimos años con el pago de adicionales en las paritarias; impulsar la paridad salarial de género en el sector público y la del cupo femenino en los sindicatos (actualmente son apenas cinco gremios los que están en regla, según las últimas mediciones oficiales); regularizar y legalizar las actividades de plataforma; impulsar un proyecto de ley para que las empresas asuman los costos de la formación profesional y de la reconversión laboral, y ampliar la capacidad de la inspección laboral para la detección de relaciones de dependencia encubiertas y la fiscalización de condiciones de trabajo.

En una suerte de contrarreforma laboral, Hugo Moyano también puso en marcha una iniciativa propia que tampoco avanza en el Congreso. A través de su hijo Facundo, que es diputado, presentó una iniciativa para limitar los contratos de trabajo a plazo fijo. Pide que este tipo de contrataciones no superen el 10 por ciento de la plantilla de la empresa. Además, hay otras iniciativas para proteger a los trabajadores fuera de convenio (al no tener paritarias, sugiere que el aumento de sueldo esté ligado con el porcentaje del salario mínimo vital y móvil) y otra sobre la creación de una comisión bicameral para seguir el impacto tecnológico en el mundo del trabajo.

Por Nicolás Balinotti

• Dante Sica

---

Conforme a