El informe reservado del gobierno de Alberto Fernández que alertó sobre el descontrol de los fondos fiduciarios y ahora está en manos de Milei

Hace algunos días comenzó a circular internamente en el Gobierno un informe ordenado por la gestión de Alberto Fernández, en los últimos meses de 2023, respecto de los fondos fiduciarios, al que tuvo acceso LA NACION. Fue elaborado por la Sindicatura General de la Nación durante la anterior administración y alerta sobre muy graves irregularidades en la estructura y gestión de los fideicomisos estatales entre 2020 y 2023. Estos papeles se encuentran en manos de un puñado de funcionarios, que lo toman como prueba de que la administración de Fernández y Cristina Kirchner fue consciente y connivente de la falta de transparencia y control de los mismos.

La formalización de este reporte fue hecha el 15 de septiembre de 2023, aunque tiene adosado un cuadro comparativo de los fondos que contiene información posterior, hasta por lo menos el 27 de diciembre (debido a que menciona el decreto 88/2023, que fue publicado en esa fecha). En el informe se destacan “debilidades de carácter general, comunes a todas las auditorías”. Fuentes de Gobierno explicaron que se trata de factores compartidos por todos los 21 fondos mencionados en el reporte. Dijeron que, según su indagación, es el resumen de 88 informes no públicos, hechos en los últimos tres años del Frente de Todos, en donde se detectaron falencias, ausencia de control e irregularidades en los procesos de compras.

El reporte se encuentra en manos, particularmente, del ministro de Economía, Luis Caputo, ministro de Economía, y Nicolás Posse, jefe de Gabinete. El Presidente también los tiene y los utilizaría como insumo para armar su discurso inaugural en la Asamblea Legislativa.

El informe, al cual LA NACION accedió a parte de su contenido, aglomera las revisiones desarrolladas por las distintas unidades de auditorias internas de los organismos y las entidades de la administración nacional y de las sindicaturas jurisdiccionales. Se hace referencia a seis debilidades compartidas, en los procesos de compras, de contrataciones, de cobranzas a beneficiarios, de rendiciones de cuentas, de evaluación de impacto, de incumplimiento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de fondos y falta de formalización de normativa interna.

Respecto de las falencias en compras y contrataciones, dice: “Se observa inexistencia de información sobre el seguimiento y monitoreo de las instrucciones de compras y contrataciones, así como demoras en los procesos de contratación, lo que imposibilita contar con los bienes y/o servicios requeridos en los plazos previstos.

Algo similar se encontró en todos los fondos en cuanto a los procesos de rendiciones de cuentas o registración de información administrativa, contable y financiera. “Se advierte falta de integridad de la información en las rendiciones de cuenta, la detección de diferencias e inconsistencias en los datos y, en algunos casos, ausencia de monitoreo y control, así como debilidades en los procesos de registración y sistematización de la información sobre la administración y gestión de fondos fiduciarios. Relacionado con este señalamiento, también se detectan atrasos en los procesos de auditoria sobre los estados contables”.

En la actualidad existen 29 fondos fiduciarios que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, cerca de 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país. El informe reservado es una prueba de como se manejaron sin controles adecuados y como el poder político era consciente del desmanejo.

En el reporte también se hallaron irregularidades en la gestión de cobranzas. Se constató inacción o demoras en las “actividades de recupero y gestión de morosidad o incobrabilidad ante incumplimiento por parte de los beneficiarios de la asignación de recursos, situación que atenta contra la integridad financiera de los fondos fiduciarios”. Es decir, terceros que se comprometieron a terminar tareas, las incumplieron, pero no tuvieron consecuencias.

Se detectó incumplimiento de requisitos o procedimientos administrativos para el otorgamiento de fondos, entre lo que se destacó ausencia o “falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo en los procesos de otorgamiento de fondos, situación que dificulta garantizar la transparencia y trazabilidad de las actuaciones y, por lo tanto, las tareas de control y fiscalización sobre la asignación de recursos”. En otras palabras, la entrega de recursos sin control.

A su vez, se remarcó una inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo fiduciario, incluyendo, entre otros aspectos, las políticas generales a ser abordadas; los mecanismos para la formalización de expedientes y documentación de respaldo de las decisiones sobre gestión y administración; las responsabilidades sobre el seguimiento y control de beneficiarios; los sistemas de información sobre estado de ejecución y avance de obras; entre otras irregularidades.

Como sexto punto, se determinó que los fondos no evaluaban el nivel de alcance o impacto alcanzado: “No se define ni se produce información cuantitativa y/o cualitativa, que permita el desarrollo de indicadores, métricas o reportes que permitan evaluar la eficiencia de la gestión y monitorear el desempeño en cuanto al logro de los objetivos fiduciarios, así como el impacto de los resultados, los desvíos y las contingencias”, se plasmó.

En el cuadro comparativo anexo, aparecen 21 fondos fiduciarios, sus fiduciarios y fiduciantes, las auditorias realizadas en los cuatro años de gobierno y las hechas sobre los estados contables. Muchos de ellos no tuvieron ningún informe hasta 2023. También aparecen sus auditores externos, entre los que figuran estudios contables, empresas conocidas como las “big four” (Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG), el presupuesto estimado para 2024, con sus subas y déficit.

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