Sobreseen a Cristina Kirchner en una causa de subsidios vinculada a los cuadernos de las coimas

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Cristina Kirchner, a exfuncionarios de su gobierno y a empresarios del rubro del transporte en una causa vinculada al caso cuadernos de las coimasen la que se investigaron subsidios entregados a las empresas de colectivos. En total, fueron sobreseídas, con este fallo al que accedió LA NACION, 213 personas.

La vicepresidenta había sido procesada en este caso por el fallecido juez Claudio Bonadio, pero la Cámara Federal revocó esa medida en junio del año pasado, y por eso Martínez De Giorgi, que subroga el juzgado de Bonadio, debió volver a pronunciarse. El juez tomó la decisión de sobreseer a todos por falta de pruebas, ya que, según escribió en el fallo, fue "imposible" realizar un peritaje para esclarecer los hechos investigados.

Este expediente sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de subsidios para las empresas de colectivos existe desde 2014 y fue acumulado a la causa de los cuadernos de las coimas en 2018.

Bonadio había procesado a Cristina Kirchner y a exfuncionarios de su gobierno como Ricardo Jaime, Julio De Vido y Juan Pablo Schiavi "por considerarlos responsables del delito de cohecho pasivo en veinticuatro ocasiones o, bien, de una defraudación contra la administración pública en calidad de coautores".

En principio, se les imputó "haber participado en una defraudación en perjuicio de las arcas del Estado Nacional que se extendió entre julio de 2003 hasta marzo de 2014, por aproximadamente 609.326.186 pesos".

La hipótesis indicaba que los informes de kilometraje de los colectivos habían sido adulterados para que las empresas recibieran mayores cifras de dinero por los subsidios. En esta causa hay dos informes, uno de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el sistema SUBE y otro de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que advertían sobre la dificultad de controlar la asignación de subsidios a las empresas de colectivos.

Cuando la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revocó los procesamientos que había firmado Bonadio, le encomendó realizar nuevas medidas de prueba como un informe pericial en el que se incluyan "todas las variables con incidencia en el cálculo de los subsidios al transporte, así como el referido a la cuota mensual de combustible a precio diferencial".

Sin haber ordenado un nuevo peritaje, Martínez De Giorgi concluyó que "los sistemas de distribución de los subsidios eran extremadamente complejos y es imposible realizar en la actualidad, dado el tiempo transcurrido y la carencia de datos certeros -en los términos a los que hiciera referencia el Superior en su intervención-, un amplio estudio pericial que contribuya a esclarecer los hechos imputados en autos".

Si el fiscal Carlos Stornelli no apela el fallo de Martínez De Giorgi, y tampoco lo hacen las partes querellantes -en este caso la Unidad de Información Financiera- este sobreseimiento quedará firme. La Oficina Anticorrupción (OA) se retiró del expediente hace un mes, cuando su titular, Félix Crous, decidió dejar de querellar en causas penales por delitos de corrupción.

La defensa de Cristina

Cristina Kirchner se defendió de las acusaciones que pesaban contra ella en esta causa cuando fue indagada por Bonadio en febrero del año pasado. En esa oportunidad, que despertó críticas del kirhcnerismo porque había sido citada por nueve causas para un mismo día, dijo que esta era una "falsa imputación" y que en este expediente había "orfandad probatoria".

Aunque su situación judicial mejoró con este fallo, Cristina todavía está procesada en el expediente principal de la causa de los cuadernos, que fue elevado a juicio oral y público el año pasado, como jefa de una asociación ilícita que funcionó entre los años 2003 y 2015 dedicada a recaudar pagos ilegales de empresarios del rubro de la construcción.

Tanto ella como los demás acusados en ese caso están a la espera de un fallo de la Cámara de Casación que se pronunciará sobre la constitucionalidad de la ley del arrepentido en la causa, una decisión que está en manos de la Sala I del máximo tribunal penal del país.