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El kirchnerismo propone su regla fiscal “alternativa”: tope a la deuda y límites a la “timba” financiera
Un proyecto de Itaí Hagman plantea una alternativa al “déficit cero” del Gobierno, con un esquema anticíclico que prioriza el gasto en crisis y pone freno a la especulación
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En plena ofensiva del Gobierno para blindar por ley el “déficit cero”, el kirchnerismo decidió dar la discusión de fondo. A través del diputado Itaí Hagman, Unión por la Patria presentó un proyecto de regla fiscal alternativa que busca correr el eje del debate: permitir que el Estado gaste cuando la economía entra en recesión, obligarlo a ahorrar en los años de crecimiento y fijar límites tanto al endeudamiento externo como a los flujos financieros especulativos.
La iniciativa funciona como una respuesta directa a la propuesta del oficialismo -que no llegó a tratarse durante la última sesión en Diputados-, que apunta a prohibir el déficit fiscal y contempla sanciones penales de hasta seis años de prisión para los funcionarios que aprueben gastos sin respaldo presupuestario. Para Hagman, ese enfoque es “rígido” y “procíclico”, porque fuerza ajustes en los momentos de crisis y le quita al Estado herramientas para amortiguar los shocks económicos.
El proyecto avanza, además, sobre una de las cláusulas más citadas por el Gobierno para bloquear iniciativas opositoras. Deroga el artículo 5 de la ley de Administración Financiera que obliga a toda norma que implique gasto a indicar su fuente de financiamiento. Es el argumento que el Ejecutivo utilizó una y otra vez para desestimar proyectos vinculados al financiamiento universitario, las prestaciones por discapacidad y otras áreas sensibles.
El trasfondo del debate es político y conceptual. Al ritmo del “no hay plata” repetido por Javier Milei, el oficialismo logró instalar en el discurso público la idea de que gastar más de lo que se recauda es, en sí mismo, el principal problema de la Argentina. El déficit se convirtió en una mala palabra y, bajo ese paraguas, el Presidente vetó leyes sancionadas por el Congreso y congeló partidas destinadas a políticas sociales.
Hagman cuestiona ese diagnóstico de raíz. Durante el debate en comisión sostuvo que el Gobierno parte de un “supuesto falso”: que el equilibrio fiscal resuelve automáticamente los problemas económicos. A su juicio, los dos primeros años de gestión muestran otra realidad, con inflación persistente, una economía estancada y un ajuste monetario que definió como “sin precedentes”. “Haber puesto las cuentas en equilibrio no resolvió los problemas de la economía argentina”, afirmó.
A diferencia de la regla fiscal impulsada por el oficialismo, el proyecto introduce el concepto de resultado fiscal primario estructural que, dice, deberá ser equilibrado o superavitario.
En términos simples, propone evaluar las cuentas públicas descontando factores excepcionales, como la volatilidad de los precios internacionales o eventos climáticos, para evitar que la política fiscal quede atada a vaivenes coyunturales. Sobre esa base, establece un esquema de bandas que obliga al Estado a sostener el gasto en períodos de recesión y a moderarlo cuando la economía crece con fuerza, con el objetivo de acumular margen para los años difíciles.
Deuda, capitales y “timba financiera”
El texto también pone el foco en la vulnerabilidad externa. Para Hagman, las crisis argentinas no se explican solo por el déficit, sino por ciclos de endeudamiento acelerado y entrada y salida abrupta de capitales financieros. En ese sentido, el proyecto fija un límite al endeudamiento en moneda extranjera, que no podrá superar el 30% del PBI, y establece un plazo mínimo de permanencia de 180 días para los fondos del exterior que ingresen con fines financieros, con el objetivo de desalentar la especulación de corto plazo y reducir el riesgo de corridas.
Uno de los cuestionamientos más duros del diputado apunta a lo que considera la selectividad del esquema oficial. Según planteó en el Congreso, la regla fiscal del Gobierno garantiza como prioridad absoluta el pago a los acreedores, mientras deja expuestas a la obra pública, las universidades y las jubilaciones. “El único que tiene garantizado el cobro son los acreedores. Todo el resto, no”, lanzó durante el debate en comisión.
Su propuesta incorpora, en cambio, una cláusula de escape que habilita al Poder Ejecutivo a apartarse de las metas fiscales por hasta dos años ante situaciones excepcionales, como desastres naturales o epidemias, siempre bajo control del Congreso.
En definitiva, Hagman busca instalar una idea distinta de responsabilidad fiscal. A su juicio, la regla del “déficit cero” que impulsa el Gobierno no es neutral, sino que consolida un modelo que prioriza la estabilidad financiera por sobre el resto de las variables económicas y sociales.
El proyecto reúne 15 firmas, entre ellas las del jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez. Cuenta con el acompañamiento de, entre otros, Cecilia Moreau, Julia Strada, Sabrina Selva y Agustín Rossi.
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