El menemismo reniega ahora de la Justicia que reestructuró

Cuando el menemismo reestructuró la Justicia federal hace casi diez años, para eliminar obstáculos en su gestión, nunca imaginó que serían dos de sus elegidos quienes tendrían la posibilidad a enviar a prisión al ex presidente Carlos Menem.

El fiscal federal Carlos Stornelli y el juez federal Jorge Urso llegaron a sus despachos de la mano de Menem. Y son ellos, ahora, los que les quitan el sueño al ex presidente y a muchos hombres de su confianza que ocuparon cargos públicos y tuvieron directa relación con el nombramiento de ambos magistrados.

En el entorno del ex presidente, aun Carlos Corach y Eduardo Bauzá, los principales operadores políticos de Menem, admiten que "es muy poco lo que pueden hacer para detener el avance de la causa de las armas". Reniegan de los nombramientos que ellos mismos impulsaron o consintieron.

El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, amigo de Bauzá, asegura en privado a quien se lo pregunte que él "no quiere, no puede y no debe presionar a Stornelli en esta investigación". Aclara, ante sus íntimos, que él no nombró a Stornelli y que tampoco Bauzá tuvo que ver con su designación. Y bromea: "Sección reclamos: ver Corach", dijo un hombre que pasa mucho tiempo con el jefe de todos los fiscales.

Stornelli fue nombrado fiscal en junio de 1993, poco después de que la Cámara Federal revocara el primer sobreseimiento de Amira Yoma en el caso conocido como Yomagate, en el que la entonces secretaria de audiencias del presidente estaba acusada de integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.

El funcionario reemplazó a Oscar Ciruzzi, que fue ascendido tras provocar en ese expediente más de un dolor de cabeza a la familia política del entonces mandatario.

Tiempo después, Stornelli solicitó el sobreseimiento provisional de Amira Yoma, pero como el ex juez federal Nerio Bonifati dictó el sobreseimiento definitivo, el fiscal apeló ante la Cámara, que con la firma de los camaristas Luis Riva Aramayo y Raúl Vigliani cerró para siempre la causa contra la ex cuñada de Menem.

Stornelli no era un recién llegado en el Poder Judicial. Había ingresado en Tribunales hacía más de una década y era secretario en el fuero correccional, desde donde pasó a federal.

En los casi ocho años que lleva como representante del Ministerio Público se ganó el reconocimiento de sus pares y de muchos letrados del foro. También el celo del menemismo, que lo califica desde hace más de dos años como "un indomable". Un adjetivo calificativo nada cuestionable cuando se refiere a un fiscal encargado de investigar a funcionarios corruptos, narcotraficantes y terroristas.

Urso también es un hombre de carrera judicial, aunque llegó al juzgado federal N° 8 gracias a su amistad de el ex secretario de Seguridad y diputado Miguel Angel Toma, una relación que conservan, admiten ambos.

Ingresó en el fuero federal en 1977 y ocupó varios cargos hasta que en 1985 se fue a la actividad privada, donde fue socio del ex juez Oscar Salvi, antes de abrir su propio estudio jurídico.

En 1992, cuando el justicialista Carlos Grosso era intendente, tuvo dos cargos en la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: fue director general de asuntos jurídicos en una subsecretaría y, luego, jefe de gabinete de la Secretaría de Producción y Servicios.

En agosto de 1993, luego de que el menemismo decidiera ampliar de seis a doce los juzgados federales, fue nombrado titular del juzgado donde tramita desde hace seis años la causa en la que se investiga la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia.

Según el ministro de Economía Domingo Cavallo, que también firmó los decretos secretos que permitieron los envíos de armamentos, Urso figuraba en la ya mítica servilleta en la que Corach escribió los nombres de los jueces que respondían al menemismo.

Pero fue quien procesó a los ex ministros menemistas Antonio Erman González, Guido Di Tella y Oscar Camilión y mandó a la cárcel hace 20 días a Emir Yoma, casi un hermano para Menem.

La causa por la venta ilegal de armas, que acumula ya 96 cuerpos, tuvo un giro imprevisto en las últimas tres semanas.

El 4 de abril, la Sala II de la Cámara Federal -que nunca pudo ser domesticada por el menemismo- dictó un fallo en el que consideró acreditada la existencia de una asociación ilícita, como reclamaba desde hacía tiempo Stornelli.

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi afirmaron que las decisiones relativas a las maniobras investigadas por Urso "habrían partido desde niveles superiores del Estado hacia distintos ámbitos encargados de su ejecución". Y ordenaron al juez que indague a los ex ministro procesados González, Di Tella y Camilión como miembros de la organización criminal.

Pero, dos días más tarde, la confesión del ex interventor en Fabricaciones Militares (FM) Luis Sarlenga cambió todo. Apuntó directo a Emir Yoma. Un escalón más arriba. No lo nombró a Menem, pero lo puso en la puerta de los Tribunales.

• Lo responsabilizan por el nombramiento de Stornelli. Cavallo dijo que Urso estaba en la servilleta en la que escribió los nombres de jueces que respondían al anterior gobierno.

• El ex secretario de Seguridad y actual diputado se reconoce "amigo de siempre" de Urso, pero dice que éste "actua por convicción" y es "imposible de presionar".

• El procurador general de la Nación es amigo de Bauzá, pero admite en privado que no quiere, debe ni puede presionar a Stornelli por la causa de las armas .

Por Por Laura Zommer <br/> De la Redacción de <em> La Nación </em>

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