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Intrigas, rumores y un fallo contrarreloj marcaron el día en Comodoro Py
Mirando el reloj de la mesa de entradas, jugando con el horario de cierre de los tribunales, mientras los abogados de los principales estudios jurídicos del país rondan por los pasillos esperando una decisión. Así se vivió este lunes en Comodoro Py 2002, donde nueve jueces de la sala de la Cámara Federal de Casación, el tribunal penal más importante del país, bailaron un minué gigante para ver quién se quedaba con la causa de los cuadernos de la corrupción y sus once casos conexos, que conforman la investigación penal más importante del país y que tiene a Cristina Kirchner como su principal acusada.
Lo que tienen que decir los jueces que se queden con el caso no es menor. Pueden convalidar toda la investigación que reveló cómo funcionaba el esquema de corrupción kirchnerista, con coimas que pasaban de empresarios a funcionarios y que terminaban en el departamento de Cristina Kirchner. O pueden decidir que a pesar de las confesiones de quienes cobraron y pagaron, los vicios en la investigación hacen que todo sea nulo. Así, Cristina Kirchner y los principales empresarios de la Argentina saldrían indemnes del caso.
El asunto ya no se dirime en el juzgado de Claudio Bonadio, ni siquiera en el tribunal que debe iniciar el juicio oral, sino más arriba, en la Cámara Federal de Casación, el tribunal que debe velar por la legalidad del proceso y revisar las decisiones ya tomadas en la causa de los cuadernos de la corrupción y sus once expedientes conexos, ligados con diversos negociados.
El caso principal llegó a la Sala II, pero el tribunal lo envió a la Sala I, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa. Estos jueces hicieron una audiencia y se preparaban el viernes pasado para firmar un fallo que anulara la prisión preventiva de Cristina Kirchner, pero dejara en vigor su procesamiento.
En paralelo, los jueces de la Sala III, Guillermo Yacobucci, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, tramitaban once causas vinculadas al caso de los cuadernos. El fiscal ante la Casación Javier de Luca ya había advertido que tramitaban en dos salas diferentes causas conexas. La pelea entre las dos salas por ver quién se queda con todo el caso lleva meses.
La Sala III le pidió su causa a la Sala I, pero la Sala I no se la dio. Y esta mañana, sorpresivamente, la Sala III decidió desprenderse de todos los casos de cuadernos, y decirle a la Sala I que ella también debía dejar la causa principal y pasarle todo el asunto a la Sala IV de la Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. El argumento fue que la Sala IV tenía el caso conexo más viejo: el del enriquecimiento ilícito de Julio de Vido.
La sentencia nunca llegó a notificarse, porque cuando los enviados de la Sala III llegaron con la resolución, la mesa de entradas de la Sala I ya había cerrado. Era más de las 13.30. Por eso, los jueces no supieron oficialmente que sus colegas les habían indicado que dejaran el caso.
Mientras tanto, los abogados de los principales empresarios del país procesados en la causa de los cuadernos caminaban por el primer piso de Comodoro Py 2002 para tratar de saber qué pasaba. Los ilustres letrados querían saber si el buen camino que llevaban sus casos hasta ahora iba a continuar o si, por el contrario, debían empezar de nuevo a litigar ante otros jueces.
Según cuatro jueces de la Casación consultados por LA NACION, la situación ahora podría resolverse de dos maneras diferentes:
1.- Que la Sala I se quede con el expediente principal ya elevado a juicio y que la Sala IV se quede con las once causas conexas y los 40 incidentes, y que cada quien resuelva lo suyo.
2.- Que la Corte Suprema de Justicia resuelva el problema de competencia. La solución normal sería convocar para eso a un plenario de los jueces de la Casación que no hubieran intervenido en el caso, pero eso no se podría hacer ahora, porque todos, excepto Carlos Mahiques, ya intervinieron en alguno de los expedientes.
Así, con idas y vueltas, con medio paso hacia adelante y medio paso hacia atrás, como si se tratara de un gran minué, se mueve el expediente del caso de corrupción más importante de la Argentina, sin que quede claro aún qué jueces deberán decidir si convalidan o anulan todo lo que se hizo hasta ahora.
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