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El nuevo orden de Alberto Fernández, en marcha y a toda velocidad
En menos de una semana, Alberto Fernández expuso y empezó a sufrir los efectos de la manta corta que no llega a cobijar a todos los argentinos. La afectación de intereses pone a prueba los declamados propósitos consensuales del Presidente y la presunta predisposición colaborativa de los actores políticos, económicos y sociales.
Esos intereses afectados son las consecuencias inevitables del nuevo orden político que empieza a delinear el flamante presidente. Nunca es inocuo.
Las reacciones iniciales despertadas por las primeras medidas (desde el protocolo sobre el aborto no punible hasta el retoque a las retenciones) son solo un adelanto de lo que vendrá. Todo empezará a cobrar densidad y dejará expuestos los contornos de la nueva realidad política con el proyecto de "solidaridad y reactivación productiva" que se enviará hoy al Congreso.
La eufemística iniciativa, que engloba la declaración de una triple emergencia (sanitaria, social y económica) para dotar de mayores poderes al Presidente, es una de las expresiones con las que busca empezar a dibujar ese nuevo orden.
La moderación y la impronta pacificadora que marcaron el discurso de asunción del mando ante la Asamblea Legislativa pudieron haber provocado confusiones. Pero las dudas empezaron a despejarse rápido. La calma chicha de la transición terminó en las primeros tres días hábiles de gobierno y cuando aún muchos se distraían con los fastos inaugurales.
La multidimensión temática de aquel mensaje ya empezó a tener correlato en acciones que impactan sobre la economía interna y externa, la política nacional y subnacional, el Poder Judicial, los servicios de inteligencia, los movimientos religiosos, las relaciones exteriores. La lista no es excluyente ni taxativa. Ni puede serlo. Los límites los impondrá la realidad, con sus restricciones y oportunidades.
La vertiginosa toma de decisiones de Fernández también sorprendió, merced a otra confusión: la demora en constituir su gabinete (no solo en darlo a publicidad) había abierto incógnitas sobre cuánto tardaría en arrancar su gestión.
En 96 horas puso en evidencia que está decidido a tomar la mayor cantidad de medidas en los simbólicos primeros cien días, para lo cual tratará de aprovechar el crédito inicial de todo gobierno que comienza y de usar al extremo el factor sorpresa. Cualquier comparación con la etapa inaugural de Néstor Kirchner no es mera coincidencia.
De arranque, Fernández ratificó cuáles son sus urgencias y los sectores prioritarios a los que atenderá y a los que afectará, tanto en el plano político-social como en el económico. No pareció temer a la probable imputación de que contradecía o relativizaba algún anuncio inicial, como el de consensuar decisiones con sectores afectados.
Es el caso de la dirigencia agropecuaria, que comprobó cómo le corrieron el arco cuando pensaba que aún no había comenzado el partido. Cuando despertó, ya estaba en desventaja para sentarse a dialogar con la nueva administración.
Nadie puede decir que lo hecho en materia de derechos de exportación de productos o subproductos agrícolas no estaba implícito en las palabras inaugurales ante el Congreso. Pero los dirigentes no imaginaron que llegaría tan rápido y sin previo aviso. Casi tanto como auguraban los productores más radicalizadamente antikirchneristas. Esos que en 2008 se autoconvocaron y desbordaron a la conducción.
Un dato que ninguno de los involucrados pasó por alto fue que la medida se difundiera inmediatamente después de que un juez federal volviera a procesar a los exdirigentes de la Mesa de Enlace por los cortes de ruta contra la modificación de las retenciones de hace once años. Algunos lo leyeron como un mensaje disciplinador; otros, como una provocación, y unos pocos, como una casualidad. Elucubraciones teóricas sobre el ejercicio práctico del poder. Consecuencias de la construcción de un nuevo orden.
Las urgencias fiscales del Gobierno son extremas y todo indica que no habrá demoras ni demasiados remilgos para tratar de empezar a equilibrar las cuentas, como pretende el Presidente y pregona el ministro de Economía, Martín Guzmán. Es casi un hecho que el esquema de retenciones a las exportaciones no permanecerá mucho tiempo como acaba de quedar.
Los beneficios para el Tesoro nacional pueden tener efectos negativos en los erarios provinciales, por lo que también se descuenta que la entrada en vigor del pacto fiscal se vuelva a prorrogar. El distorsivo, pero muy fácil de percibir, impuesto a los ingresos brutos seguirá vigente. Las consecuencias sobre el sector productivo ya se empiezan a discutir. En algunas provincias con recursos naturales (que para explotarlos necesitan inversiones, sobre todo extranjeras) hay preocupación. Ya se lo hicieron saber al Presidente. Más efectos de la manta corta.
Desafíos en el arco opositor
También la oposición política empieza a percibir que ya tiene el arco un poco más lejos y que las condiciones con las que arranca en la nueva etapa no se parecen a las que había al momento de dejar de ser oficialismo. El descenso de la cima al llano suele ser vertiginoso.
El combo de iniciativas de urgencia que mandará el Poder Ejecutivo al Parlamento es un verdadero desafío. Los incentivos para que la coalición de Juntos por el Cambio se mantenga unida se pondrán a prueba. Será el momento de empezar a dilucidar si las acciones del Gobierno tienden a sellar las fisuras que dejó el paso por el poder y generar cohesión o si ahondarán las diferencias internas.
Los referentes de la oposición legislativa ya han dejado trascender tanto su predisposición a colaborar, la misma que expresó Mauricio Macri al dejar el gobierno. Pero también han adelantado que no están dispuestos a aprobar todo a libro cerrado.
En el caso concreto del proyecto "solidaridad y reactivación productiva" ya dijeron que no le votarán "superpoderes" el Poder Ejecutivo, como aquellos de los que dispuso el kirchnerismo gracias a la crisis de 2001 y que siguió usufructuando cuando el país transitaba uno de los períodos más largos de crecimiento de la economía de su historia. Paradojas.
Los enunciados suelen sucumbir ante los hechos. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció que las prerrogativas con las que buscan dotar al Presidente para tomar medidas sin tener que pasar por el Congreso no serán iguales que aquellas y que, además, tendrán fecha de caducidad. Para confirmar su excepcionalidad (y ganar adeptos o bajar barreras). Ahora la grieta puede atravesar a la oposición. Las formas suelen hacer al fondo. Allí podría empezar a percibirse que existe un albertismo, y que es diferente del kirchnerismo.
Otro tanto puede pasar con las medidas que apuntan a reformar el Poder Judicial. O, mejor dicho, a revisar y reducir el poder de los jueces federales. La búsqueda de transparencia, acotar la discrecionalidad y mejorar el servicio de Justicia son objetivos mayoritariamente compartidos, deseados y exigidos.
No obstante, las medidas deberán sortear la desconfianza que despierta todo proyecto de esa naturaleza en quienes temen que el objetivo sea la impunidad de los dirigentes kirchneristas encausados por delitos de corrupción. Que, al final, no sea más sino menos justicia.
Las resoluciones de algunos jueces o tribunales que vienen beneficiando a exfuncionarios desde que empezaron a rotar los vientos políticos, algunas de ellas en contradicción con fallos previos, incluso de los mismos jueces, agitan todos los fantasmas. Otro tanto puede decirse de algunas designaciones que podrían verse como una reivindicación o una revancha, antes que como un reconocimiento a sus atributos para ejercer el cargo.
Con eso deberá lidiar uno de los adalides de esa reforma, Gustavo Beliz, un hombre insospechable de connivencia con los magistrados que con notable éxito lograron que los integrantes del Poder Judicial se encuentren entre las figuras públicas peor consideradas por la población. Él los padeció, tanto como a los agentes de inteligencia que, en sociedad, han jugado con la libertad y la honra de muchos ciudadanos y funcionarios en los últimos 20 años. Siempre amparados o tolerados por el poder político de turno.
Las primeras reacciones de los jueces federales tras conocerse la decisión de licuar su poder generaron un fuerte malestar y activaron las alarmas en el nuevo gobierno, particularmente en quienes están empeñados en terminar con ese sistema oscuro del que es imposible decir que sea justo.
Los que han intentado cambios anteriormente y fracasaron (incluido el propio Beliz) saben que el corte tiene que ser rápido, profundo y definitivo. Si es limpio, mejor. También, les consta que no será sencillo ni carente de trabas destinadas a impedirlo.
Por eso molestó la publicidad que tuvieron las primeras reacciones anónimas, atribuidas a algunos magistrados cuestionados que están en la mira. Su proverbial capacidad de resistencia a cualquier remedio institucional explica el enojo. Pero nunca es bueno matar al mensajero.
Cuando se acometen proyectos fundacionales en medio de restricciones y necesidades infinitas es preciso acumular recursos con urgencia. El verano no promete ser la estación del sosiego. La construcción febril de un nuevo orden está en marcha.
