El oficialismo avanza en el proyecto para recortar las jubilaciones de jueces

Un debate expeditivo y sin concesiones. Con esa premisa, el oficialismo en la Cámara de Diputados buscará mañana dar media sanción al proyecto que propone recortar las jubilaciones especiales de los magistrados y de los funcionarios del Servicio Exterior.

La iniciativa, así planteada, podría provocar la renuncia de unos 300 jueces y fiscales en condiciones de jubilarse, advirtieron las asociaciones que agrupan a los magistrados.

Las advertencias de los jueces y los fiscales parecen no hacer mella en el oficialismo, que quiere liquidar el debate en dos días. Hoy, a partir del mediodía, el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda recibirá al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, autor del proyecto del Gobierno; al secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y al director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli. A continuación desfilarán los representantes de las organizaciones que reúnen a magistrados y diplomáticos, como también dirigentes gremiales.

Tras la maratón de exposiciones, el oficialismo emitirá el dictamen correspondiente con el objetivo de llevarlo al día siguiente al recinto de la Cámara baja. Según se anticipó, en el dictamen no aceptará los cambios que propongan los magistrados y diplomáticos, aunque podría mostrarse concesivo con algunos de los reclamos gremiales.

Uno de los puntos más resistidos del proyecto de ley del Gobierno es el que establece que los magistrados ya no cobrarán el 82% sobre la base del último sueldo en actividad, sino que ese porcentaje se computará sobre el promedio de las remuneraciones percibidas en los últimos diez años, actualizado por un índice que el proyecto no especifica. Las asociaciones de jueces y fiscales advierten que este cambio en el cálculo redundará en una pérdida que oscilaría entre el 20 y el 40% en los futuros haberes jubilatorios.

Otro punto clave del proyecto es aquel que impone una suba de 7 puntos en los aportes jubilatorios, con lo cual los magistrados pasarán a aportar el 18% de su sueldo al régimen especial. Además, la iniciativa establece un incremento en la edad para acceder a la jubilación de 60 a 65 años tanto para hombres como para mujeres.

Apoyos y críticas

El objetivo del Gobierno, planteado en la iniciativa, es lograr un mayor grado de homogeneidad entre el régimen especial de los magistrados y diplomáticos y el régimen general y corregir las inequidades que, a su juicio, existen entre ambos sistemas. En este sentido, advierte que la jubilación promedio que percibe un magistrado retirado de la actividad es de $289.000, casi 20 veces superior al haber mínimo.

De todas maneras, pese a plantear las inequidades del sistema, el Gobierno sugestivamente excluyó de los recortes jubilatorios a los miembros de la Corte Suprema, como también a los expresidentes y exvicepresidentes. En cuanto a los diplomáticos, cuyo haber jubilatorio es hoy del 85% de la remuneración de mayor jerarquía desempeñada, el oficialismo propone reducir el porcentaje al 82% y calcular la jubilación sobre la base del promedio de los salarios de los últimos 10 años.

Las organizaciones que agrupan a los magistrados y a los diplomáticos expresaron su rechazo al proyecto de ley del Gobierno y anticipan que, de ser convertido en ley, habrá un aluvión de pedidos de amparo en la Justicia para frenar los recortes.

En este sentido, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, advirtió que de aprobarse este proyecto se generarían "entre 380 y 420 vacantes" en el Poder Judicial.

"Si esto ocurre, se va a afectar el servicio de Justicia. Esto no es un cuestionamiento, es una realidad", alertó.

En el oficialismo no estudian por ahora cambios medulares al proyecto. En cambio, sí podrían aceptar algunos planteos del gremio judicial, conducido por Julio Piumato, quien propone incorporar a todos los empleados judiciales al régimen jubilatorio de los magistrados con aportes del 15%. El gremialista, que convocó para mañana a una movilización frente al Palacio de Justicia y a un cese de actividades, logró que el diputado José Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y aliado del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, hiciera suya la propuesta.

El resto de los bloques opositores definirán en las próximas horas su postura. En Juntos por el Cambio prevalecía el rechazo al debate exprés con que el oficialismo pretende aprobar el proyecto, y, si bien están de acuerdo con corregir el actual régimen jubilatorio de los magistrados y sus privilegios, advierten que, así planteada, la iniciativa podría generar centenares de vacantes en la Justicia que el oficialismo podría ocupar con magistrados afines.