"Hay chances de que renuncien 300 jueces", dijo el presidente de la Asociación de Magistrados

El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle; el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y la ministra de Justicia, Marcelo Losardo, en la comida de la Asociación de Magistrados de diciembre pasado
El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle; el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y la ministra de Justicia, Marcelo Losardo, en la comida de la Asociación de Magistrados de diciembre pasado Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo
Hernán Cappiello
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25 de febrero de 2020  • 13:02

Marcelo Gallo Tagle es ante todo juez y prudente. Por eso mide las respuestas en plena pulseada con el Gobierno. Aspira a lograr modificaciones en el proyecto de ley que reduce las jubilaciones de los jueces. "Si la idea fue salvar el déficit económico que tiene le sistema esta no es la solución. Al contrario, hay chances de que renuncien 300 jueces con lo que habrá menos aportes. Hay tanta improvisación...", dice.

Lidera la entidad de los jueces y la semana pasada cruzó una y otra vez la calle Lavalle, de la Asociación al Palacio de Justicia, donde recorrió todos los despachos de los jueces de la Corte Suprema. También cruzó la plaza hasta el Consejo de la Magistratura, donde se reunió con consejeros y legisladores. Ya no va al microcentro, al Ministerio de Justicia, porque no tiene nada más que hablar con la ministra Marcela Losardo. Las discretas conversaciones que mantuvieron en el verano no sirvieron y el proyecto que llegó al Congreso es la peor versión que los magistrados hubieran imaginado.

La iniciativa prevé que la jubilación desde de calcularse con el 82% del último sueldo en actividad y que en cambio cobren el 82% del promedio de los últimos 10 años, ajustados por un índice no especificado. Prevé una suba en la edad jubilatoria hasta los 65 años y un aumento de los aportes de 7 puntos sin topes.

-¿Qué pretende el Gobierno con esta iniciativa, solo que le den los números?

-No tengo la más pálida idea, pero si la idea fue salvar el déficit económico que tiene el sistema, esta no es la solución. Al contrario, hay chances de que renuncien 300 jueces con lo que habrá menos aportes. No está claro tampoco el déficit. Primero dijeron 7000 mil millones, a las 48 horas, 900 mil millones y ahora, 11.000 millones. Se van a generar vacantes y va a haber más pasivos, lo que incrementará la masa de jubilaciones con menos jueces que aporten.Si ahora, con un 25% de vacantes sin cubrir por el Gobierno hay un 25% menos de aportes, imagínese con un 50%.

-¿Están buscando las vacantes?

-No me consta. No puedo creer que haya tanta improvisación en relación con el impacto de la medida y no me consta que tenga otro objetivo, pero me hace dudar. El Ejecutivo dice que no busca las vacantes, sino que la gente se quede, pero la ley es gravísima. Hay vacantes y va a haber más y no es culpa del Poder Judicial que no se cubran las vacantes. Ahora hay más de 18 renuncias de jueces presentadas y varias de fiscales, pero la catarata de renuncias tendrá lugar el jueves o viernes cuando se trate el proyecto en comisión y se vea cómo queda el dictamen.

-¿Se relaciona esta medida con el discurso del lawfare?

-No creo. Es una medida que afecta a un número de jueces que no está alcanzado ni de cerca por esas críticas. Ni tiene efectos sobre los jueces protagonistas de esos comentarios.

-¿Qué opina de la postura de la Corte ante este proyecto?

-¿Cuál es la postura?¿No decir nada? Es lo que tiene que hacer, no pronunciarse.

-¿Pero como cabeza del Poder Judicial no debería defender a lo jueces?

-Tiene el doble rol de ser cabeza de un poder del Estado y a su vez tener que resolver judicialmente, si el tema llega a judicializarse. Hacer comentarios en forma prematura los expone a ser recusados.

-¿Qué le dijeron los legisladores de la oposición?

-Que es atendible lo que decimos y que quieren que haya un debate del tema. No les parece razonable un tratamiento exprés, sin chance de discutirlo. Se anunció en diciembre, se presentó hace una semana y se quiere aprobar sin debate. Ellos quieren modificaciones al régimen jubilatorio y nosotros también.

-¿Qué cambios admitirían en la ley?

-Queremos ser parte de la solución a los problemas del país y colaborar con la emergencia económica, que nosotros no generamos, pero dentro de parámetros razonable

-¿Cuáles son?

-Si bien hay gente que no está dispuesta a mover la edad jubilatoria, decimos que el [funcionario] judicial no se va a los 60 años, lo más probable es que a los 75 pida la prórroga de su acuerdo. La inmensa mayoría se retira entre los 65 y 75 años. Con lo que la edad podría ser una discusión poco productiva. Hay gente que quiere irse antes, pero es un número menor. Si se respeta la gradualidad que contempla el proyecto el Poder Ejecutivo no hay problema [la iniciativa prevé que en 2020 se jubilen con 60 años, en 2021 con 61 años y así].

-¿Cuál es el conflicto?

-La base de cálculo para el haber jubilatorio. No admitimos que sea un promedio de los últimos diez años. El promedio es inaceptable. Sí es razonable hablar de prorrata sobre el último haber en actividad. Cuando ellos hablan de promedios y actualizaciones por un índice desconocido hay un montón de beneficios adquiridos con los años que los perdés. No hay que hablar de promedio sino de prorrata. Exigir que tengas diez años en el cargo en el que te jubilás, si tenés seis de juez y cinco de camarista, la prorrata es computar el último haber en actividad del juez de primera instancia y el último de camarista, a valores actuales en ese valor. Si se aplica el 82% del promedio de los últimos diez años, aún actualizados, la jubilación se reduce al 40% del último haber.

-¿Qué chances tienen de modificar el proyecto?

-No hay que olvidar que nosotros ya veníamos haciendo un aporte extraordinario, superior al régimen general y sin tope. Superamos los años de aporte en exceso y cuando llegamos a la edad seguimos aportando y ese dinero no entra a la caja del Poder Judicial, sino al régimen general por lo que ya hacemos un aporte solidario al resto.

-¿Cómo es la relación hoy con el Ministerio de Justicia?

-La relación es buena con la ministra [Marcela] Losardo, pero desde que apareció el proyecto nos dedicamos a hablar con los legisladores.

-¿Se desencantaron?

-Sí, nos sorprendió que saliera el proyecto porque teníamos entendido que íbamos a ser parte e íbamos a ser escuchados. El objetivo no es entorpecer ni trabar el proyecto sino acordar.

-¿Cuál es el impacto para los jueces de todo el país reunidos en la Federación Argentina de la Magistratura (FAM)?

-Esa es su área, no lo evaluamos, pero en lo que hace al porcentaje de retención que se eleva siete puntos es excesivo, podemos analizar dos o tres puntos, pero no siete. Deberíamos avanzar del mismo modo que con el impuesto a las ganancias, que lo pagan los jueces designados desde 2017. Esto genera inconvenientes y desalienta que el funcionario quiera ascender a juez y el secretario quiera hacer una carrera judicial. Así, se van a ir los más idóneos.

-¿Afecta el ingreso a la Justicia?

-Los mejor calificados en los concursos son los funcionarios judiciales. El proyecto desalienta el ingreso del más idóneo y favorece el ingreso de los mediocres.

-¿Qué va a pasar esta semana en el Congreso?

-La expectativa es que nos escuchen en la reunión de Comisión. Es la única alternativa.

-¿Cuál es el clima entre los jueces?

-De una inquietud importantísima.

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