El oficialismo y la oposición acordaron bajar a 14 años la edad de imputabilidad y debatir el proyecto en Diputados
La iniciativa se discutirá en el recinto el jueves de la semana próxima; el gobierno libertario insistía en fijar en 13 el mínimo de punibilidad, pero se topó con la resistencia de los bloques dialoguistas
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LA NACIONLaura Serra
Tras arribar a un acuerdo con la oposición, el oficialismo convocará para el jueves próximo a su primera sesión del período extraordinario en la Cámara de Diputados. El tema a debatir será la reforma del régimen penal juvenil, una iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo y que promueve, entre sus puntos principales, la baja de la edad imputabilidad de los menores en conflicto con la ley.
Si bien los libertarios pretendían insistir con el proyecto original que presentó el Poder Ejecutivo en 2024, el cual proponía reducir de 16 a 13 años el piso mínimo de imputabilidad, finalmente se allanaron a las demandas de la oposición dialoguista, que insiste en subirlo a 14 años.
“Teníamos previsto insistir con la iniciativa original, pero no tenemos los votos. Esta es la ley posible”, admitieron en el oficialismo luego de que Pro y la UCR advirtieran que solo votarían el texto del dictamen que se suscribió en mayo del año pasado, el cual nunca llegó a tratarse en el recinto.
El acuerdo entre oficialistas y opositores se selló este mediodía durante una reunión entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y los jefes de bloque de la oposición. Allí se definió que el martes próximo se constituirán las comisiones correspondientes para, al día siguiente, ratificar el dictamen que se firmó el año pasado pero que perdió estado parlamentario en diciembre. La hoja de ruta se completará el jueves 12, con la sesión convocada en el recinto.
El oficialismo se muestra confiado. “Ya tenemos asegurados 136 votos para arrancar la sesión”, deslizó un encumbrado miembro de la bancada. En efecto, salvo un sector de Unión por la Patria y la izquierda, el resto de los bloques se anticipó predispuesto a acompañar la iniciativa, con lo cual es altamente probable que sea convertida en ley por el Senado antes de la finalización del período extraordinario de sesiones, el 1 de marzo próximo.
El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad para los adolescentes será de 15 años (el proyecto del oficialismo lo fijaba en 20). Empero, este castigo -el de la privación de la libertad- sólo se aplicará como último recurso y para el caso de los delitos muy graves.
En aquellos casos en los que el menor haya cometido un delito cuya pena supere los tres años de prisión hasta un máximo de diez, pero no haya implicado la muerte de la víctima o una violencia física o psíquica grave, o se trate de delitos culposos, el tribunal podrá reemplazar la prisión por penas alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado. Lo mismo le cabría a aquel menor que no registre antecedentes de procesos penales anteriores.
El debate de la iniciativa promete generar una cuña en el ya convulsionado bloque de Unión por la Patria; en efecto, un sector de la bancada referenciada en el Frente Renovador está de acuerdo con bajar a 14 la edad de imputabilidad, no así el resto del bloque, que insiste en no modificar este piso y mantenerlo en 16 años.
“El proyecto del Ejecutivo es un claro ejemplo de demagogia punitivista; hoy, la proporción de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal es muy baja en comparación con la población mayor de 18 años”, plantean en el kirchnerismo. “La privación de libertad de una persona menor de edad no punible por disposición de juez penal constituye una detención arbitraria en los términos del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño”, insisten.
En tanto, los bloques provinciales plantean la necesidad de que la Nación afronte los mayores gastos que insumirá el nuevo régimen en las provincias. Los libertarios, para asegurarse sus votos, acordaron incluir en el texto una cláusula para que las provincias, a medida que se adhieran al nuevo sistema, puedan celebrar convenios con la Nación en ese sentido.
Además de Menem, participaron del encuentro Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici por LLA; Germán Martínez, por Unión por la Patria; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Cristian Ritondo, de Pro; Alberto Arrúa, de Innovación Federal; Pamela Verasay, de la UCR; Miryam Bregman y Romina del Pla; del FIT; Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Oscar Zago, del MID; Claudio Álvarez, de País Federal; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.
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