Ley de Glaciares: la Justicia confirmó las audiencias públicas y rechazó un amparo de organizaciones ambientalistas
El oficialismo convocó a dos jornadas de audiencia la semana próxima e incorporó una plataforma digital para receptar las ponencias; hubo más de 80.000 inscriptos
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LA NACION
Tras obtener esta tarde un fallo favorable de la Justicia que denegó un pedido de amparo de organizaciones ambientalistas, el oficialismo ratificó el formato de audiencias públicas que se realizarán la semana próxima en la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la ley de Glaciares, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.
Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc, convocaron a audiencias públicas para el 25 y 26 de este mes; empero, ante la cantidad de inscriptos para participar -la lista supera los 80.000-, los organizadores incorporaron una plataforma digital para que los interesados puedan exponer allí sus posturas.
Disconformes, un grupo de organizaciones ambientalistas -detractoras de la reforma de la ley- presentaron ayer ante la Justicia una medida cautelar para que se le ordene al Congreso “garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos”. La presentación recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5.
En ese escrito, sus impulsores solicitaron la readecuación del cronograma de audiencias con jornadas adicionales, “así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas”.
Requirieron, en este sentido, que el Congreso “se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral -como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a youtube– por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública".
El amparo, impulsado impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina, fue denegado por la Justicia, por lo que el formato previsto por el oficialismo seguirá su curso.
Así lo ratificó el diputado Mayoraz. “El marco legal es claro y se cumple al pie de la letra. El proceso se rige por el Acuerdo de Escazú (el marco internacional específico en participación ambiental) y por el art. 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se cumplen todos los recaudos exigidos”, enfatizó en sus redes sociales.
“Los que quisieron boicotear este proceso fracasaron. Y fracasaron porque la ciudadanía fue más fuerte que cualquier maniobra. Escucharemos a cada uno de los que participen, integraremos sus aportes al proceso legislativo y trabajaremos para lograr la mejor ley posible del Congreso más reformista de la historia”, cerró.
Tras las audiencias públicas, el oficialismo tiene previsto darle dictamen a la media sanción del Senado luego de Semana Santa. La intención es llevarlo al recinto el 8 del mes próximo.
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