El peligro de convertir en "tratado" un acuerdo que es inconstitucional

En una oscura realidad que lleva al Gobierno a acordar con un país que niega el Holocausto, que propugna la desaparición del Estado de Israel y está acusado de fabricar armas de destrucción masiva, el envío al Congreso del memorándum de entendimiento con Irán en el caso AMIA para darle fuerza de tratado es aun más oscuro.

Si una vez más las obedientes mayorías levantan públicamente las manos y bajan sus privadas resistencias, estarían dando formalmente a este acuerdo el carácter de tratado. Así, lo transformarían en una norma superior a las leyes, con objeto de validar procedimientos y resultados que serían muy diferentes de aplicarse la ley argentina, como corresponde ante todo crimen cometido en nuestro territorio.

Y otra vez está el "relato" para tratar de justificar lo inexplicable: apelando como es costumbre a una visión parcial, la Presidenta nos dice -remitiéndose exclusivamente a la actuación del destituido juez Juan José Galeano- que la investigación no mostró avances en más de 18 años. Omite que, desde su gestión, otro juez y un fiscal especial intervienen en la causa y han conseguido identificar a los ideólogos del crimen y conseguir que Interpol apruebe por unanimidad sus capturas internacionales.

Pero también nos miente cuando dice que el acuerdo con Irán supondrá un avance en la investigación, ya que permitirá "interrogar" a "algunos" de los imputados. Ese acto procesal será sólo una parodia sin efecto alguno, porque no se encuentra previsto por la ley argentina. Si fuera una declaración indagatoria, los "interrogados" deberían quedar inmediatamente detenidos y el juez debería resolver su situación procesal, y eventual prisión preventiva, dentro de los 10 días. Nada de ello ocurrirá. Todo lo contrario: el acuerdo garantizará la inmunidad de tránsito de los investigados, ya que ciertamente supone la tácita renuncia de nuestro país a las órdenes de detenerlos. Y será denigrante y vergonzoso para el país que caigan las capturas internacionales, pretensión inocultable de Irán.

Esta grave inconsistencia legal -dolosa o culpable- es la que pretende ser morigerada ahora por el kirchnerismo llevando al Congreso a legitimar todo lo que se haga bajo el paraguas del acuerdo. Se nos dice así que el "interrogatorio" tendrá validez legal para la Justicia.

Tampoco es verdad. De aprobarse la ley por el Poder Legislativo -una vez más como una escribanía- se estará sancionando una ley absolutamente inconstitucional porque estará aprobando un tratado que viola la garantía del debido proceso y la defensa en juicio que consagra el artículo 18 de nuestra Constitución. Esto es así porque se restringe la participación nada menos que de las víctimas -la querella- en los actos que lleve adelante la Comisión de la Verdad. Ni la AMIA ni la DAIA ni ningún familiar o representante legal de los cientos de víctimas intervendrán ni serán escuchados.

El mal entendido garantismo que profesa el kirchnerismo olvida que no sólo los imputados tienen garantías procesales. La Corte Suprema, en el fallo "Otto Wald", le reconoció expresamente a la querella las mismas garantías al señalar que éstas amparan "a toda persona a quien la ley le reconoce personería jurídica para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que actúe como querellante o acusado, pues no se justifica un tratamiento distinto a quien postula el reconocimiento de un derecho".

De esta forma, el Congreso no sólo es conducido a sancionar una ley inconstitucional que supone una vergonzosa prórroga de soberanía. Lo más grave es que lo hará aun ante la rotunda oposición de los principales interesados en el esclarecimiento del atentado: sus cientos de víctimas y familiares, que están convencidos de que detrás de este acuerdo se pone en riesgo la posibilidad de condenar a los responsables del brutal crimen de 1994.

Es inaceptable que el Congreso valide un acuerdo tras el que se puedan esconder otros intereses que no sean éstos, los del las víctimas, los de la sociedad toda.

Por Gustavo Ferrari

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