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El poder y la corrupción bailan juntos en tribunales
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LA NACIONCarlos Pagni
Una de las distorsiones políticas que produce la corrupción en gran escala es que convierte a la Justicia en un actor inevitable en la lucha por el poder. El ejemplo más extremo lo ofreció Brasil. Al condenar a Lula da Silva, con argumentos ratificados por tribunales superiores, el juez Sergio Moro excluyó de la carrera a uno de los probables candidatos a ejercer la presidencia. Los seguidores de Lula acusaron a Moro de intervenir en la disputa electoral. Moro pareció darles la razón cuando aceptó convertirse en ministro de Jair Bolsonaro, el competidor que ganó con Lula preso. En situaciones como esta, la independencia no debe solo ejercerse. Debe sobreactuarse.
La Argentina está enredada en el mismo problema. El fuero penal se ha convertido en el principal campo de batalla entre el oficialismo y la oposición. Las decisiones en ese terreno están destinadas a ser analizadas a la luz de esa contienda. Es lo que sucede con la reforma judicial. El Gobierno la presentará como un esfuerzo por despejar los vicios del sistema. En especial, de los tribunales federales. Pero para una lectura crítica saltan a la vista los hilos que se mueven para conseguir la absolución de actores relevantes del kirchnerismo. Sobre todo, de su líder, Cristina Kirchner.
Esta utilización del poder estatal para beneficiar a figuras destacadas de la facción gobernante tiene en estos días un adelanto escandaloso: el oficialismo pretende, contra la opinión del servicio jurídico de la AFIP, extender una moratoria a empresas quebradas, para sacar de su atolladero al leal Cristóbal López. Este ensayo impregna el discurso institucional de la Casa Rosada con un olor desagradable.
La modificación más llamativa de la reforma a la Justicia es la hipotética modificación de la Corte. La curiosidad inicial tiene que ver con que, al llegar a la Casa Rosada, no formaba parte de los planes de Alberto Fernández. Pero en enero, en una entrevista con Horacio Verbitsky, él introdujo el tema. Y habló de tres cambios. Revisar el alcance del recurso extraordinario, ampliar el número de miembros y organizarla en salas temáticas. El Presidente tiene todo el derecho a cambiar de opinión. Lo hace todo el tiempo. Además, nadie puede impedirle ingresar en un debate que tiene muchos antecedentes. Lo que no puede pasar inadvertido es que, si alguien se encontrara en la situación de Cristina Kirchner, vería como muy ventajosa la revisión que se propone. La sospecha de que la pretensión de mejorar el servicio de Justicia es un caballo de Troya que cobija un intento de impunidad para la vicepresidenta se vuelve bastante verosímil. Sobre todo, cuando trasciende que el abogado defensor de la señora de Kirchner, Alberto Beraldi, participa de almuerzos en Olivos en los que se discuten los proyectos. Solo falta que se confirme que Beraldi formará parte de una comisión para diseñar la nueva Corte. Ofrecería, como Moro aceptando el ministerio, la corroboración de todas las presunciones.
La flexibilización del recurso extraordinario es un detalle estratégico. La Corte actúa como un tribunal que controla, en última instancia, que se cumplan las garantías constitucionales y la corrección de los procedimientos. Por eso no interviene en el curso de los pleitos. Fernández pretende, en cambio, que adopte decisiones en medio del proceso. Un ejemplo tomado… ¿al azar?: la vicepresidenta está reclamándole a la Corte que le exija al tribunal oral que la está juzgando por los presuntos fraudes en la asignación de obra pública de Santa Cruz que amplíe la prueba que tiene a disposición. Si los jueces aceptaran, ella podría, quizás, postergar una condena inminente. O evitarla.
Esta innovación recargaría de trabajo al máximo tribunal, que debería abocarse a infinidad de expedientes todavía no resueltos en instancias inferiores. Eso mismo la vuelve curiosísima. Porque en el mismo plan se pretende reducir la tarea de la Corte. Es la coartada para aconsejar la ampliación del número de miembros.
Hay otro rasgo asombroso de esta renovación, que todavía está en estudio: en noviembre de 2006, la limitación a 5 de la cantidad de ministros de la Corte fue una bandera de corrección política levantada por Cristina Kirchner. Envuelto Néstor Kirchner en un escándalo por haber perdido la apuesta a favor de la reelección indefinida del gobernador de Misiones, la entonces senadora lanzó la virtuosa decisión de no cubrir las vacantes que se fueran produciendo, hasta que la Corte se transformara en un quinteto. Catorce años más tarde, la vicepresidenta extendería lo que había comprimido. La historia merecería titularse, en un psicodélico homenaje a Rubén Juárez, "mi bandoneón y yo".
No es el único vapuleo al que fue sometida la Corte por la actual vicepresidenta. En 2003, ella promovió la destitución de varios de sus miembros. La prepotencia e incorrección procesal con que se llevó a cabo esa remoción fue recordada hace pocas semanas en un tribunal de Nueva York. Fue uno de los argumentos de los expertos en mercados regulados Enrique y Sebastián Eskenazi para pedir que su demanda por la estatización de YPF no se tramite en la Argentina. Muy pocos participantes del debate público señalaron en 2003 aquellas irregularidades. La Corte de aquel tiempo estaba muy cuestionada, en particular porque había sido ampliada por Carlos Menem. Verbitsky diría "anegada" por Carlos Menem.
Un detalle: la jueza ante la cual los Eskenazi vilipendian a Cristina Kirchner es Loretta Preska, la misma que deberá tratar el problema de la deuda si el país persiste en el default.
Para agrandar la Corte hace falta un pacto político. Igual que en el caso del procurador general de la Nación, la designación de nuevos ministros requiere de dos tercios del Senado. Pero esa expansión permitiría otro cambio: la división en salas. Existe un interesante debate técnico sobre la conveniencia de esta especialización. Muchos juristas la rechazan con el argumento de que la Corte es un tribunal constitucional. No trata temas comerciales, penales o laborales. Trata las cuestiones constitucionales sobre las que puedan plantearse controversias en el tratamiento de esos temas. Existen otras dudas, que planteó el propio Fernández en aquella entrevista: ¿las que decidirían serían las salas o la Corte? Si fuera la Corte, todo demoraría mucho más. Hay que calcular: más recursos extraordinarios y más discusión de cada expediente. El placer de procrastinar.
A los efectos prácticos, en cambio, la división en salas puede ser muy oportuna. Otro ejemplo, tomado también al azar: si Cristina Kirchner incorporara dos nuevos magistrados, y estos fueran penalistas, le bastaría con encontrar otro juez afín para que sus causas fueran leídas desde su punto de vista. Que siempre es el punto de vista correcto, claro. Habría que especular con que, para una Corte de 4 salas con un número impar de integrantes cada una, harían falta 9 jueces. Cada uno debería participar de más de una sala. Caso contrario, harían falta 12.
Es decir, se deberían agregar 7. Sin anegar, claro: con un par propio alcanza.
Esta arquitectura va a ser analizada por una comisión de juristas. Las versiones insisten en que se incorporaría el doctor Beraldi. Sigue aleteando el fantasma de Moro. En este caso, no para condenar, sino para ejercer la misericordia.
La reforma de la Corte estaría acompañada por una remodelación del fuero federal de la Capital. Es una antigua idea de Gustavo Beliz. La pretensión sería disolver el poder de Comodoro Py en un grupo de juzgados más numeroso. ¿Cómo? Asignando la competencia federal a la mitad de los tribunales ordinarios de la Capital. Serían unos 30. Como casi todos ellos carecen hoy de titular, esta mutación permitiría nombrar 30 nuevos jueces.
Cristina Kirchner no estaría tan de acuerdo con este cambio. En su entorno alegan que no tiene sentido multiplicar los juzgados si se va a avanzar hacia el sistema acusatorio, donde el protagonismo lo tienen los fiscales. Por debajo de este argumento aparece otro, político. La vicepresidenta entendería que, más que agigantar Comodoro Py, hay que controlarlo cubriendo las vacantes que se han producido. Y provocando otras. El 29, cuando se retire Rodolfo Canicoba Corral, habrá tres juzgados libres. Si Daniel Rafecas se convierte en procurador, serían cuatro. En el Consejo de la Magistratura tienen bajo la lupa el caso de María Servini de Cubría, que tiene más de 75 años, pero sigue en actividad amparándose en una declaración de certeza previsional emitida por su amigo, el controvertido exfiscal Eduardo Miragaya, el Nene. Existen también dos posiciones a cubrir en la Cámara Federal.
El desembarco que supone esta estrategia se completa con una embestida sobre algunos jueces a los que se les reprocha el modo en que fueron trasladados a las funciones que hoy ocupan. El Consejo los tiene en estudio. Ya se presentó un informe de Gerónimo Ustarroz, el representante del Poder Ejecutivo. En la lista de jueces bajo examen sobresalen dos: los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ellos son miembros de un tribunal oral federal y fueron designados en la Cámara Federal. El kirchnerismo incluyó ese traslado en una denuncia realizada por varias organizaciones de abogados ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Esas entidades reclamaron que bajo la gestión de Mauricio Macri existió un "plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial". En la redacción de ese planteo gravitaron Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, y Maximiliano Rusconi, defensor de Julio De Vido. La denuncia tiene una curiosidad: omite todos aquellos casos, que podrían reprocharse con los mismos criterios, en los que entre los beneficiarios había funcionarios o empresarios kirchneristas ligados a figuras del macrismo. Los negocios de Odebrecht, por ejemplo. La denuncia fue menos sistemática de lo que habría sido el plan.
El ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, contestó esas objeciones. En el caso de Bruglia, aclaró que el traspaso fue convalidado por la Corte. La participación de Beraldi y de Rusconi permitió una chicana: la recriminación institucional es, en realidad, una estrategia de los patrocinantes de políticos investigados por presunta corrupción. Aquel documento opositor es hoy la hoja de ruta de muchas decisiones oficiales en materia judicial.
¿Cuál es el interés político de reemplazar a Bruglia y Bertuzzi? Algunos kirchneristas les reprochan arbitrariedades en las causas de corrupción que afectan a su facción. Sobre todo, en la más grave y precisa: la de los cuadernos de Oscar Centeno. Es extraño, porque esas presuntas irregularidades se podrían corregir en otra instancia. Por ejemplo, el juicio oral, donde se podrían despejar sospechas sobre supuestas presiones a arrepentidos para que declaren en determinada dirección. Por otra parte, casi todos los imputados del actual oficialismo ya pasaron por la Cámara. Es probable, entonces, que haya otro interés: colocar jueces afines al Gobierno para cuando lleguen a la Cámara los expedientes de funcionarios macristas. El diputado Rodolfo Tailhade recordó el lunes pasado el consejo del fundador del movimiento: "Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia". Los enemigos de ese Perón eran, tal vez Tailhade no lo sepa, los montoneros. Pero el enemigo va cambiando.
Esta plasticidad alberga algo más que cinismo. Expresa un modo de pensar las instituciones. Una síntesis de esa concepción puede encontrarse en el segundo discurso que Cristina Kirchner pronunció en aquella sesión de noviembre de 2006. Fue menos republicano que el primero, en el que propuso reducir la Corte. Su tesis central: el Poder Judicial no debe ser una instancia que garantiza que los ciudadanos puedan oponer al poder una verdad. Debe manifestar las relaciones de fuerza que se juegan en cada momento de la historia. Más sencillo: el que manda ejecuta el bandoneón.
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