El poder del narcotráfico logró que las cárceles se transformaran en oficinas del crimen organizado

ROSARIO.– Un nuevo fenómeno criminal se impone en la Argentina: las cárceles se transformaron en oficinas del narcotráfico. Desde las prisiones federales de distintos lugares del país, donde se distribuyeron los líderes narcos oriundos de Rosario –que cargan con extensas condenas–, y en los penales santafesinos, la justicia detectó que se ordenan crímenes, se realizan atentados y amenazas, y sigue intacto el negocio de la venta de drogas. ¿Cómo se llegó a esta situación? La falta de controles y las complicidades en las unidades penitenciarias, donde los smartphones ingresan y sirven para gerenciar el negocio en redes virtuales, como si fuera home office.

A Nahuel Novelino, como a otros narcotraficantes, no le importa nada. Va a estar mucho tiempo en la cárcel y no le interesa si la Justicia descubre su desparpajo para actuar. “Pasea” por cárceles de todo el país. Estuvo alojado en Piñero y Coronda, en Santa Fe, Resistencia, Rawson y ahora en Marcos Paz. En todas las prisiones, sin interrupción, siguió cometiendo delitos, como en su Venado Tuerto natal, donde traficaba drogas. La historia de este hombre de 33 años es quizá un ejemplo de lo que pasa con otros como él: cometen más delitos y crímenes estando presos que en libertad. Porque la cárcel no significa que el negocio criminal termine, sino todo lo contrario, que empiece otra etapa.

La semana pasada, Novelino volvió a sembrar amenazas contra un juez federal, un fiscal federal, un senador provincial y un intendente. Advertía a través de otro interlocutor que está detenido en el penal de Rawson que iba a atacarlos con “balas y granadas”. “El que avisa no traiciona”, alertaba el mensaje intimidatorio que tenía como destinatarios una extensa lista de funcionarios judiciales y políticos. Novelino sumó en los últimos años, según explicó a LA NACION el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, uno de los amenazados, cinco causas por narcotráfico, y ya estaba siendo investigado por amenazar al senador provincial Lisandro Enrico y el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella. El presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, pidió al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, mayor protección para los funcionarios judiciales. Los tribunales federales fueron baleados en setiembre pasado, y la orden habría partido del penal federal de Rawson, donde se encontraba preso este narcotraficante.

La violencia que supura del narcotráfico en Rosario volvió a generar una crisis política en Santa Fe. Con el recurso más poderoso que tienen como es el terror, los narcos desnudaron la debilidad del Estado que no logra encontrar estrategias efectivas para enfrentar un fenómeno que es relativamente nuevo en el país: el poder del crimen organizado desde las cárceles.

“Todo el tiempo pido la prisión preventiva de personas que ya están en la cárcel”, resumió la fiscal Valeria Haurigot, que con esa frase simple dejó al descubierto la complejidad de un problema que desde hace unos años empezó a eclosionar en los países de la región. El Estado siempre descansó en la consigna de que la cárcel era el fin de los problemas, pero esta nueva realidad marca que es el inicio de otros, incluso, más delicados que tienen incidencia directa en las calles.

Una pista del poder que emana de las cárceles la dio hace unos años José Cerqueira Bremer, magistrado de Curitiba -capital del estado brasileño de Paraná-, que visitó Rosario para ayudar a diagramar un plan de protección contra jueces y funcionarios del Poder Judicial. Bremer contó que empezaron a notar que la aparición de WhatsApp empezaba a cambiar la organización interna de los presos en las cárceles de Brasil. La tecnología había ayudado a que los reclusos empezaran a actuar en redes. El poder de la comunicación instantánea se había transformado en un riesgo.

Bremer contó que después de varios hechos delictivos y sangrientos que se habían gestado desde las cárceles de San Pablo a través de WhatsApp, un magistrado dio de baja la aplicación a través de una orden judicial. El efecto se vio en las calles casi de forma inmediata. Los jefes de Primer Comando Capital (PCC) ordenaron quemar colectivos. En sólo dos noches se incendiaron más de diez ómnibus del transporte público con bombas molotov. La Justicia tuvo que dar marcha atrás con la medida. Bremer admitió que el Estado había subestimado el poder que había irradiado la comunicación en el crimen organizado.

El titular de Procunar, Diego Iglesias, presentó un informe en setiembre de 2021 sobre cómo actúan los grupos narcos en la sombra de las cárceles federales, donde desde que estalló el escándalo por el llamado operativo Puf – con la difusión de escuchas sobre politicos del kirchnerismo presos – se disolvió el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. En el documento se mencionan 20 casos de capos narcos, la mayoría de ellos ya condenados, en los cuales se detectó que aún coordinan, desde cárceles federales y provinciales de todo el país, “maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros delitos vinculados, ya sea lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas”. El área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal aún sigue desarticulada.

El líder de Los Monos, Ariel Cantero, no necesitó de fibra óptica ni de celulares para seguir dando órdenes. Lo hacía desde los teléfonos fijos que le proporcionaba los propios agentes del Servicio Penitenciario Federal –fueron denunciados– dentro de su celda en el penal de Marcos Paz.

Había aprendido una treta que utilizaba su excompañero de pabellón Néstor “Loko” Rojas, líder del Primer Comando de Frontera. El misionero, que había intentado comprar un misil dentro de la cárcel e intentó asesinar a dos magistrados de esa provincia con sicarios brasileños, usaba como método para comunicarse una triangulación que hacía con su pareja, que no estaba detenida.

Él la llamaba con un celular a su esposa y ella con otro teléfono se contactaba con los clientes de Rojas. De esa manera, el Loko hablaba con sus socios sin contactarse con ellos de manera directa. Así evitaba que las autoridades judiciales que seguían sus pasos pudieran escuchar sus voces. Cantero empezó a hacer lo mismo.

En las cárceles de Santa Fe comenzó esta semana la instalación de un sistema de escáneres –similares a los que hay en los aeropuertos– para controlar lo que ingresa a los penales, como estupefacientes, teléfonos y armas. El secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Walter Gálvez, señaló a LA NACION que como complemento a este sistema de control más estricto a fines de mayo ya estarán listos los inhibidores de señales que bloquearán todo el perímetro de la cárcel de Piñero, donde están alojados las segundas líneas de las bandas criminales más pesadas. La superpoblación en ese penal es de 1200 internos. El colapso de las unidades penitenciarias es otro problema.

Estos cambios generaron las primeras reacciones. Fueron amenazados funcionarios del Servicio Penitenciario de Santa Fe y se produjeron hechos de extrema violencia que –según sospechan– estarían vinculados, como el crimen de Lorenzo Altamirano, un joven de 29 años, que era artista callejero, que fue acribillado en las inmediaciones del estadio de Newell’s. Su cadáver se usó para pasar un mensaje mafioso. Unos minutos después balearon la Unidad Penal Nº5, llamada Order, que es de presos transitorios, también una comisaría en Villa Gobernador Gálvez, y un edificio municipal.

La urgencia de la situación, que para algunos funcionarios, como el intendente de Rosario, Pablo Javkin, rompió todos los límites, llevó a que se realizaran varias reuniones en los últimos días para lograr detener altos niveles de violencia que hacen peligrar la gobernabilidad en Santa Fe. El presidente Alberto Fernández se reunió con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y luego con el intendente. El jueves, la mesa ejecutiva de la UCR a nivel nacional decidió enviarle una carta documento al Presidente por la situación de inseguridad de Rosario. “Hay que actuar de inmediato”, reclamó el gobernador jujeño y titular de la UCR, Gerardo Morales.

El gobernador Perotti encabezó un encuentro con el intendente y jueces y fiscales de Santa Fe, de ambos fueros, federales y provincial. Acordaron llevar adelante un fuerte control en el entorno carcelario, donde se planifica la mayoría de los delitos y homicidios, a partir de la restricción del uso de celulares.

Entre los ejes abordados se destacaron la intensificación del trabajo carcelario, tanto del Servicio Penitenciario como de las agencias investigativas de las diferentes jurisdicciones; el compromiso de todos los actores institucionales en el reclamo por el fortalecimiento de la Justicia federal en el territorio santafesino, insistiendo con el tratamiento urgente del proyecto de ley presentado por los legisladores nacionales de la provincia y de todos los partidos políticos.

“Se acordó trabajar de manera fuerte en el entorno de las cárceles y entre los ejes abordados figura el trabajo a nivel carcelario para garantizar que no existan celulares allí dentro, además de llevar un control para que no se planifiquen delitos desde una celda”, señaló la ministra de Gobierno, Celia Arena, al finalizar la reunión.

Por Germán de los Santos

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