En el primer aniversario, el Pacto de Mayo queda condicionado por la pelea de Javier Milei con los gobernadores
La mayoría de los puntos del decálogo requieren de acuerdos con las provincias; se multiplican las quejas de los dialoguistas por la vocación de “confrontación” de la administración libertaria
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Al año de la firma del Pacto de Mayo -un enunciado de las prioridades que el presidente Javier Milei acordó en Tucumán con los mandatarios provinciales-, no solo no se registran avances sino que, además, la relación entre la Casa Rosada y los mandatarios pasa por uno de sus momentos de mayor tensión.
El gobierno libertario está convencido de que las reformas se acelerarán después de las elecciones legislativas, que confían en ganar. Pero desde las provincias replican con ironía que los gobernadores “serán los mismos”. Este año renuevan solo Corrientes y Santiago del Estero.
Hace unos días, en Córdoba, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, insistió en la importancia de un triunfo cuando el presidente del Ieral (Fundación Mediterránea), Osvaldo Giordano, planteó que “en el 90% de las reformas están involucradas las provincias” y advirtió que no se debe “subestimar la complejidad” y “sobreestimar” a las legislativas como punto de inflexión.
Varios gobernadores coincidieron ante LA NACION que están concentrados en resolver las diferencias que mantienen con la Rosada y que los planteos del Pacto de Mayo siguen en stand-by. También advierten que si con esos diez puntos desde Nación despliegan “la misma estrategia que tienen ahora, será muy complicado avanzar. Eligen siempre la confrontación. Es permanente".
Los ánimos de la mayoría están muy caldeados. En los encuentros que mantuvieron todos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) consensuaron que la posición presentada no afectara el frente fiscal. Los más cercanos a la Rosada fueron los más insistentes en ese punto. Si no se cumplía -aseguran- no hubieran puesto la firma.
Tal como contó este diario hace una semana, es clave para que no haya deserciones en el reclamo. Lo que hay ahora son posiciones distintas sobre la velocidad a la que seguir tensando la cuerda. Otra vez hay un grupo dispuesto a ir a la Justicia mientras que otro se inclina por aceptar la propuesta de Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, el interlocutor en este capítulo.
La oferta fue eliminar los fiduciarios para obras viales que se sostienen con parte del impuesto a los combustibles líquidos, como impulsan las provincias, y pasarles las rutas. La lógica que aplican los que dicen que hay que avanzar es que si Nación no está haciendo nada, ellos podrían seguir igual.
Sobre el reparto del remanente del fondo de ATN (formado con 1% de la coparticipación), el rechazo de Economía fue total. “Solo para emergencias”, insistió Guberman. Los proyectos de ley consensuados ya ingresaron al Senado y toda conversación seguirá con esa decisión ya tomada.
Los mandatarios admiten que sus números están mostrando algunos problemas y hubo algunos que debieron superar inconvenientes para cumplir en tiempo y forma con el pago del aguinaldo. “Si no logramos avanzar en algo en lo que Nación sale ganando porque le coparticipamos fondos que ni siquiera le corresponden, como los ATN, cómo imaginan un debate a fondo de una reforma fiscal integral”, dice un gobernador dialoguista, pero que admite “cansancio” a que “todo sea no”.
¿Cómo sigue?
El 1 de marzo del 2024, al abrir el año legislativo, Milei invitó a firmar a gobernadores y dirigentes sectoriales una suerte de contrato social el 25 de Mayo. El retraso de 45 días en la suscripción fue por las demoras en el Congreso para aprobar la Ley Bases, que también registró peleas y reconciliaciones entre la Rosada y las provincias.
Para la primera reunión del Consejo de Mayo pasaron 11 meses y cuando se hizo fue para consensuar la “dinámica” de trabajo. Los 19 gobernadores que firmaron el acta -no participó ninguno de los kirchneristas- están representados por el mendocino Alfredo Cornejo, uno de los dialoguistas.
El Pacto de Mayo es una suerte de GPS de reformas pretendidas por Milei. De los diez puntos, hay dos en los que Nación puede avanzar -y lo ha hecho- sin consensuar con las provincias: inviolabilidad de la propiedad privada (1) y apertura del comercio internacional (10). En el 4, sobre educación, las facultades directamente están en manos de los gobernadores.
El punto 2, que enuncia que “el equilibrio fiscal es innegociable” para los gobernadores, “la Nación lo asume como propio, pero lo logra con plata que les saca a las provincias, aun incumpliendo leyes”, dicen en las provincias.
Datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) dan cuenta que el gasto de capital (obra pública) cayó 73,9% real interanual entre 2023 y 2024, en lo que hace a esas transferencias a provincias, la baja fue del 94% real. Si bien en lo que va de este año hay una mejora, la comparación -subrayan los mandatarios- es “contra la nada”.
El punto 3 establece la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI, pero no establece el cuándo debería arribarse a ese nivel. Un estudio del Iaraf da cuenta de que la que más debe achicar es la Nación que ejecuta más de la mitad; las provincias y los municipios realizan entre 38% y 44% del gasto, dependiendo el año.
Los puntos 5 y 6 directamente requieren de los gobernadores, son los que se refieren a la reforma impositiva y a la rediscusión de la coparticipación. Lo más concreto es la propuesta de Economía de crear un “súper IVA”, una iniciativa sobre la que las provincias también hicieron realizar estudios.
El objetivo es que ese impuesto reemplace Ingresos Brutos provinciales y las tasas municipales sobre ventas. Especialistas como Jorge Colina (Idesa) dice que es “viable” pero con un “fondo de nivelación” para compensar a las jurisdicciones con menos desarrollo. En el caso de la coparticipación, una reforma requiere directamente la adhesión de la mayoría de las provincias, según lo establece la reforma constitucional de 1994.
El 7 apunta a “un compromiso en las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país” que requiere consenso para que las jurisdicciones nacionales y provinciales puedan cumplir con las facultades que la Constitución nacional les asigna a ambas.
Los puntos 8 y 9 son sobre las reformas laboral -de la que Francos dijo que tuvo charlas informales- y previsional. Grafica lo lo complejo que es llegar a acuerdos en el Congreso, cuando hace unas semanas la oposición en Diputados aprobó una suba del 7,2% de las jubilaciones, un bono de $110.000 y la moratoria previsional y que ya avanzó en el Senado. El oficialismo no contempló la posibilidad de debatir un proyecto que no afectaba las cuentas públicas, pero sí advirtió que Milei vetará si sale la ley.
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