El Pro no apoya la designación del juez Lijo por decreto, pero aparecen diferencias internas

En medio de la creciente tensión con la Casa Rosada y las intrigas en torno la eventual alianza electoral con Javier Milei, el jefe de Pro, Mauricio Macri, volvió a reunir a la mesa ejecutiva de su partido. A lo largo del cónclave, la plana mayor de la fuerza debatió la hoja de ruta de la fuerza con vistas a los próximos comicios y discutió la decisión de Milei de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

El exmandatario se retiró de la sede partidaria en Balcarce 412 sin hacer declaraciones. “Tengo el cumpleaños de mi hija y me está esperando hace un rato”, comentó. Cuando lo abordaron los periodistas que estaban en la puerta del edificio, prefirió no referirse al principal consejero presidencial Santiago Caputo, a quien responsabiliza por el “destrato” y “las faltas de respeto” de los libertarios a Pro, ni opinar sobre la polémica maniobra del Ejecutivo -nombrar en comisión por un año a Lijo y Mansilla- que anticipa un conflicto de poderes. Al igual que la mayoría de los caciques amarillos, Macri optó por el silencio.

Durante la cumbre de Pro, afloraron las discrepancias internas alrededor de Lijo y, sobre todo, el instrumento al que apeló Milei para llenar las vacantes en el máximo tribunal de Justicia. No obstante, Alfredo de Angeli, jefe de la bancada de senadores de Pro, anticipó que el espacio rechazará en la Cámara alta la designación por decreto del juez federal. “La mayoría del bloque va ir en contra del pliego de Lijo”, remarcó De Angeli en diálogo con la prensa. Ayer los representantes del kirchnerismo en el Senado ya avisaron que buscarán rebatir las designaciones con su voto.

El Frente Pro tiene siete miembros en la Cámara alta, entre ellos Luis Juez, quien tomó distancia de Macri a principio de año. Cerca de Macri estiman que la mayoría de los integrantes no están dispuestos a acompañar la candidatura de Lijo. Hay intrigas respecto de la posición de la aliada tucumana Beatriz Ávila (Por la Justicia Social), quien tiene vínculos con el peronismo de su provincia y firmó el dictamen del juez federal. Empero, otras espadas parlamentarias del partido amarillo aventuran que el bloque podría partirse en una eventual votación y que Lijo cosecharía al menos tres votos a favor.

Por caso, Guillermo Montenegro, Ignacio Torres y Diego Santilli se opusieron a sacar un comunicado de la fuerza para cuestionar la decisión del primer mandatario. Torres cuenta con una senadora en el bloque macrista: Andrea Cristina. No está claro si Pro dará libertad de acción o intentará unificar posiciones en la bancada.

A lo largo del encuentro, Macri y el resto de las autoridades de Pro analizaron las consecuencias políticas y judiciales del movimiento de Milei. Se escucharon críticas por la decisión de designar por decreto, y en comisión por un año, al juez federal Lijo y al catedrático García-Mansilla, para llenar las vacantes de la Corte Suprema, cuando restan pocos días para el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso. Durante el debate interno, hubo quienes plantearon reparos sobre el procedimiento, pero evaluaron que, en definitiva, era preferible no expedirse porque el proceso continuará en el Senado. “Es un mamarracho lo que hicieron en estas circunstancias. Es una imposición”, señaló uno de los jerarcas del partido.

Cuando surgió la idea de armar un comunicado para resistir el decreto de Milei, Montenegro, intendente de General Pueyrredón, uno de los principales promotores de Lijo, defendió con una explicación jurídica la decisión del Presidente. Y fue tajante al expresar que no estaba dispuesto a firmar una declaración partidaria sobre el tema. Montenegro es amigo de Lijo y uno de los dirigentes de Pro que tiene diálogo fluido con Santiago Caputo. Santilli y Torres también manifestaron que no era conveniente emitir un documento para cuestionar la herramienta empleada por Milei.

Dado que el caso de Lijo provocó diferencias internas y que la discusión continuará en la Cámara alta, designaron a De Angeli como el vocero del partido y definieron que no habrá por el momento un pronunciamiento institucional de Pro sobre la jugada de alto voltaje político de Milei. Es decir, la fuerza no logró unificar posturas respecto de si convalidan o no el instrumento que utilizó el Presidente para ocupar las vacantes.

Ungido como la voz institucional del partido, De Angeli, quien reemplazó a Juez como titular de la bancada, buscó ser prudente. Ante las consultas, reiteró que la “mayoría de Pro” no está de acuerdo con promover a Lijo y recordó que el dictamen de García Mansilla no consiguió las firmas. “No tiene dictamen el juez Mansilla y van en el mismo decreto. Va haber un gran debate dentro del Senado. Lo tengo que hablar con los integrantes del bloque”, comentó.

Macri había rechazo hace meses la idea del Presidente de promover la candidatura de Lijo, cuya postulación enfrentó duros cuestionamientos de entidades empresarias, ONG y sectores políticos. “Es un error; le dije a Javier que no estaba de acuerdo”, remarcó en agosto pasado, después de que encabezará el acto de relanzamiento de Pro en La Boca. Hoy, el exmandatario se jactó antes sus pares de haber uno de los primeros que se opuso a la postulación del juez federal. Por esa razón, sus colaboradores consideran que no es necesario que se pronuncie sobre el tema o opine sobre el mecanismo que empleó Milei para hacer los nombramientos en la Corte. De hecho, sus leales en Pro sospechan que la Casa Rosada intentó desviar la atención de la criptogate con las designaciones por decreto de Lijo y García Mansilla.

“Sostiene su mirada y opinión sobre el tema Lijo. Pero hay otros actores que tienen que expedirse”, señalan cerca del expresidente, quien considera que la apuesta de Milei por el controvertido juez federal podría afectar “la seguridad jurídica”, un factor crucial para que se concrete la llegada de inversiones al país. Por ahora, escogió no hacer declaraciones públicas ni escribir un mensaje en sus redes sociales para opinar sobre el nombramiento de jueces por decreto. El Presidente fundó su medida en las dilaciones que hubo en la Cámara alta para tratar los pliegos

A la reunión concurrieron la mayoría de los altos mandos de Pro. Además de Macri, asistieron Jorge Macri, Cristian Ritondo, Santilli, De Angeli, Montenegro, Soledad Martínez, Fernando de Andreis y Facundo Pérez Carletti. Por motivos de agenda, Torres, gobernador de Chubut, se conectó de manera virtual. Su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, no pudo participar porque asistió a un evento organizado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial y tenía previsto verse con Guillermo Francos en la Casa Rosada, según informaron sus voceros a LA NACION. También se ausentó María Eugenia Vidal, quien se encuentra de viaje.

Hubo un balance sobre el armado territorial de Pro en cada distrito. Macri insistió en que deben alistarse para presentar una oferta propia en las próximas legislativas en todo el país. En el caso de la provincia de Buenos Aires, concordaron en que deben prepararse -prevén una reunión con el sector de la UCR que lidera Maximiliano Abad-, pero esperarán a último momento para encontrar la “llave” para lograr un pacto con los libertarios para enfrentar al kirchnerismo en su gran bastión político. Es el territorio donde los referentes partidarios -desde Santilli hasta Ritondo y Montenegro- ejercen la mayor presión para evitar una ruptura con Milei.

Está claro que la ingeniería electoral de Pro dependerá de la situación en cada distrito. “En esta reunión hablamos de cómo vamos a seguir adelante con el partido. Vamos a ver si el oficialismo quiere hacer la alianza con el Pro. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo”, sostuvo De Angeli.

En la conducción amarilla responsabilizaron a Karina Milei, “El Jefe”, por las dificultades para llegar a un entendimiento con La Libertad Avanza (LLA) para confluir. “Creemos que es la responsable por los últimos errores no forzados del Gobierno; no quiere un acuerdo con Pro”, despotricó uno de los dirigentes amarillos.

Al final de la cumbre, Macri y sus laderos acordaron que no difundirían un comunicado partidario. “No estaba previsto”, dicen cerca de Macri. Por un lado, alegaron que procuran que el Pro tenga posiciones políticas propias y no corra detrás de la agenda del Gobierno. A su vez, adujeron que no querían mezclar la polémica por el futuro de la Corte Suprema con la posición de la fuerza respecto del retiro del apoyo de la Argentina a Ucrania en la ONU o la respuesta al funcionario de segundo rango de Milei que acusó a Macri en el Congreso de sabotear la licitación de la Hidrovía. “La vía institucional es el Senado, que responda el presidente de nuestro bloque”, consensuaron. En rigor, no lograron conciliar miradas sobre el polémico decreto de Milei.

Anoche circulaba en el seno del macrismo un borrador con los fundamentos que utilizaría el Pro para discrepar de la maniobra del Gobierno para llenar las vacantes de la Corte antes de que finalice el período de sesiones extraordinarias. Los ejes de la argumentación se desprenden de una nota publicada en LA NACION por Martín Casares, exjefe de Gabinete de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia y secretario general del Colegio Público de Abogados de la Capital. En ese documento, Casares, coordinador del área de Justicia de la Fundación Pensar, el think tank macrista, arguyó que la designación de jueces por decreto “impacta negativamente en la seguridad jurídica y la confianza pública en las decisiones judiciales”.

Durante su mandato presidencial, Macri designó por decreto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Sin embargo, frente a una ola de críticas, el exmandatario debió recurrir al procedimiento ordinario y envió los pliegos al Congreso para su tratamiento. Así, los dos jueces llegaron a la Corte una vez que el Senado les prestó acuerdo con los dos tercios de los presentes, como establece la Constitución. Según Macri, ambos candidatos no generaban un “debate” ni fueron cuestionados como ocurrió con el caso de Lijo. Y, por eso, terminaron siendo avalados por la Cámara alta.

Hasta ahora, pocos referentes de Pro alzaron la voz para criticar la decisión de Milei o rechazar la llegada de Lijo a la Corte. La senadora larretista Guadalupe Tagliaferri, titular de la Comisión de Acuerdos del Senado, señaló que “nombrar por decreto a los nuevos integrantes de la Corte es absolutamente dañina para el país”. “Sin acuerdo del Senado, se genera incertidumbre y una inseguridad jurídica inconmensurable para todos aquellos que buscan volver a confiar en la Argentina”, indicó.

Ante la consulta de LA NACION, Tagliaferri evitó anticipar si apoyará o no los pliegos de Lijo y García-Mansilla. “Ahora la discusión no está puesta sobre los candidatos, sino sobre la herramienta que utiliza el Ejecutivo es correcta o no”, puntualizó. Entre tanto, Luis Juez, uno de los aliados de la Casa Rosada en el Congreso, y Carmen Álvarez Rivero ratificaron sus objeciones a la postulación de Lijo.

Por su parte, la diputada nacional Silvia Lospennato, una de los alfiles de Macri en el Congreso e integrante de la conducción de la Fundación Pensar, se opuso al mecanismo elegido por Milei para ocupar las vacantes en el máximo tribunal. “Nuestro informe de Pensar dice que esta facultad tiene que ser restrictiva; creemos que no es la manera de designar a los jueces. ¿Por qué? Porque la independencia e imparcialidad de los jueces se garantizan con la estabilidad en el cargo”, explicó Lospennato. Hoy, la agrupación Abogados en Acción, que integran los macristas Jimena de la Torre, Mauro Vazón y Mauro Vazón, emitieron un comunicado para expresar su “preocupación por el decreto” del Ejecutivo que nombra a Lijo y Mansilla en comisión, “a solo tres días del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso”. “Esta decisión representa una interpretación abusiva de la Constitución Nacional y un desprecio por la calidad institucional”, subrayaron.

Hasta ahora, pese a que procuró hasta el viernes pasado destrabar las tratativas con las bancadas del peronismo para llevar el pliego de Lijo al recinto, Milei no consiguió los consensos para aprobar las candidaturas. La Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo propone los postulantes para la Corte y que el Senado les presta acuerdo con una mayoría especial agravada: dos tercios de los presentes.

Por Matías Moreno

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