La complejidad de la reforma judicial pone en duda su inclusión en extraordinarias

El Gobierno trabaja en la elaboración de proyectos de ley de alto impacto para enviar al Congreso en el primer tramo del año. Por la complejidad de algunas de las iniciativas, la administración de Alberto Fernández aún no tiene confirmado el temario completo que enviará a sesiones extraordinarias –que comenzarán el 29 de enero– ni cuáles son las iniciativas que quedarán para marzo.

Ayer, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que "los primeros proyectos son los referidos al tema previsional y a los regímenes jubilatorios del servicio exterior y del Poder Judicial", en alusión a la comisión para proponer una nueva fórmula jubilatoria y a la modificación de los regímenes previsionales especiales de diplomáticos y funcionarios judiciales.

Cafiero agregó que el Gobierno "está terminando de armar" el proyecto de creación del Consejo Económico y Social y de "capitales alternativas, para generar mayor federalización". Consultado por LA NACION, respondió que "todavía se está elaborando" uno de los proyectos de mayor sensibilidad y complejidad en la agenda oficial: la reforma judicial. "Estamos viendo en qué momento enviamos estos proyectos a las cámaras", dijo.

Anoche, se sumó la posibilidad de sumar un proyecto para fomentar inversiones en Vaca Muerta.

En el temario provisorio para extraordinarias que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tiene sobre su escritorio también figura el consenso fiscal. Y hay un renglón más, muy impreciso, que apunta: "tema deuda". Massa espera precisar el temario en las próximas horas, antes viajar a Pinamar por el fin de semana.

La decisión de hacer la reforma judicial fue anunciada por el Presidente el día de su asunción y en el Gobierno trabajan intensamente para terminarla "lo antes posible", aseguran fuentes al tanto de su elaboración. El timing fino es lo que no está definido, por las complejidades de implementación y los costos que tendría una iniciativa de semejante magnitud.

Un estrecho colaborador del Presidente reconoció a LA NACION que Alberto Fernández suele hablar de "marzo" cuando alude al tema, por demás sensible para la familia judicial.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, es quien trabaja para traducir al papel la reforma judicial, que recobra el espíritu del proyecto que el hoy secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, ideó en 2004 cuando integraba el gabinete de Néstor Kirchner

Aquel plan –que jamás pudo concretarse– proponía diluir el poder de los jueces y camaristas federales de Comodoro Py al fusionarlos con juzgados criminales y correccionales ordinarios, al tiempos que buscaba hacerlos menos permeables a los servicios de inteligencia.

"Alberto y Losardo están para bajar a la realidad concreta la idea romántica que siempre tuvo Beliz para mejorar la Justicia", advierten en la Casa Rosada.

En esta versión 2020, una de las iniciativas que se barajó fue la de unificar el fuero Criminal y Correccional Federal (donde se investigan las causas de corrupción) con el fuero Penal Económico. En definitiva, todas alternativas que apuntan a evitar la concentración en unos pocos juzgados.

Aún hay mucho por pulir. Un funcionario que está al tanto de la elaboración del proyecto advirtió: "Es muy profunda la reforma que se quiere hacer y su implementación no es sencilla. No es un proyecto liviano: [se necesita] tener una precisión jurídica grande y saber cómo se van a instrumentar los recursos".

Cualquier reforma que se proponga deberá empalmar también con el nuevo Código Procesal Penal, que establece el sistema acusatorio, un mecanismo más ágil, que deja la investigación en manos de los fiscales. La implementación de ese código por ahora solo empezó en Salta y Jujuy, y el Gobierno ya tiene reclamos de más recursos desde las fiscalías de esas provincias.

El miércoles, Losardo mantuvo una extensa reunión en su ministerio para analizar cómo acelerar la implementación del sistema acusatorio en el resto del país sin generar problemas con la transición.

El Gobierno sí confirmó que enviará a extraordinarias los proyectos para cambiar los regímenes jubilatorios de judiciales y diplomáticos bautizados por Fernández como "de privilegio". Según pudo reconstruir LA NACION, en rigor el Gobierno no tiene previsto eliminar completamente esos esquemas, sino atenuar sus beneficios.

Son regímenes que hoy tienen unas 7700 personas y que establecen requisitos, aportes y beneficios diferenciales respecto del sistema previsional general del país, que cuenta con alrededor de 7,3 millones de jubilados y pensionados.

En el caso de los judiciales, son varias las ideas que se pusieron en la mesa, donde interviene, además de Losardo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. El Gobierno busca los recovecos para introducir cambios sin chocar con la resistencia de los jueces, que apelan al principio de intangibilidad de los salarios de los magistrados.

Son varias las alternativas que baraja el Gobierno. Una de ellas es que los jueces aumenten los aportes jubilatorios. Hoy aportan el 12%, un punto más que el resto de los trabajadores. También se analiza subir su edad de jubilación, que hoy es a los 60 años, para igualarlo al régimen regular y colaborar con la sustentabilidad del sistema. Otra opción es gravar con el impuesto a las ganancias las jubilaciones de los magistrados. "Los sueldos de los jueces son intangibles cuando tienen jurisdicción, pero un jubilado no tiene jurisdicción", analizó un colaborador del Gobierno.

Un último punto buscaría obligar a los jueces a retirarse una vez cumplidos sus trámites jubilatorios. Muchos hoy realizan el papelerío, pero retienen sus juzgados durante varios años más.

Por Maia Jastreblansky

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