El Senado con poca actividad: sin sesión esta semana, podría haber dictamen de discapacidad
La duda es si el viaje de senadores a presenciar las elecciones en los EE.UU. afectará el quórum de la reunión prevista para este miércoles; pulseada en el oficialismo
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El Senado tiene previsto tratar este miércoles por la tarde en un plenario de comisiones el proyecto de ley de discapacidad. La apuesta de un sector del oficialismo es emitir dictamen a la iniciativa tal como lo aprobó la Cámara de Diputados y dejarla, así, en condiciones de convertirla en ley en la próxima sesión, después de la visita del Papa León XIV.
Sin embargo, la posibilidad de que el proyecto pueda avanzar dependerá en gran medida de si las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano tendrán quórum, ya que hay gran cantidad de senadores ausentes como consecuencia de las elecciones en los Estados Unidos.
Si bien nadie quiso dar una cifra oficial, lo cierto es que muchos legisladores han viajado a observar las elecciones de medio término norteamericanas, lo que pone en serias dudas, también, que haya sesión esta semana.
A eso hay que sumarle la fuerte resistencia que genera el proyecto en algunos sectores del Gobierno, que preferirían que el tema quedara cajoneado. Uno de los más interesados en que el tema no avance es el ministro de Economía, Luis Caputo.
Esta situación ya provocó que el proyecto de discapacidad no se tratara en comisiones la semana pasada, cuando el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (LLA-Capital), prefirió responder a los pedidos de la Casa Rosada y postergó el inicio del debate del tema.
El proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad busca convertir en permanentes las principales protecciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia concluye a fin de año.
Fue, en los hechos, una dura derrota política para el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Rioja), ya que debió ceder a casi todos los reclamos de la oposición para evitar una caída más dura, como hubiese sido la prórroga hasta el 31 de diciembre del año próximo la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.
La propuesta mantiene la pensión no contributiva y el sistema de prestaciones básicas, en lugar de dejarlos sujetos a un régimen transitorio. En materia de pensiones, el texto fija un monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito principal de acceso.
También permite compatibilizar el beneficio con el empleo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si se excede ese límite, prevé la suspensión de la prestación, no su baja definitiva, y su reactivación automática cuando termine el vínculo laboral.
Además, conserva el nomenclador universal y el arancel unificado de cumplimiento obligatorio para las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el Estado, con actualizaciones automáticas vinculadas con la movilidad jubilatoria.
También garantiza la cobertura del programa Incluir Salud para los titulares de pensiones y establece que el presupuesto destinado al Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
El proyecto incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de datos entre diferentes organismos públicos con garantías de debido proceso para las personas involucradas. Una cláusula transitoria dispone, además, que el Poder Ejecutivo deberá establecer un cronograma para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores y reglamentar la norma en un plazo máximo de 30 días.
Diputados aprobó el proyecto en la madrugada del jueves 22 por una abrumadora mayoría de 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El acuerdo se alcanzó después de que el oficialismo aceptara cambios reclamados por la oposición y descartara las restricciones previstas en el proyecto de Presupuesto 2027.
Acompañaron La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y la mayoría de los bloques provinciales; los diputados cordobeses que rechazaron el texto cuestionaron la falta de participación de las organizaciones del sector, mientras que la izquierda se abstuvo por las deudas con los prestadores.
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