El Tribunal Superior de Justicia porteño limitó la actualización de intereses por despido a la nueva ley de Modernización Laboral
Revocó un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y dispuso que se aplique el artículo 55 de la nueva norma, que establece un piso y un techo
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El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) impuso límites a la indemnización por despido de acuerdo con la denominada ley de “Modernización Laboral”, en lo que marca la jurisprudencia del tribunal en la materia, en consonancia con la Corte Suprema de Justicia.
Por mayoría, el máximo tribunal porteño hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco Hipotecario S.A. y revocó una sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Lo que la Corte porteña dispuso es que los intereses y la actualización de la indemnización por despido se determinen conforme al régimen establecido en el artículo 55 de la nueva legislación, aprobada el 28 de febrero pasado.
El 6 de marzo de 2026, durante el trámite judicial, entró en vigencia esta nueva norma número 27.802. Allí se establece cómo se actualizan los créditos laborales en los juicios en trámite que no tienen sentencia definitiva. Fija como regla la tasa pasiva del Banco Central, con un techo y un piso. El resultado no puede superar lo que daría el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) más un 3% anual, ni ser inferior al 67% del monto que surgiría de aplicar esa fórmula.
Ahora, con este criterio, el Tribunal Superior de Justicia porteño falló en la causa “Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto, María Laura c/Banco Hipotecario S.A. y otro s/despido”.
La Cámara Nacional del Trabajo había confirmado la condena al pago de la indemnización por despido y había declarado la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 que prohíben la indexación. Había ordenado actualizar el crédito desde su exigibilidad mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC), más un interés puro del 3% anual.
Frente a ello, el Banco Hipotecario recurrió ante el TSJ al alegar arbitrariedad y apartamiento de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los precedentes “Oliva” y “Lacuadra”.
La empleada del Banco Hipotecario que fue despedida planteó la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, lo que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia porteño.
En esta sentencia, el TSJ sostuvo que la declaración de invalidez de una ley es el último recurso al que se puede acudir.
Los magistrados destacaron que el esquema transitorio diseñado por el Congreso responde a un criterio de oportunidad y mérito legislativo que no vulnera el principio de igualdad ni el derecho de propiedad.
Señalaron que el piso mínimo del 67% resulta compatible con la doctrina de no confiscatoriedad sentada por la Corte Suprema de Justicia.
Decidieron que el artículo 55 de la Ley 27802 resulta aplicable para determinar la forma de actualización del crédito de la trabajadora, en coincidencia con el fallo de la Corte Suprema del 5 de noviembre pasado en el expediente Cabana Opanasiuk, Leonardo.
Cuando un trabajador gana un juicio por despido, el dinero de la indemnización debe actualizarse desde el momento en que debió pagarse hasta el momento del cobro efectivo para no perder su valor frente a la inflación.
En este fallo, el Tribunal Superior de Justicia definió qué regla debe usarse en los juicios laborales que ya estaban en trámite cuando se sancionó la denominada ley de “Modernización Laboral”.
La mayoría del tribunal resolvió que es válida la fórmula fijada por el Congreso para estas causas pendientes. Se calcula el interés con la tasa pasiva del Banco Central, garantizando que el monto final nunca sea menor al 67% de lo que resulte de actualizar el capital por inflación (IPC) más un 3% anual, ni mayor al 100% que resulte de actualizar el capital con la misma fórmula.
Votaron por la validez de la norma Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg, y votaron en disidencia Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz.
En su voto conjunto, De Langhe y Otamendi sostuvieron que no es irrazonable que los créditos laborales tengan un régimen propio, distinto del que rige para las deudas civiles y comerciales.
Tampoco consideraron discriminatorio que el artículo 55 trate a los juicios en curso de manera diferente que el artículo 54, que regirá para los casos nuevos.
Según los jueces, se trata de un mecanismo transitorio, pensado para causas que se tramitaron bajo la prohibición de indexar, con alta inflación y después de que la Corte Suprema descalificara varias fórmulas de la Justicia laboral por arrojar resultados “desproporcionados”.
Weinberg llegó a la misma conclusión con un voto propio. Allí puso el foco en que la trabajadora no demostró con números concretos cuánto perdía con la nueva fórmula, y advirtió que una objeción de esa gravedad exige probar el perjuicio en el caso.
Para la jueza, el piso legal protege al trabajador y la previsibilidad sobre el monto de las deudas también cuida la fuente de empleo. “La adopción de un mecanismo de excepción y transitorio para resolver las causas en trámite constituye una decisión legislativa que, más allá de su acierto o error, por sí misma, no resulta arbitraria ni discriminatoria”, afirmó.
Lozano y Ruiz, desde el peronismo, votaron en contra y declararon inconstitucional la ley de Modernización Laboral. Consideraron que discrimina a los trabajadores, a quienes la Corte define como “sujetos de preferente tutela”, porque les otorga por la mora una reparación muy inferior a la que recibe cualquier otro acreedor, y además por el hecho de haber ido a la Justicia.
Para ilustrarlo, hicieron la cuenta de este expediente: entre el despido, en marzo de 2017, y agosto de 2026, el IPC subió 11.980%, la tasa pasiva que impone la ley arroja un 5930% y la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del BCRA, que se aplica al resto de las deudas, da 12.186%.
Con el voto de la mayoría, según la nueva Ley de Modernización Laboral, por cada 100 pesos de 1987 le correspondería al trabajador en 2017 unos 10.400 pesos. Y, según el voto de la minoría, los 100 pesos se convierten en unos 12.290 pesos.
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