Un fiscal anticorrupción denunció a la secretaria de Energía: la acusó de favorecer a una empresa sancionada por operar en Malvinas
El titular de la PIA denunció en Comodoro Py que Tettamanti y su antecesor, ambos funcionarios de Milei, autorizaron a actuar en el país a la continuadora de una firma británica inhabilitada; la sugestiva “Condición del Perdón Argentino”
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Una fiscalía especializada en corrupción denunció a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y a su antecesor en el cargo, Eduardo Rodríguez Chirillo, por haber permitido que operara en el país una empresa que estaba inhabilitada por haber desarrollado actividades hidrocarburíferas en zonas próximas a las Islas Malvinas sin autorización del gobierno argentino.
Se trata de la compañía Harbour Energy, continuadora de Premier Oil, firma a la que se le prohibió por 15 años (hasta 2028) desarrollar actividades en la Argentina. Según la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que presentó la denuncia, Harbour Energy y Premier Oil son “la misma persona” y la Secretaría de Energía contaba con documentación que lo acreditaba. No obstante, a Harbour Energy se le permitió hacer “negocios de una magnitud extraordinaria” en el sector hidrocarburífero; controlar “indirectamente participaciones en licencias de explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta y en la Cuenca Marina Austral” y beneficiarse con contratos con empresas públicas, afirmó la PIA.
La denuncia fue presentada el 29 de septiembre pasado por Sergio Rodríguez, titular de esta fiscalía especializada, que sostuvo que “en el estado actual de la investigación no se cuenta con elementos que permitan afirmar la existencia de pagos, promesas o beneficios indebidos” recibidos por los funcionarios a cambio de la habilitación para la empresa. Pero dijo que “sin embargo, el carácter reiterado de las irregularidades detectadas, su aptitud para remover impedimentos legales concretos y la extraordinaria significación económica de los negocios posibilitados justifican que la investigación penal procure determinar si existió algún tipo de contraprestación o acuerdo indebido entre funcionarios públicos y representantes de las empresas beneficiadas”.

La denuncia advierte: “No resulta lógico suponer que los funcionarios de la Secretaría de Energía hayan incumplido su deber de aplicar la ley 26.659 de manera flagrante y reiterada para favorecer a una empresa extranjera sin recibir nada a cambio”.
Los otros dos delitos de funcionarios en los que podrían encuadrarse los hechos denunciados son, según la PIA, el de incumplimiento de los deberes y el de negociaciones incompatibles con el cargo.
La lista de los denunciados incluye también a Horacio Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos de la Nación, (el 26 de diciembre de 2024 otorgó el certificado de reinscripción de Harbour Energy Argentina Limited S.E.E. en el Registro de Empresas Petroleras) y a un apoderado de Harbour Argentina que según la PIA omitió información para habilitar la inscripción.
La PIA abrió esta investigación a raíz de una denuncia de la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández. También expuso esta situación el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que a principios de septiembre les pidió explicaciones públicamente a los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno, y advirtió que la continuadora de Premier Oil había sido beneficiada con el RIGI.
Días antes, el 3 de septiembre, por cadena nacional y rodeado por todo su gabinete, Milei anunció un plan para endurecer las sanciones y penas contra la empresas vinculadas a operaciones no autorizadas en la zona de las Malvinas. Advirtió: “Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”.
La denuncia de la PIA fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y, por sorteo, el juez de la causa es Ariel Lijo. Fuentes judiciales informaron a LA NACION que a pedido del fiscal del caso, Carlos Stornelli, Lijo ordenó una serie de medidas de prueba para hacerse de documentos sobre Harbour Energy y sus actividades.
LA NACION consultó a la Secretaría de Energía, que al momento de la publicación de esta nota no había respondido. También, a Harbour Energy, que no hizo declaraciones. Fuentes del sector que defienden la actuación de esta compañía dijeron que no es una mera continuación de Premier bajo otro nombre, que tenía una trayectoria propia anterior y que se constituyó una nueva empresa con nuevos accionistas y nuevo control y dirección. Alegaron también que Harbour se retiró definitivamente del proyecto de Malvinas tras la intimación de las autoridades argentinas en 2021 y que tiempo después decidió convertir al país en un pilar esencial de sus negocios.
El caso, paso a paso
En 2013, Premier Oil fue inhabilitada para desarrollar actividades en la Argentina hasta el 9 de octubre de 2028 por la resolución de la Secretaría de Energía 481/13. Esa sanción tiene un alcance amplio: impide que la compañía realice cualquier tipo de actividad en el país directamente o a través de otras sociedades controladas o de las que reciba beneficios económicos.

La denuncia advierte que Premier Oil tiene una empresa “continuadora”: Harbour Energy, que en los últimos años participó de grandes negocios con el Estado en la Argentina. “Premier Oil plc y Harbour Energy plc son la misma persona”, afirmó la PIA.
Esta procuraduría alegó que Premier Oil “conservó su número de registro, su identificador internacional LEI y su fecha de admisión bursátil”, con el propósito expreso de mantener la inscripción (listing) para cotizar en la Bolsa de Valores de Londres. Lo que hizo Premier Oil fue fusionarse con otra empresa (Chrysaor Holdings Limited) y cambiar su razón social a Harbour Energy plc, “pero este cambio de nombre no tuvo ningún efecto sobre sus obligaciones, conforme al derecho británico que rige su constitución”.
“La inhabilitación impuesta en 2013 resulta, por lo tanto, plenamente aplicable a la sociedad con su nueva denominación”, sostiene la denuncia.
Esa presentación relata que en 2021, la Secretaría de Energía inició actuaciones administrativas contra Harbour Energy y contra Navitas Petroleum, por infracción a la ley 26.659, de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. “En esos expedientes se incorporaron los antecedentes de la fusión con Chrysaor Holdings Limited y la Secretaría de Energía calificó a Harbour Energy plc como ‘continuadora de Premier Oil plc”, afirmó el fiscal Rodríguez.
El 23 de septiembre de 2021, la entonces titular de la Dirección Nacional de Malvinas, Sandra Rosa Pitta, informó a la Secretaría de Energía que Harbour Energy había anunciado, a través de su sitio institucional, el abandono del desarrollo del proyecto Sea Lion como resultado de una “revisión estratégica de su cartera” de activos. Señaló que distintos medios especializados vincularon esa decisión con las sanciones que la empresa enfrentaba en la Secretaría de Energía. “Luego del anuncio del retiro de Harbour Energy plc de Sea Lion, las actuaciones seguidas en su contra quedaron paralizadas y hasta la fecha no se dictó una resolución definitiva”, dice la denuncia.
La condición del “Perdón Argentino”
Pero en 2024, tras el cambio de gobierno, Harbour Energy reactivó sus intereses en la Argentina. Adquirió los activos globales de la petrolera alemana Wintershall Dea AG y en el contrato de adquisición, las partes incluyeron una cláusula denominada “Condición del Perdón Argentino”, que supeditaba el cierre de una operación de 11.200 millones de dólares a que Harbour Energy consiguiera inscribir a su subsidiaria Harbour Argentina en el Registro de Empresas Petroleras, según la denuncia de la PIA.
“Esta cláusula demuestra que las empresas tenían pleno conocimiento de los impedimentos legales que pesaban sobre Harbour Energy para realizar actividades en la República Argentina”, enfatizó Rodríguez.
La inscripción de Harbour Argentina en el Registro de Empresas Petroleras era legalmente imposible, porque la legislación argentina no prevé ningún “perdón” para una empresa sancionada mediante resolución firme por violación de la ley 26.659, adiviritó la PIA. Por lo tanto, la “Condición del Perdón Argentino” sólo podía cumplirse mediante el dictado de “un acto que simule su regularidad omitiendo antecedentes de hecho y derecho esenciales, como finalmente ocurrió”, dice la denuncia.
A pesar de estar legalmente inhabilitada, Harbour Argentina logró inscribirse en el Registro de Empresas Petroleras el 14 de febrero de 2024 y reinscribirse el 26 de diciembre de 2024, sostiene la presentación de Rodríguez, que advierte que los actos administrativos que autorizaron esas inscripciones están viciados de nulidad absoluta porque fueron dictados en violación de la ley aplicable.
El desembarco en Vaca Muerta
La denuncia relata también que el 3 de septiembre de 2024 Harbour Energy compró Wintershall Dea Argentina S.A. y “pasó a controlar participaciones en los bloques Aguada Pichana Este y San Roque de Vaca Muerta, y en la Cuenca Marina Austral 1 de Tierra del Fuego”; se convirtió además en “beneficiaria final de contratos de provisión de gas con Cammesa y Enarsa”.
“La reinscripción de Wintershall Dea Argentina S.A. en el Registro de Empresas Petroleras fue otorgada el 16 de agosto de 2024, antes de que Harbour Energy plc adquiriera el control indirecto de la sociedad. Sin embargo, una vez perfeccionada la operación, Wintershall informó expresamente a la Secretaría de Energía que Harbour Energy se había convertido en su controlante final”. La PIA sostuvo que pese a contar con esos antecedentes, los funcionarios intervinientes no actuaron y eso ”permitió que Wintershall Dea Argentina S.A. continuara registrada bajo el control de una empresa legalmente inhabilitada”.
“Harbour Energy plc posee -adiverte la denuncia-, a través de SE Argentina Holdings B.V., una participación del 15% en Southern Energy S.A. (SESA), consorcio que lidera uno de los proyectos de exportación de GNL más grandes del país. La Secretaría de Energía otorgó a SESA dos certificados de autorización de libre exportación de GNL por treinta años (Resoluciones SE 165/2025 y 353/2025), sin considerar los efectos de la sanción administrativa que pesaba sobre su accionista Harbour Energy plc”.
Sin respuesta
La PIA detalla en su denuncia que le “solicitó a la Secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, la remisión del expediente [de inscripción de Habour Argentina] en cuatro oportunidades, mediante los oficios del 3 de marzo de 2026, 30 de marzo de 2026, 25 de abril de 2026, 24 de mayo de 2026 y 4 de julio de 2026″. Y relata: “Pese a los reiterados pedidos y a haber sido expresamente intimada de que en caso de incumplimiento se formularía la correspondiente denuncia penal, la funcionaria no remitió el expediente de inscripción inicial de Harbour Argentina. Por esta razón, aún se desconocen los antecedentes y fundamentos del acto administrativo que autorizó esa inscripción. La falta de entrega de la documentación requerida, pese a los reiterados pedidos, refuerza las dudas sobre su regularidad”.
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