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El valor de un debate transparente
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La decisión de no continuar con la postulación de Daniel Reposo para la Procuración General de la Nación puede tener varias lecturas. La primera es considerar que se trata de una derrota para el Gobierno, ya que el candidato seleccionado por la Presidenta no logró sumar los apoyos políticos necesarios para obtener el acuerdo del Senado. El oficialismo nunca llegó a tener los votos para asegurar su confirmación, situación que sólo empeoró luego de la audiencia pública.
Una segunda lectura es mirarlo como un triunfo de la oposición. Con el liderazgo de legisladores de la UCR, más representantes del FAP, la Coalición Cívica y el Peronismo Federal, se logró enfocar la atención pública en la falta de idoneidad e independencia del postulante y se evitó su confirmación en la Cámara alta.
Sin embargo, también se podría considerar lo acontecido -interpretación que propongo- como un triunfo de la deliberación democrática y de las instituciones.
El amplio escrutinio público al que fue sometido Reposo sólo fue posible porque existe un procedimiento transparente y participativo para la selección de los más altos representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público puesto en vigencia en el año 2003 por el entonces presidente Kirchner mediante los decretos 222 y 588. Aquellos fueron elaborados sobre la base de propuestas concebidas por un grupo organizaciones de la sociedad civil conocido como Una Corte para la Democracia.
La aparente paradoja de que la candidatura de Reposo no prosperó producto de procedimientos creados por el propio Kirchner es tan sólo una anécdota, aunque pone de relieve el valor de la estabilidad de las instituciones. Lo que en su momento fue concebido por el Gobierno como una herramienta para mejorar la legitimidad e idoneidad del Poder Judicial a través de la participación ciudadana, casi una década después permitió rechazar un candidato propuesto por el mismo grupo político pero que no reunía las cualidades necesarias para el cargo.
La reacción de la Presidenta fue la natural. Frente a la falta de apoyo, tuvo que recurrir a una nueva postulación, recayendo esta vez en una persona que a priori parece tener muchos más méritos y antecedentes para el cargo que Reposo. El sistema funcionó ya que el debate y la participación elevaron el piso de calidad. Todo lo contrario ocurrió en 2010 en la Ciudad de Buenos Aires, cuando Mauricio Macri derogó el decreto 1620/03, que preveía un procedimiento transparente y participativo similar al vigente en Nación para la selección de magistrados. Fue como reacción al rechazo general que recibió su postulante para cubrir la vacante del Tribunal Superior de Justicia, que se encuentra incompleto en su integración desde el 1° de septiembre de 2009. Curiosamente, en lugar de elegir un mejor candidato, se optó por eliminar el mecanismo participativo.
El episodio de Reposo nos muestra cómo la participación ciudadana y la transparencia fortalecen las instituciones democráticas. El debate amplio y público permitió rechazar un mal candidato a procurador y nos posibilitará evaluar al próximo postulante. Sería deseable que se pudiera participar también en la selección del eventual candidato para el Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires.
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