El voto de cada uno de los jueces

El fallo es aprobado por una mayoría formada por cuatro jueces que sostienen que los cuatro artículos que cuestionaba el Grupo Clarín son constitucionales, tal como afirmaba el Gobierno. Dicen que la ley es coherente con el derecho de los consumidores a acceder a distintas fuentes de información y con la defensa de la competencia. Sostienen que el Grupo Clarín no probó una "afectación actual" a la libertad de expresión. Afirman que no demostró que la "sustentabilidad" económica esté en peligro (diferencian "sustentabilidad" de "rentabilidad") y dicen que no hace falta ser un grupo grande para tener independencia. Sostienen, además, que la ley debe aplicarse y que si la pérdida de licencias le genera un daño patrimonial al Grupo Clarín, podrá pedir la respectiva indemnización, una vez que haya acreditado que eso sucedió. Dicen que el plazo de desinversión está vencido.

• Argibay dice que la ley tiene limitaciones válidas, pero que el cese simultáneo de todas las licencias, sin flexibilidad alguna, afecta la libertad de expresión del Grupo Clarín. Declara inconstitucionales los artículos 48 y 161

• Maqueda sostiene que las licencias ya otorgadas a Clarín son un derecho adquirido, que está en juego la libertad de expresión y que ninguna reparación monetaria sería suficiente para remediar la lesión a este derecho.

• Fayt es el único que sostiene que son inconstitucionales los cuatro artículos, tal como reclamaba Clarín. De acuerdo con su voto, el grupo no debe ser obligado a desinvertir, ni ahora ni a futuro.

Fue designado por Néstor Kirchner en 2004 y transita su tercer período como presidente del tribunal, cargo que ocupa desde 2007. Una característica central de su gestión fue la búsqueda de equilibrios para mostrar una Corte sin grietas. Tiene diálogo con Cristina Kirchner, pero su relación tuvo fuertes altibajos. Este año Lorenzetti denunció que la AFIP lo perseguía. En el oficialismo le desconfían y le recriminan tener aspiraciones políticas. En abril, consiguió que la Presidenta frenara un proyecto para sacarle a la Corte la administración del presupuesto judicial (por la Constitución, le corresponde al Consejo de la Magistratura) y Elisa Carrió lo acusó de haber hecho un "pacto" con el Gobierno. Según ella, su pago fue el fallo de ayer. Lorenzetti implementó una apertura de la Corte en materia de comunicación y promovió los encuentros nacionales de jueces.

Es el juez de la Corte más cercano al Gobierno y el único al que el kirchnerismo jamás cuestionó. En general trata de evitar votar en disidencia en los casos de alta sensibilidad política, pero este año fue el único que defendió la validez de la última reforma del Consejo de la Magistratura, impulsada por la presidenta Cristina Kirchner. Profesor de derecho penal de gran reconocimiento a nivel internacional, divide su tiempo entre el trabajo en la Corte y congresos en el exterior. Es amigo declarado del vicepresidente Amado Boudou y quedó en medio de un escándalo cuando trascendió que en varios departamentos de su propiedad, que tenía alquilados, se ejercía la prostitución. Su voto fue el único que el kirchnerismo creía tener asegurado desde los inicios del caso Clarín. Ya anunció que no planea quedarse mucho tiempo más en la Corte.

Experta en derecho civil, fue propuesta por el kirchnerismo el 17 de febrero de 2004 para cubrir la vacante dejada por Eduardo Moliné O’Connor, que había sido destituido. Siempre tuvo buena llegada al oficialismo, pero el año pasado la relación se había resentido. Ella sorprendió cuando firmó, en diciembre pasado, un duro documento contra las presiones a los jueces junto con Argibay (ambas son coordinadoras de la Comisión de Protección de Independencia Judicial). Por invitación de la Presidenta, Highton integró con Lorenzetti el grupo redactor del nuevo proyecto de Código Civil y Comercial, que aún no fue aprobado. Tiene una larga carrera judicial, que empezó como defensora pública de menores; después, fue pionera en la instauración de la mediación obligatoria para los conflictos judiciales. Cuando la nombraron en la Corte, era camarista civil.

De perfil bajo, está en la Corte Suprema desde 1983. Al igual que a Fayt, lo nombró Raúl Alfonsín en el regreso de la democracia. Durante la última década, se caracterizó siempre por tener diálogo con kirchneristas y con opositores. En los últimos tiempos se acercó al Gobierno. En cuanto al caso de la ley de medios, fuentes del tribunal cuentan que su voto fue el último que se sumó para lograr la mayoría que declaró constitucional y aplicable la ley.

También superó los 75 años (tiene 78), pero no anunció su retiro. Fue presidente de la Corte entre 2004 y 2006, y en 2002 sorteó con éxito un juicio político, durante el proceso que celebró en 2002 el Congreso Nacional contra todos los entonces integrantes del tribunal. El 11 de octubre de ese año la acusación en su contra fue desestimada en la Cámara de Diputados por 158 votos contra 72.

Es una firme defensora de la independencia judicial y evita cualquier diálogo extraoficial con el Gobierno. Su designación fue propuesta por Néstor Kirchner el 30 de diciembre de 2003, cuando ella trabajaba en La Haya, en el tribunal internacional para los crímenes de guerra de la ex Yugoslavia. Nunca antes se había propuesto a una mujer para el máximo tribunal. "Para ser un buen juez, nuestro primer deber es ser desagradecidos con quien nos nombró", dijo.

Argibay tiene 73 años y más de 50 de carrera judicial, siempre dedicada al derecho penal. Estuvo nueve meses presa en Devoto durante la última dictadura, pero en el emblemático caso Riveros votó en contra de la nulidad de los indultos, a diferencia de sus pares. Fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces (AMJA), es, desde la Corte, una férrea defensora de los derechos de las mujeres en la Justicia.

Es peronista y es el único ministro de la Corte Suprema que cuando lo designaron venía de ocupar altos cargos en la política. Había sido diputado y senador nacional por Córdoba, había presidido el Senado y había sido además convencional constituyente. En 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde lo nominó para el máximo tribunal en reemplazo de Gustavo Bossert, que había renunciado. La Corte atravesaba entonces uno de los peores momentos de su historia reciente. Como consecuencia de sus orígenes en la política conservó siempre lazos aceitados con numerosos referentes del Partido Justicialista. En lo que respecta al kirchnerismo, no construyó nunca una relación con la Presidenta ni con Néstor Kirchner. Maqueda no se cuenta entre los jueces que simpatizan con este gobierno.

Es el decano de la Corte. Tiene 95 años y es miembro del tribunal desde 1983, cuando lo nombró Raúl Alfonsín, con quien había firmado varios hábeas corpus en favor de detenidos de la última dictadura. Presidió la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Es profesor emérito de la UBA y escribió más de 30 libros sobre derecho y pensamiento político. Si bien fue admirador de líderes socialistas como Nicolás Repetto y Alfredo Palacios, siempre le interesó el PJ como fenómeno. La naturaleza del peronismo es el título de uno de sus últimos libros. En la Corte, sostuvo siempre posiciones liberales. La Presidenta lo criticó por no haberse jubilado a los 75 años. Ése es el límite de edad que impone la Constitución, pero Fayt presentó un amparo donde argumentó que él había llegado al tribunal antes de la reforma que fijó el tope. Este año dijo no tener planes de retirarse.

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• Carmen María Argibay

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