Tensión en la UIF: desplazaron a tres directores del organismo antilavado

Tres directores de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado conducido por Carlos Cruz y Mariana Quevedo, fueron desplazados en las últimas horas de sus cargos, en medio de un clima de tensiones internas. Habían sido nombrados durante el macrismo, cuando dirigían la UIF Mariano Federici y María Eugenia Talerico.

Según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales, fueron desplazados el director de Análisis, Lucas Reboursin; el jefe de Colaboraciones Internacionales, Lucas Pandolfo, y el jefe de Prensa y Comunicación, Rafael Manzanares.

La Dirección de Análisis y la Jefatura de Colaboraciones Internacionales son dos áreas estratégicas. El área de Colaboraciones Internacionales será disuelta. En la UIF no hicieron declaraciones formales sobre lo decidido, pero, ante la consulta de LA NACION, fuentes oficiales del organismo dijeron que los desplazamientos forman parte de un programa de "reorganización operativa".

Reboursin trabajó en la UIF durante la gestión de Rosa Falduto -titular del organismo nombrada por Néstor Kirchner- y había sido despedido por José Sbatella, quien lo cuestionó por su investigación sobre la dirigente jujeña Milagro Sala. Luego fue reincorporado por Federici.

Su rol fue cuestionado en el oficialismo por su actuación en el trámite de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) sobre la firma agroexportadora Vicentin. En el oficialismo le achacaban haber "trabado" el ROS, que sin que hubiera salido de la UIF y a pesar de ser de carácter confidencial, fue mencionado por el Presidente en una entrevista. Esa mención le valió a Alberto Fernández una denuncia de la Coalición Cívica.

Pandolfo gestionaba las relaciones del organismo con otras UIF del mundo. De perfil técnico, tuvo su paso por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El área que manejaba será disuelta. El desempeño de la UIF será evaluado este año por el GAFI.

Fuentes que conocen desde adentro la dinámica del organismo antilavado dijeron a este medio que, en los últimos meses, se profundizaron las diferencias entre Cruz, el presidente, y Quevedo, la vicepresidenta, a quien le adjudican -con apoyo de un sector del cristinismo- haber sido la principal promotora de la salida de los directores nombrados durante el macrismo.

Quevedo se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos durante la gestión de José Sbatella al frente de la UIF. Varias de las impugnaciones a su nombramiento habían estado centradas en su desempeño en ese período. Durante la audiencia donde se trataron las impugnaciones, la gestión de Sbatella -procesado por los delitos de abuso de autoridad y violación de secretos- fue reivindicada. Cruz, por otro lado, es un abogado de la Capital Federal, de buenos nexos con el PJ porteño y con el Presidente.

El giro de la UIF

Desde que comenzó la gestión de Cruz y Quevedo al frente de la UIF, el organismo cambió el rumbo que había adquirido durante el gobierno de Mauricio Macri. Como querellante en expedientes por corrupción, no apeló la decisión judicial que le concedió la prisión domiciliaria a Amado Boudou, así como tampoco el archivo de una causa por lavado de dinero contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y decenas de empresarios involucrados en el caso de los cuadernos.

El organismo antilavado, además, modificó el pedido de penas para Lázaro Báez, que había sido formulado durante el gobierno anterior. En el juicio conocido como "La ruta del dinero K", los abogados de la UIF pidieron ocho años de cárcel para Báez. Durante la gestión de Federici, ese organismo planeaba pedir una pena de 16 años para el empresario santacruceño.

En los últimos meses, la UIF se constituyó como querellante en el caso Vicentin y pidió la inhibición de los bienes de Macri.

Los planes del Gobierno para la UIF fueron difundidos la semana pasada, con la publicación del Decreto 635/2020, que creó el Consejo Consultivo para analizar el funcionamiento del Poder Judicial. En el artículo 4 de ese decreto prevé que se realice un análisis de la posibilidad de traspasar a la UIF a la órbita del Ministerio Público Fiscal.

"Respecto del Ministerio Público Fiscal, realizar una evaluación acerca de la posibilidad y conveniencia, o no, de incorporar a su estructura a la actual Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera", establece el decreto.

La UIF tuvo un rol activo como querellante en varias causas de corrupción contra exfuncionarios kirchneristas y contra la vicepresidenta. Desde el peronismo señalaron al desempeño de organismo antilavado durante el macrismo como una pata del "lawfare".