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En defensa de los indefensos
La postulación de la doctora Stella Maris Martínez como defensora general de la Nación puede ser una oportunidad para reflexionar sobre la asistencia legal y el acceso a la Justicia de los desprotegidos. Una década atrás, se destinaban a salud 100 dólares por año por habitante, en "salud legal" no llegaba a 10 centavos; había un defensor público cada 5000 familias indigentes. Aunque hoy el presupuesto ha mejorado, todavía es ínfimo.
Hay menos defensores que fiscales. Muchas provincias tienen un 15% más de fiscales, pero en la Nación son un 80% más (313 contra 174). No parece lógico que nuestro Estado gaste tan poco en la defensa ($ 86 millones) comparado con la acusación ($ 226 millones).
La Defensoría tiene una corta historia, pues antes carecía de identidad, confundida con los fiscales y bajo su dependencia orgánica. Entre 1990 y 1993 -por un reducido pero efectivo aporte de la Agencia de Desarrollo Internacional de EE.UU.- en Fores se hizo el proyecto Justicia para Todos, con estudios y acciones como un plan de capacitación para defensores públicos. Se formó una comisión en el Ministerio de Justicia que produjo un proyecto de ley para independizar la Defensoría. Si bien no prosperó, inspiró la reforma constitucional de 1994. Ha sido un avance, pero debe rendir más aún, por lo que la postulación de esta defensora de raza genera expectativas.
Más argentinos por debajo del umbral de pobreza implican más desprotegidos en estos beneficios básicos. La defensa oficial, insuficiente en épocas normales, es colapsada y técnicamente quedan indefensos (estimo que sólo cubre un 10% de las necesidades; otro 10% lo cubre la ayuda privada, y el resto queda indefenso). Y ocurre especialmente en lo no penal (en la justicia nacional hay 104 defensores penales, contra 70 no penales). Y los afectados no tienen voz.
En general no se considera la asistencia legal entre los servicios básicos del Estado (no figura como indicador de pobreza). En los informes, contrasta la insistencia en la provisión de bienes o beneficios materiales con la desatención de otros aspectos espirituales que afectan bienes tanto o más valiosos, sean servicios religiosos o legales. Un documento de Cáritas Europa dice que su combate incluye la introducción de mecanismos que atenúen la vulnerabilidad, la discriminación y que promuevan la inclusión social. Pero no menciona los servicios judiciales entre éstos.
La responsabilidad también es de los ciudadanos y de instituciones privadas y religiosas, universidades, empresas y ONG. Los colegios de abogados cumplen una meritoria tarea con sus consultorios gratuitos. Hay mucho que hacer en coordinación, capacitación y difusión, en la creación de una microrred universitaria. Todo ello justificaría un plan de responsabilidad social empresarial.
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