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En Juntos por el Cambio evalúan presentarse en la causa en EE.UU. que levantó sospechas sobre funcionarios kirchneristas
Analizan alternativas para intentar ir en busca de información que pueda revelar eventuales actos de corrupción de funcionarios oficiales.
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CORRESPONSAL EN EE.UU.Rafael Mathus Ruiz
WASHINGTON.- Cuando queda una semana para las elecciones presidenciales, un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires está evaluando la posibilidad de puede presentarse ante la Justicia de Estados Unidos para intentar obtener más información de la causa que iniciaron dos fondos holdouts en Nueva York, que levantó sospechas sobre de una supuesta malversación de fondos por parte de funcionarios.
En Juntos por el Cambio están analizando desde hace varios días qué vías legales existen para hacer una presentación en los tribunales norteamericanos luego de las sospechas que surgieron de la demanda que iniciaron los fondos Glaciar Capital y TRSE Holdings contra la provincia para cobrar que cayeron en default, y que lleva la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil. El objetivo final es intentar acceder a información que pudiera llegar a revelar eventuales actos de corrupción de funcionarios del oficialismo.
Fuentes al tanto de las discusiones enumeraron varias razones para acudir a la justicia norteamericana. Primero, los fondos vinculados a actos de corrupción suelen tocar en algún punto el sistema financiero de Estados Unidos. Segundo, cualquier avance de los procesos no está atado al contexto político de la Argentina. Y, particularmente en la causa contra la provincia de Buenos aires, creen que existe una posibilidad concreta de conseguir más información.
La nueva trama judicial en los tribunales neoyorquinos levantó sospechas sobre Carlos Montaña, jefe de la unidad ministro de Sergio Berni; Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense; Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, la abogada Ana María Bazán, de la Asesoría General de Gobierno de Axel Kicillof, y el secretario nacional de Producción, José Ignacio de Mendiguren.
Uno de los abogados de los demandantes, Dennis Hranitzky dijo en una presentación judicial que había accedido a información producida en un proceso de discovery que “indica que los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires pueden haber estado malversando sistemáticamente fondos públicos y transfiriéndolos fuera de la Argentina”. El oficialismo negó de manera tajante las sospechas elevadas por Hranitzky.
La trama comenzó cuando los fondos rechazaron la oferta que hizo el gobierno de Kicillok en 2021, y se presentaron en el tribunal de Manhattan para cobrar sus bonos. Los demandantes obtuvieron una sentencia favorable, tal como ocurrió en su momento con el fondo “buitre” de Paul Singer, Elliot Management. Hranitzky estuvo involucrado en ese juicio, y fue quien consiguió el embargo de la Fragata Libertad en Ghana.
Hranitzky ahora intenta cobrar esta nueva sentencia. Con ese fin, Hranitzky buscó acceder a información de fondos, transferencias financieras y bienes de la provincia de Buenos Aires a través de un proceso de discovery en el que consiguió intimar a un grupo de bancos para iniciar un embargo. El resultado de ese proceso, dijo el abogado, indica que los funcionarios “pueden haber estado malversando” fondos públicos.
Ante las sospechas, en Juntos por el Cambio evalúan qué recurso pueden utilizar para presentarse en la Justicia de Estados Unidos ante la posibilidad latente de que, si consiguen ampliar el alcance y la profundidad del discovery en la causa que lleva la jueza Vyskocil, puedan llegar a destapar información comprometedora para el oficialismo. Esa evaluación todavía está en curso y no se ha llegado a una decsión definitiva, según pudo saber LA NACION.
El discovery es un instituto procesal de la justicia norteamericana que le permite a las partes de un juicio acceder a información que puede ser utilizada luego como evidencia en la causa. Comienza a partir de un pedido de información concreto que realiza una las partes a través de una citación, o “subpoena”, y el cumplimiento y el alcance del proceso se define luego a través una negociación y un acuerdo entre los abogados, aunque también puede llegar a intervenir el juez en caso de que el ida y vuelta se trabe. Este procedimiento ahora al centro de la acusación que surge contra funcionarios oficiales por supuesta malversación de fondos, una denuncia que volvió a sacudir el clima político en la recta final hacia los comicios presidenciales.
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