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Encuentran documentos en el Sheraton Pilar en la investigación por presunto lavado
Se investiga al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio; sospechas en torno a una financiera y una peluquería
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La Justicia avanzó en la investigación en torno al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio a partir de las denuncias de corrupción por el manejo de la verificación técnica vehicular (VTV) y a las fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
Este viernes, efectivos de la Prefectura Naval allanaron el Sheraton Pilar Hotel, donde operaba una financiera sospechada de lavar dinero mediante contratos irregulares.
El procedimiento fue ordenado por el juez Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Campana, quien investiga a los dirigentes peronistas D’Onofrio y Claudia Pombo, expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar.
Ambos están acusados de desviar fondos públicos y recibir coimas, según una denuncia presentada por la Coalición Cívica.
De acuerdo a fuentes judiciales, durante el operativo en la planta baja del hotel los agentes encontraron documentos que podrían resultar significativos para probar el lavado de dinero, además de registros vinculados a otros negocios, como una peluquería investigada por los mismos motivos.
Según señalaron los denunciantes a LA NACION, Claudia Pombo abrió una peluquería, Hairspray Studio, dentro del hotel.
Se investiga si las empleadas cobraban a través de contratos en el Senado bonaerense, que preside Verónica Magario.
Los sueldos de la peluquería, según la Coalición Cívica, se pagarían por medio de la financiera allanada, denominada Token Capital.
Uno de los socios de la financiera, Cristian Ojeda, estaría vinculado con Pombo.
Durante el allanamiento, efectivos de la Prefectura Naval y los inspectores del Banco Nación llegaron cuando había personal intentando desmontar las oficinas y borrar pruebas.
“Están complicados”, deslizaron los investigadores, a la espera de los resultados.
Los efectivos revisaron también depósitos y bauleras en busca de más pruebas.
D’Onofrio debió dejar el gabinete de Axel Kicillof en diciembre, envuelto en sospechas por una red de gestores que anulaban fotomultas, a cambio del pago de un porcentaje del monto de la infracción, y por una denuncia de irregularidades en las contrataciones de la verificación técnica vehicular (VTV).
Kicillof lo despidió en aquella oportunidad con un mensaje donde reconocía “el gran trabajo que llevó adelante”.
Para entonces, la causa ya daba sus primeros pasos en la Justicia. El 13 de diciembre, Leandro Camani, presidente de Secutrans –la empresa que provee los equipos para detectar las infracciones–, quien impulsa la denuncia contra D’Onofrio, presentó un escrito en la causa que investiga el fiscal Álvaro Garganta.
Allí, el representante de Secutrans señaló que los investigados integran una “banda de criminales” y reclamó que la carátula del caso cambie de “fraude en perjuicio de la administración pública” a “asociación ilícita”, que implica penas mayores.
Para justificar el pedido de agravar el delito investigado, Camani remarcó el mecanismo de los gestores denunciados, y dijo que se analiza también la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (propiedad de Sebastián Desio, a quien se identifica como cercano a D’Onofrio), que cobra 8,5% más IVA de cada VTV realizada a cambio de brindar servicios tecnológicos a las concesionarias, con contratos celebrados antes de que las firmas resultaran adjudicadas con las áreas de explotación del servicio.
Poco después, el juez Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de D’Onofrio y otros investigados: Claudia Pombo, la ladera política del ministro en Pilar, concejala de ese distrito; Agustina Cuadra (hija de Claudia Pombo); Facundo Asencio (director provincial de la VTV); Roxana Elma Pombo (hermana de Claudia, concejala y funcionaria del ministerio de D’Onofrio); Mario Quattrochi (juez de faltas), y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo).
En el terreno político, D’Onofrio había perdido el respaldo de Sergio Massa. Si bien el líder del Frente Renovador no lo había hecho explícito, en su espacio subrayaban, cuando se inició el periplo judicial de D’Onofrio, que le habían advertido a Kicillof que era necesario un cambio en el área de Transporte de su gabinete.
D’Onofrio había asumido como ministro de Transporte a principios de 2022.
Su inclusión en el organigrama de Axel Kicillof significó el primer ministerio para el massismo en la administración provincial. Hasta ese momento, el Frente Renovador carecía de representación.ß
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