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Escuchas telefónicas: trastienda de una negociación salomónica entre Cristina Kirchner y Sergio Massa
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La decisión de que la oficina de escuchas telefónicas permanezca en la órbita de la Corte Suprema y no se traslade al Ministerio Público Fiscal, como pretende Cristina Kirchner, fue el corolario de una negociación salomónica entre Sergio Massa y la vicepresidenta en el Congreso. Si bien ambos preservan una prudente distancia entre sí, entendieron que esta vez podían sacarle más provecho a un acuerdo que a la confrontación.
El presidente de la Cámara de Diputados se encontraba frente a un problema: el oficialismo, en minoría en el cuerpo, no reunía los votos suficientes para rechazar, como lo había hecho el Senado días atrás, el decreto 256/2015 por el cual se transfirió la oficina de escuchas judiciales del Ministerio Público Fiscal a la órbita del máximo tribunal. A instancias de la expresidenta, y tras una sesión escandalosa, la mayoría oficialistas había rechazado aquel decreto macrista con un solo objetivo: que el control de las intervenciones telefónicas retornase a su destino original y recayese en manos de Daniel Rafecas, el candidato que promueve el Gobierno a la Procuración General.
Massa realizó un breve y discreto sondeo. Los bloques opositores minoritarios, aquéllos que podían ayudarlo a alcanzar el quorum, mostraban cierta reticencia en rechazar el decreto macrista. Ni qué hablar de Juntos por el Cambio, que al momento de votar en el Senado pegó un "portazo virtual" y se desconectó de la sesión virtual. El presidente de la Cámara de Diputados hizo las cuentas. El número no llegaba a arañar los 129 legisladores.
Massa sentía la presión sutil y latente del kirchnerismo. La peor situación era aquel limbo que se había creado tras la media sanción del Senado: un decreto a medio rechazar que tenía en ascuas a la Corte Suprema y al kirchnerismo insatisfecho. Pero, aún si la Cámara de Diputados hubiese tenido los votos para derogarlo, lo cierto es que el problema tampoco se hubiese solucionado para Cristina Kirchner: la oficina de escuchas judiciales hubiese recaído en manos de Eduardo Casal, el procurador interino que recomendó a la Corte Suprema rechazar el pedido de declaración de certeza que presentó la vicepresidenta sobre la constitucionalidad de las sesiones remotas.
Así como Massa no tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados, Cristina Kirchner no cuenta con los dos tercios de los votos en el Senado para entronizar a Rafecas al frente de la Procuración. Imposible echar mano de algún voto lábil del bloque de Juntos por el Cambio; después de sucesivos enfrentamientos en el recinto, la principal bancada opositora abroqueló en pie de guerra contra el kirchnerismo. Para peor, está la imposibilidad de celebrar de manera virtual la audiencia pública en el Senado en la que el juez federal deberá defender su designación, con lo que los tiempos se dilatan.
Fue así como Massa y Cristina Kirchner apelaron a una solución, a priori, transitoria. El martes pasado firmaron una resolución conjunta para que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso sea la encargada, por medio de una subcomisión, de hacer seguimiento de las escuchas ordenadas por la Justicia para la investigación de delitos complejos. La disposición se firmó en el marco de un convenio suscrito el 29 de septiembre de 2016 (es decir, durante el gobierno de Macri) entre el Congreso y la Corte Suprema.
Ergo, la oficina de escuchas judiciales, formalmente llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, permanecerá bajo la órbita de la Corte Suprema. Cristina verá postergado su deseo de que se traslade a la Procuración General, pero logró que la mencionada comisión bicameral, presidida por el ultrakirchnerista Leopoldo Moreau, pueda controlarla.
"Se trata de una salida que buscó mantener el equilibrio institucional en la Cámara de Diputados. Igualmente, esta solución sería transitoria: la Casa Rosada ya anticipó que su intención es que todo procedimiento de investigación, escuchas telefónicas incluidas, estén en manos de los fiscales. Máxime cuando se está por instrumentar en todo el país el nuevo Código Procesal Penal y el sistema acusatorio", explican en la bancada oficialista.
En la Corte siguieron los pasos de la negociación, pero niegan haber tenido contacto con sus protagonistas. En cambio en algunos despachos del máximo tribunal, prestaban atención a la capacidad de Massa para reunir las suficientes voluntades para encaminar el decreto, como se pensaba originalmente.
No es novedad este convenio, pues es en rigor lo que ya regía. La diferencia es que según el nuevo texto las tareas de auditoría y seguimiento de lo que se realice en la oficina de escuchas va a depender no de toda la comisión bicameral, sino de una subcomisión permanente, que infomará cada seis meses sobre tus tareas de auditoría.
De hecho la Comisión Bicameral, ya auditó la oficina de escuchas de la Corte. El 22 de marzo de 2018 tras el escándalo político que generó la difusión de escuchas telefónicas legalmente realizadas donde aparecía conversando Cristina Kirchner, la Corte, de manera unánime, le pidió al Congreso que audite su oficina de escuchas telefónicas. La nota llevaba la firma de todos los miembros de la Corte.
El 3 de abril de 2019 la Comisión Bicameral, con la firma del senador radical Juan Carlos Marino, envió a la Corte una nota con las conclusiones. Destacaba allí el "notorio progreso en la operatoria" de la oficina de escuchas "en lo que respecta a la seguridad de la información, transparencia y cadena de custodia de las evidencias".
"Ello, aun sin contar con las herramientas necesarias para paliar las insuficiencias tecnológicas y de infraestructura digital ineludible para actualizar los sistemas de captación e infraestructura tecnológica", decía la nota de hace más de un año. Hoy esos retrasos tecnológicos persisten, dijo una fuente que conoce de cerca el funcionamiento de la oficina. El trabajo destaca los protocolos de transparencia y confidencialidad que se pusieron en práctica, avalados por el IRAM. Además el equipó obtuvo el primer premio en categoría Oro a la Calidad en la Justicia que recibió el director Juan Tomás Rodríguez Ponte.
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