Eskenazi, sin dividendos y con una deuda de US$ 2900 millones
El grupo había recibido préstamos de bancos y de Repsol para comprar el 25% de YPF
1 minuto de lectura'
LA NACIONFlorencia Donovan
El sistema financiero está en alerta porque la estatización de YPF dejó al Grupo Petersen en el peor de los mundos, con una deuda de casi US$ 2900 millones y sin los dividendos que hasta ahora venía obteniendo de la petrolera argentina para cubrir los vencimientos.
"Por el momento, la decisión es de wait and see (esperar y ver)", confiaron a LA NACION desde un banco extranjero que participó de uno de los consorcios que financiaron el ingreso de la familia Eskenazi en YPF. "Pero la situación se vislumbra complicada."
En 2008, para comprar el 14,9% de YPF, la familia Eskenazi desembolsó apenas US$ 100 millones y se valió de un préstamo bancario y otro de Repsol para adquirir la participación, que en ese entonces estaba valuada en US$ 2235 millones. Según los documentos que se presentaron entonces en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en su equivalente en Wall Street, la Securities Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés), Petersen Energía, una firma de la familia Eskenazi radicada en Australia, recibió un préstamo de US$ 1018 millones por parte de un pool de bancos -Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa-, y otro de US$ 1015 millones de la española Repsol. En 2011, cuando el Grupo Petersen se hizo del otro 10% de la compañía, el esquema fue similar: US$ 670 millones fueron aportados por un consorcio (Banco Itaú, Standard Bank, Crédit Suisse y Citi), y otro tanto vino de Repsol.
En estos años, los vencimientos de los préstamos se fueron cubriendo con el flujo de fondos que aportaba la agresiva política de distribución de dividendos de YPF. Entre 2008 y 2010, por caso, la petrolera ganó $ 12.916 millones y repartió $ 14.906 millones, lo que arroja una tasa de reparto de hasta un 135% de las ganancias.
Sin embargo, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, anticipó en los últimos días que las ganancias de 2011 de YPF no se repartirán entre los accionistas, sino que serán reinvertidas. Por lo que en los bancos temen que el Grupo Petersen pueda terminar declarándose en cesación de pagos. Así lo alertó ayer un informe a sus clientes el banco BNP Paribas. "Un dividendo de menos de 90% [de las ganancias] gatilla un default", dice el banco de origen francés en su informe firmado por los analistas Alexandre Marie y Charles Riou, según reprodujo la agencia Bloomberg.
Tan pronto como en mayo se dará la primera prueba, ya que el mes que viene vence la última cuota de US$ 400 millones del préstamo que entregaron los bancos en 2008, y habría que cubrir además una cuota de intereses del segundo préstamo, que tiene fecha de vencimiento en 2016. Entretanto, según afirmó Repsol esta semana, Eskenazi todavía le adeudaría a la empresa española US$ 1900 millones.
Consultados al respecto por La Nacion, en varios de los bancos que participaron en algunos de los préstamos (conocidos en la City como el Petersen I y el II) prefirieron no hacer declaraciones. Informalmente, admitieron que debería ser el banco organizador del consorcio (Crédit Suisse) quien dé a conocer una propuesta, aunque también señalaron que cada entidad podría tomar una decisión en forma individual.
Por el momento, la opción de ejecutar las acciones de YPF que el Grupo Petersen entregó como garantía no sería una que los bancos estén mirando con agrado, todo lo contrario. "Ser accionista de YPF con el Estado como socio no es una buena idea", dijo a La Nacion un banquero que pidió no ser identificado. Según deslizó el mismo banquero, otra opción sería vender los créditos con una quita a algún tercero que vea algún atractivo en la posibilidad de quedarse con las acciones que el Grupo Petersen tiene en la compañía. Pero por ahora son simples especulaciones.
Designan 12 funcionarios en YPF
El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, designaron a 12 personas en YPF para encarar la intervención, que tiene un plazo de 30 días, según la ley, pero que el Gobierno cree que llevará por lo menos dos meses.
Los funcionarios responden a las áreas de ambos interventores. El delegado en la Dirección Corporativa de Servicios Jurídicos es Rodrigo Cuesta (Sigen); en la Dirección Administrativa y Fiscal y en la Dirección Económica Financiera, Nicolás Arceo (Ministerio de Economía); en la de Recursos Humanos, Juan Manuel Abud; en la de Upstream, Exequiel Espinosa (Enarsa); en la de Downstream, Walter Fagyas (Ministerio de Planificación); en la Comercial, Emmanuel Agis (Cenda), y en la de Participadas, Juan José Carbajales (Enarsa). Se creó también la Unidad General de Operaciones, que estará integrada por los delegados y por Roberto Baratta (Planificación), Antonio Pronsato (Enargas), Damián Camacho (Planificación) y Luis Vitullo (Planificación). En tanto, en la Secretaría General de la Intervención estará José Strada (gobierno de San Juan).
Más leídas de Política
1El sindicato de judiciales tomó un edificio del fuero laboral en rechazo al traspaso a la Ciudad
2Quién ganó las elecciones en Mendoza 2026
3Los archivos de Epstein revelan un misterioso plan de “vigilancia” e “inteligencia” en Buenos Aires
4Caso $LIBRA: el juez rechazó como querellantes a dos bielorrusos que reclaman más de US$ 2 millones
