Extorsiones y miedo a denunciar, las claves del oscuro poder de los punteros para manejar los planes
Se suman causas contra líderes de cooperativas de la capital bonaerense por exigir retornos a beneficiarios; hubo dos detenidos; muchas veces, las víctimas no quieren declarar
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
Una pared pintada color crema, con una puerta de chapa blanca que se esconde detrás de una reja. Una vivienda más del humilde barrio Altos de San Lorenzo, en el sudeste de La Plata . Los vecinos confirman que allí funciona, o funcionaba, un comedor, aunque ningún cartel lo identifica ya como tal; solo queda una marca en la pared de lo que pudo haber sido uno. Es una casa de la calle 89 al 900 y es el lugar donde fue detenida, a mediados de octubre, Felipa Orellana Arñez, acusada de extorsionar a cooperativistas municipales para permitirles seguir trabajando bajo ese régimen. En las primeras horas de la tarde, en esa porción de Altos de San Lorenzo se ve poco movimiento, solamente algunos vecinos caminan por las calles. Nadie responde cuando se golpea la puerta de esa casa, donde los vecinos de la cuadra confirman que vive la mujer.
El caso de Orellana es uno de los que se conocieron en los últimos meses en La Plata, todos con un denominador común: punteros que son denunciados por exigirles dinero a los beneficiarios de cupos en cooperativas que realizan tareas para la municipalidad local. Además de Orellana, hubo otro detenido y varias denuncias se presentaron en fiscalías locales. Algunas avanzan, como las que derivaron en las detenciones, pero en otros casos el miedo domina a las víctimas, que prefieren el silencio antes que correr el riesgo de perder un ingreso de dinero.
"Les cobraba a los cooperativistas para seguir trabajando en las cooperativas. Tenemos seis o siete testimonios de cooperativistas. Cuando ella declaró, manifestó no saber para qué cooperativa trabajaba", contó a LA NACION la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFIJ N° 7 de La Plata, que investiga el caso. A Orellana la apresaron en 89, entre 26 y 27, frente al comedor Latinoamericano, según informó el diario platense El Día. Alrededor de ese comedor sin identificación que ahora parece inactivo, se ubican otros espacios similares. En pocas cuadras de recorrida por calles de Altos de San Lorenzo se consigue fácil una copa de leche de la organización MTD-Aníbal Verón y un comedor del Frente Darío Santillán, entre otros.
La mujer, que ya recuperó su libertad, está acusada de extorsión en grado de tentativa. "Es un delito que admite que la persona sea citada en libertad. No compareció y se procedió a su detención", explica la fiscal, que agregó que "no existen peligros procesales", por lo que la mujer quedó libre. Orellana no integra las cooperativas municipales desde el 24 de julio de 2017, informaron fuentes municipales a este diario.
En otra esquina platense, la de 7 y 91, detuvieron el 7 de noviembre a Walter Martín Helguera, titular de la cooperativa La Buena Esperanza. Es otro caso que tuvo repercusión en los medios de prensa de La Plata. Lo acusan de retener a cada cooperativista una suma de $1600 sobre $6900 de sueldo que cobran para realizar tareas de limpieza. Este puntero cayó por el testimonio de siete denunciantes, de los cuales seis declararon con reserva de identidad. Según informó a LA NACION una fuente municipal, Helguera era "un cooperativista raso", a pesar de que su nombre apareció en las noticias como director. Trabajó para la cooperativa hasta el mes de mayo, agregó la fuente.
Para la Municipalidad de La Plata trabajan unos 5000 cooperativistas, que cobran sueldos que oscilan entre los $5000 y los $9000 por mes. El promedio de la mayoría es de $6500, informaron desde el gobierno local, que comanda Julio Garro (Cambiemos). En La Plata, los cooperativistas enfundados en sus chalecos verdes están presentes a cada paso. Realizan tareas de limpieza, suelen verse trabajando en las plazas y caminando en grupo llevando sus herramientas.
El temor se impone entre los denunciantes, que tienen miedo de perder sus beneficios si se presentan con nombre y apellido a contar las maniobras oscuras de los punteros. Ese miedo corre tanto para comparecer en la Justicia como para dialogar con la prensa. Encontrar a un cooperativista que se anime a hablar es complejo. "Tenemos audios de WhatsApp, pero las personas después no quieren hablar", grafica la situación el fiscal Marcelo Romero, titular de la UFIJ N° 6, en diálogo con LA NACION.
Romero investiga otra denuncia contra punteros de La Plata. Es la que hizo el coordinador de la ONG La Plata Solidaria, Pablo Pérez, conocido como El Colo.
"Son planes de cooperativas, empleados por la municipalidad para tareas de limpieza. Cuando cobraban, se encontraban en algún punto de la cuidad para pagarle [al puntero]", explica Romero.
En su casa de Tolosa, Pérez, el denunciante, se muestra indignado. Acumula mensajes en su teléfono, capturas de pantalla y audios que acercó a la fiscalía. Dice que el trabajo solidario de su ONG lo llevó por gran parte de los barrios de la periferia de La Plata y que escuchó cientos de relatos de personas que le hablaron de retornos a los punteros para poder mantener sus puestos en las cooperativas de trabajo de La Plata.
"Pertenecemos a una organización que se llama La Plata Solidaria, que se dedica a actividades solidarias en la periferia de la ciudad. Desde hace mucho tiempo, en los sectores más humildes de la zona sur y norte de la ciudad escuchamos a mucha gente decirnos que tenía graves inconvenientes con el funcionamiento de las cooperativas y los planes sociales".
Después agrega: "Los inconvenientes, básicamente, tenían que ver con retornos que ellos debían aportar a quienes les otorgaban los planes sociales o conformaban las cooperativas, y también con la obligación de concurrir a determinados actos partidarios. Esto era manifestado una y otra vez. Ya cansados, decidimos ir a la Justicia. A nuestro entender, no son casos aislados, sino una estructura montada sobre la gente que más necesita para obtener dinero", resume Pérez.
En uno de los audios de WhatsApp que Pérez presentó en la fiscalía, se escucha el testimonio de una cooperativista: "A nosotros nos pasa, tenemos una cooperativa por una organización, y con la organización marchamos y aportamos también. El otro día, me peleé con mi referente y corro el riesgo de que den de baja las cooperativas. A veces, lamentablemente, tengo que bajar la cabeza".
Pérez subraya que "el retorno es sencillo", y explica: "Muchos dicen que, a partir de que se bancarizó [el cobro de los cooperativistas], se terminó el clientelismo y eso no es cierto. El clientelismo sigue, porque las personas son rehenes ante la amenaza de darles de baja su cupo en la cooperativa o en el plan social. Cobran, con tarjeta o con cheque al portador, y dan un retorno de entre $500 y $600, de un sueldo de $5500, $5800 pesos. Ir a un acto partidario es como ir a la escuela: mañana hay un acto y hay que ir, y si no pueden ir ellos tienen que mandar a otro, ese lugar tiene que estar ocupado en el micro".
"Por los testimonios que tenemos, quienes están involucrados pertenecen al Movimiento Evita, a la CTEP y al Movimiento Popular La Dignidad", resume Pérez.
En diálogo con LA NACION, el secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita, Gildo Onorato, afirma que "el municipio desestimó la denuncia y no se presentó", y que su espacio, "por estatuto, tiene prohibido pedir dinero a los beneficiarios". Añade que, "ante un caso similar, en San Miguel", él mismo se ofreció "como querellante".
Testimonios llegados desde las barriadas platenses de Los Hornos, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Santa Ana, El Palihue y San Carlos se acumulan en la denuncia de la ONG La Plata Solidaria. "Son sectores muy humildes de la periferia platense, que ha crecido mucho, zonas de asentamientos, que es donde nosotros realizamos nuestras tareas solidarias. Duele mucho ver a una mamá que tiene cuatro o cinco hijos y que tiene que darle a un atorrante $600", repudia Pérez, que pide que la intendencia se presente en la causa como "particular damnificada".
Entre los funcionarios municipales también aparecen los conflictos con el manejo de las cooperativas. Hace dos años, a la directora de Cooperativas le tajearon las cubiertas del auto y denunció el hecho como un amedrentamiento, recuerdan a LA NACION fuentes del municipio. Hace tres meses, el subsecretario de Vinculación y Gestión platense, Martiniano Ferrer, radicó una denuncia por extorsión porque desde movimientos sociales le exigían un monto fijo de dinero en obras para no generar caos en la ciudad, con cortes de tránsito y acampes.
"Si no les dábamos obras por 50 millones de pesos, decían que iban a hacer despelote. Estaba cortada la calle 12, pedí que la liberaran y la respuesta fue cortar diagonal 73 y 74. Es a lo que están acostumbrados. Por pedido del intendente, decidimos denunciarlos porque no querían dialogar de otra forma. Cuando te piden un monto determinado, ya es una extorsión", dice Ferrer a LA NACION.
El funcionario, que maneja las obras en las escuelas del distrito, cuenta que su ofrecimiento era "generar trabajo genuino e independencia para la gente". Y completa: "Les ofrecí darles maderas para que hicieran pizarrones, bancos, mesas, crear oficios, para que no vayan rebotando de una marcha a la otra, que terminan siendo rehenes. Por lo bajo, te lo vienen a decir".
En La Plata hay detenidos y las denuncias contra punteros se esparcen por las fiscalías de la ciudad. Pero desenmarañar la trama oscura es muy difícil. "Hay miedo en la gente. Teníamos testigos que se iban a acercar a declarar bajo identidad reservada y, de un momento a otro, nos bloquearon en WhatsApp, desaparecieron y tampoco los puede ubicar la fiscalía. Es muy difícil y hay que entenderlo, porque ellos declaran y vuelven al territorio, y ahí están los punteros que realizan estas maniobras", se lamenta Pérez.
Caso testigo: aprietes y chalecos verdes
Cooperativas. En la ciudad de La Plata, los grupos de cooperativistas están identificados con chalecos verdes. Realizan mayormente tareas de limpieza, pero algunos son contratados para trabajos de mantenimiento en escuelas, entre otros. Según números que aportaron a LA NACION desde la municipalidad, en el distrito hay unos 5000 cooperativistas, con sueldos que, en promedio, son de $6500 por mes. En los últimos meses, se presentaron varias denuncias contra punteros que exigían retornos a beneficiarios de estos planes.
Pablo Pérez - Denunciante: Es coordinador de la ONG La Plata Solidaria y reunió testimonios de cooperativistas de las zonas periféricas de la ciudad que contaron que debían dejar un porcentaje de sus sueldos a los punteros. Presentó una denuncia judicial en la que aportó mensajes de texto y audios de damnificados. Pide que se presenten a declarar, al menos con identidad reservada. "Las capturas de pantalla y los audios son contundentes, no hay forma de que eso no sea tal cual lo relatan", asegura
Altos de San Lorenzo - Barrio donde cayó una puntera: En una vivienda de uno de los barrios humildes de la periferia de La Plata, en donde funciona, o funcionaba, un comedor, fue detenida Felipa Orellana Arñez. Se trata de una puntera acusada de extorsión en grado de tentativa. Siete testimonios de cooperativistas dieron cuenta de su accionar. "Les cobraba a los cooperativistas para seguir trabajando en las cooperativas", cuenta a LA NACION la fiscal Virginia Bravo. En otro barrio, fue detenido otro puntero
Martiniano Ferrer - Funcionario municipal: Es subsecretario de Vinculación y Gestión de la Municipalidad de La Plata. Denunció a integrantes de movimientos sociales por extorsión, porque en negociaciones con el municipio por obras de mantenimiento en escuelas le exigieron 50 millones de pesos en tareas a cambio de no generar caos en las calles de la ciudad. "No puede ser que los cooperativistas tengan que entregar porcentajes para una cosa o para la otra, y terminen quedándose con una miseria", reprocha
Un plan antiintermediarios en Tres de Febrero
En el municipio de Tres de Febrero se puso en práctica un sistema de compra de productos con tarjetas para los sectores vulnerables, que, según asegura el intendente Diego Valenzuela, dio resultado para limar el poder de los punteros en el distrito.
"Fuimos armando un programa, que es un plan de seguridad alimentaria, con la tarjeta Más Familia. Entregamos 780 tarjetas, con un promedio de dinero para gastar de $2000", explica Valenzuela.
Para otorgar el monto que permitirá gastar la tarjeta en los comercios adheridos se utiliza "un indicador que da un índice de vulnerabilidad de la familia".
Valenzuela dice que en su distrito "la entrega de alimentos funcionaba con intermediarios", o con la entrega de parte del Estado de bolsas de alimentos a los sectores necesitados.
"Trabajamos con referentes barriales, no con los punteros, que intentan alejar al Estado del barrio", afirma.
El intendente no niega que los punteros puedan mantener cuotas de poder en el territorio, pero resalta el programa alimentario como una alternativa satisfactoria para que pierdan poder en los barrios más necesitados del distrito.
La tarjeta utilizada en Tres de Febrero implica contraprestaciones de los beneficiarios, como presentar certificados de escolaridad y vacunación de los hijos. Solo se puede utilizar para comprar alimentos y productos de higiene.
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