
Un juez de Texas aceptó la declaración de culpabilidad de Fred Machado por lavado y fraude
El empresario argentino, que contribuyó a la campaña presidencial del exdiputado liberal en 2019, evitó de este modo la acusación por narcotráfico; será sentenciado en Estados Unidos
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En una audiencia que duró apenas 16 minutos, Federico “Fred” Machado se declaró culpable hoy ante la Justicia de Estados Unidos de lavar activos provenientes del fraude con la venta de aeronaves y de operar un esquema de estafa millonaria, a cambio de que la Fiscalía dejara caer el cargo de narcotráfico.
La audiencia se celebró hoy, entre las 11.05 y las 11.21 de la mañana en el estado de Texas, donde Machado compareció junto a su abogada Jamie Solano ante el juez de instrucción Don D. Bush, quien lo interrogó para verificar que tenía plena comprensión de las consecuencias de la decisión que había adoptado. Ahora deberá esperar a que el juez federal de distrito Amos L. Mazzant III, titular de la causa, dicte su sentencia.
El acuerdo representa un giro de 180 grados respecto de la estrategia inicial de Machado, quien días después de su extradición en noviembre pasado se había declarado “no culpable” ante el juez Bill Davis y apostaba a un juicio oral por jurados. Pero tras seis meses detenido en un penal de Oklahoma, el otrora financista de la campaña “Avanza Libertad” de 2019 cambió de táctica.

La declaración de culpabilidad, anticipada la semana pasada en una serie de documentos que se presentaron ante los tribunales en Texas, le permite a Machado evitar un juicio por jurados y, a cambio, eludió la acusación por narcotráfico, que arrastraba mínimos obligatorios de hasta 10 años de prisión.
La audiencia de cambio de declaración había sido fijada para hoy, en los tribunales federales de Texas, como parte de la causa “United States v. Mercer-Erwin et al.”, donde la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada en 2023 a 16 años de prisión. Pero en su caso, por los tres cargos: lavado de activos, fraude electrónico y narcotráfico.
Según los documentos presentados la semana pasada por la Fiscalía, donde Machado reconoció los hechos para sustentar su culpabilidad y que lleva su firma, el argentino admitió haber operado una sofisticada estafa montada sobre la venta de aeronaves “invendibles”.

Machado reconoció que, junto a sus coconspiradores, captaba millonarios depósitos de inversores por aviones que, en realidad, pertenecían a aerolíneas como Air India, All Nippon Airways o una compañía privada con base en China, y que no estaban en venta. Y detalla tres casos: en septiembre de 2019, por una aeronave radicada en China; en febrero de 2019, por un avión que pertenecía a All Nippon Airways desde 2010 y estaba registrado en Japón; y en noviembre de 2020, por un avión de Air India, sobre el que se firmó un contrato por un depósito reembolsable de US$ 5.000.000.
De ese monto, US$ 550.000 fueron transferidos directamente a las cuentas de Machado para fines ajenos a la operación.
La trama funcionaba mediante el uso de las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing —controladas por el argentino en Florida— en combinación con Wright Brothers Aircraft Title, una sociedad de Oklahoma City que actuaba como agente de depósito en garantía y compartía oficinas, recursos y empleados con Aircraft Guaranty Corporation de Texas, propiedad de Mercer-Erwin.
La sombra que permanece
Aunque el acuerdo se centra en los delitos económicos en Estados Unidos, la sombra de la política local permanece. La Fiscalía Federal en Texas mantiene incorporada como evidencia la transferencia de US$ 200.000 a favor de Espert en enero de 2020. Documentada a través del Bank of America como “further credit to” —es decir, una instrucción bancaria que fragmenta el recorrido del dinero a través de cuentas intermedias antes de llegar al beneficiario final— y vinculada a la aeronave con matrícula N28FM, la operación es utilizada por los investigadores para probar la ruta del dinero que utilizó Machado para sus delitos.

Según Espert, esa operación se trató de una consultoría vinculada a una mina en Guatemala, por un contrato de US$ 1 millón del que solo habría cobrado una cuota, pero la investigación del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, no halló pruebas concretas de que Espert haya realizado esa consultoría. De acuerdo al ex diputado nacional, su servicio no se concretó por la pandemia de Covid-19 que sacudió al mundo durante 2020.
Los cargos que Machado asumió en Texas, en tanto, conllevan una presión punitiva considerable. Por la conspiración para lavar activos enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, multas de hasta US$ 250.000 o el doble del beneficio obtenido, y hasta 3 años de libertad supervisada. Por la conspiración para cometer fraude, la escala de prisión es similar, también con hasta 3 años de libertad supervisada. A ello se suma el decomiso de bienes y activos que la fiscalía ya adelantó que perseguirá.
La defensa apuesta, sin embargo, a que el tribunal le compute los seis meses ya cumplidos en Cimarrón —cómputo automático bajo la ley federal estadounidense— y a que tenga en cuenta los cuatro años de prisión domiciliaria que cumplió en las afueras de Viedma tras su detención en Bariloche en abril de 2021, aunque esta segunda consideración queda enteramente a discreción del juez Mazzant. Su entorno especula con una liberación en meses o, a lo sumo, pocos años, y un eventual regreso a la Argentina cuando salga de prisión.
Por su parte, la fiscalía federal, representada por Heather Rattan, que estuvo presente en la audiencia de hoy en Texas, ya adelantó que avanzará con el decomiso de bienes y activos. El próximo paso procesal podría demorarse entre 60 y 90 días, y culminar con la audiencia de sentencia ante el juez Mazzant, quien determinará la condena del hombre que alguna vez proveyó la logística aérea para la campaña presidencial de Espert durante 2019.




