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Fentanilo: el gobierno de Kicillof le reclama a Milei más inversión en el organismo que controla la producción de medicamentos
El ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, hermano del juez a cargo del caso, habló tras las acusaciones del Presidente; pidió más fondos para la Anmat
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LA NACIONMaría José Lucesole
LA PLATA.- El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, exigió al presidente Javier Milei invertir más en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) en medio de la investigación judicial que busca determinar si la muerte de 96 personas corresponde a fentanilo contaminado.
“Con respecto al fentanilo pasaron varias cosas. Incluso antes de la intervención judicial, ante la primera intervención del Anmat la orden fue que no se utilizara la medicación riesgosa y el inmediato reemplazo. Esa fue la primera de la intervenciones incluso antes de la intervención de la justicia”, dijo Kreplak, cuyo hermano, llamado Ernesto, es el juez federal a cargo de la investigación.
“La Justicia luego tuvo que investigar el hecho y a todo el sistema de salud lo que hizo fue enviarnos oficios. En el sistema provincial de hospitales no se encontraba el lote de ese laboratorio. Sí en algunas instituciones privadas. Lo que nos llega en el oficio, a todos los ministros de Salud de todas las provincias fue información sobre en qué lugares estaba este lote, si se había utilizado y cruzarlo con situaciones de rescate de las bacterias e historias clínicas”, agregó el funcionario de Axel Kicillof.
“Ahora la preocupación es por el sistema de regulación, que es el ANMAT. Tiene que haber más inversión en los sistemas de control para que no suceda nunca más un episodio de medicamentos que pueda poner en riesgo a la población”, destacó Kreplak.
Kreplak fue apuntado directamente por el presidente Javier Milei, cuando el Presidente, hace diez días, pidió que el juez Kreplak se apartara del expediente dado el vínculo filial con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.
¿Les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof?“, había preguntado Milei, de manera sugestiva.
Investigación federal
El empresario Ariel García Furfaro declaró el viernes ante la justicia, donde aseguró que está dispuesto a seguir preso con tal de que se investigue el asunto, denunció ser víctima de un sabotaje y buscó deslindar la responsabilidad por la contaminación.
El empresario detenido apuntó directamente contra Andrés Quinteros, ex diputado provincial por Unión por la Patria. García Furfaro acusó a su exempleado en los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo y pidió medidas de prueba para tratar de probar la participación del ex diputado como responsable del supuesto atentado.
Furfaro consideró que “le llamaría mucho la atención una negligencia” y apuntó a un sabotaje. Dijo que el tipo de bacteria que contaminó los lotes de fentanilo “no es del laboratorio, sino de las que aparecen en los hospitales”.
El empresario indicó que sospecha de una contaminación intencional en las ampollas o que hubo un sabotaje. “Sabe que es antipática la idea, pero si no se investiga no va a estar nunca tranquilo”, dijeron sus allegados a LA NACION.
“Él era únicamente el dueño de los laboratorios, pero no personal técnico; los fallos que se mencionan en la causa están acreditados, los leí, pero requieren de un nivel de sofisticación que Ariel no tenía y tampoco se le reclama en la normativa; lo que sí tenía era una cadena de empleados adecuados a la solicitud de la ANMAT”, señaló el abogado de Furfaro, Gastón Marano, para explicar la declaración de su defendido.
El juez federal Kreplak empezó el miércoles a tomarles declaración indagatoria a los detenidos en la causa por el fentanilo contaminado. En total son diez. La lista incluyó al empresario García Furfaro, a dos hermanos, a su madre y a socios y directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, donde se produjo el fentanilo.
La acusación es muy grave. La fiscal federal Laura Roteta le imputó a García Furfaro un delito que tiene una pena máxima de 25 años de cárcel (y una pena mínima de diez), según informaron fuentes con acceso a la investigación.
