"Firmé entre 50 y 100 sentencias de muerte por día", dijo Suárez Mason

"Yo firmé entre 50 y 100 sentencias de muerte por día durante mucho tiempo", se ufanó en 1979 el entonces general del Ejército Guillermo Suárez Mason, en una conversación con un embajador extranjero.

El embajador le preguntó si no le abrumaba semejante responsabilidad y el general contestó: "No, porque en todos los casos las personas confesaron alguna asociación con el terrorismo".

El oficial de la embajada norteamericana que reproduce la frase de Suárez Mason, pero que no identifica al embajador, también señala que una fuente de inteligencia naval y otra fuente del Ejército confirmaron a la embajada, en mayo de 1979, que "el gobierno argentino está confeccionando listas de detenidos, muertos y desaparecidos".

El diálogo y el dato de las listas aparecen en uno de los más de 4677 documentos sobre la última dictadura militar recientemente desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano.

Según Carlos Osorio, funcionario de la ONG National Security Archives, que trabajó en la desclasificación, los nuevos documentos aportan información hasta ahora desconocida sobre varios temas:

• El meticuloso conteo que llevaba la embajada de EE.UU. de casi 10.000 casos de violaciones de derechos humanos, en su gran mayoría desapariciones.

• La admisión de militares argentinos de torturas sistemáticas como método de contrainsurgencia de la dictadura.

• Los trabajos de contrainteligencia realizados por el gobierno argentino en Bolivia, Perú, Brasil y España.

• La colaboración con las dictaduras de Chile, Brasil y Uruguay para realizar secuestros fuera de la Argentina.

• El modus operandi de la estructura militar y de inteligencia y la relación directa entre el Batallón 601 de Inteligencia y el ex presidente y comandante en jefe del Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri.

• El secuestro en Río de Janeiro de los montoneros Horacio Campiglia y Mónica Pinus de Binstock, en manos de agentes de inteligencia argentinos y brasileños, y la posterior desaparición de ambos en Campo de Mayo, lo cual confirma la existencia del Plan Cóndor, de colaboración entre distintas dictaduras latinoamericanas.

Entre los documentos desclasificados hay un memorándum sobre torturas y desapariciones, del 31 de mayo de 1978, que demuestra que ya por ese entonces la embajada norteamericana sabía que la represión ilegal excedía por mucho la lucha contra la guerrilla. Sin nombrarlas, menciona la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y de cinco Madres de Plaza de Mayo. "Si hubo una reducción neta de casos de tortura es porque hay menos operaciones porque el número de terroristas y subversivos ha disminuido. Las desapariciones incluyen no sólo presuntos terroristas, sino también un amplio espectro de gente -gremialistas, trabajadores, religiosos, activistas de derechos humanos, científicos, doctores y líderes de partidos-. En diciembre fueron secuestradas cinco madres de desaparecidos y dos monjas francesas, cuyos cuerpos aparentemente aparecieron a orillas del Río de la Plata", señala el memorándum.

Otro documento trata sobre los más de 50 ciudadanos uruguayos que desaparecieron en Buenos Aires entre julio y septiembre de 1976. El 28 de octubre de ese año, el ejército uruguayo afirmó en un comunicado que "las llamadas desapariciones son parte de un complot de la subversión para infiltrar el Uruguay". Pero un cable del 2 de noviembre de 1976, del entonces embajador norteamericano en la Argentina, Robert Hill, contradice esa afirmación y señala que las desapariciones se llevaron a cabo en operativos conjuntos de fuerzas de seguridad del Uruguay y la Argentina.

Empresarios cómplices

Otro documento de 1977 relata la relación entre los directivos de fábricas y fuerzas de la represión, a propósito de la desaparición de 19 trabajadores de la fábrica de cerámica Lozadur, cerca de Bella Vista. "Las desapariciones son el resultado de operaciones de inteligencia realizadas por agentes de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo. Hay mucha cooperación entre la patronal y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de eliminar infiltrados terroristas en las fábricas y minimizar el riesgo de agitación laboral", dice el texto.

Entre la documentación desclasificada hay miles de relatos de familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado que empleados de la embajada compilaban en fichas y gráficos para medir, semana por semana, la cantidad estimada de desapariciones, con el fin de responder con sanciones económicas o diplomáticas cuando había "picos" de desapariciones.

Hay, entre los archivos, un relato anónimo de una mujer norteamericana detenida y torturada en 1976, una de las seis víctimas de la represión con ciudadanía estadounidense: "Empezaron a usar picana. Me ataron y me echaron agua. Me hacían preguntas, pero más que nada me daban. Ahí. Ahí. Ahí. En los genitales. Me dijeron que me iban a arreglar para que no tuviera hijos".

Por Por Santiago O´Donnell <br/> De la Redacción de LA NACION

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