Frenan un proyecto minero de Cristina por irregularidades

En los pasillos del Senado ya se lo menciona como "el proyecto maldito del kirchnerismo". Se lo llama así porque lleva tres intentos fracasados del Frente para la Victoria (FPV) por convertirlo en ley. Se trata de la iniciativa por la cual Cristina Kirchner intentó cargar en el Estado nacional los $ 5000 millones que implica el sostenimiento del complejo minero y de la central térmica a carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.

Enviada con la excusa de recuperar la desparecida empresa estatal Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), la iniciativa tiene una historia cargada de marchas y contramarchas. A eso se le suman las fuertes sospechas de corrupción que rodean el manejo que hizo el kirchnerismo de un complejo industrial entrañable para el pueblo santacruceño y del que vive no sólo Río Turbio, sino la vecina ciudad de 28 de Noviembre.

Las irregularidades ascienden a unos $26.000 millones destinados al yacimiento en los últimos diez años y que no se condicen con el estado del complejo, según una denuncia presentada a mediados de mayo por la nueva intervención de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Se trata de un entramado de maniobras de desvío de fondos por el que fueron denunciados ante la justicia Federal desde el ex ministro de Planificación Julio de Vido hasta las autoridades de la regional Río Gallegos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), pasando por los administradores de la mina durante la gestión kirchnerista.

Sin embargo, la historia del "proyecto maldito" empezó varios meses antes que se conocieran las supuestas irregularidades administrativas perpetradas en el yacimiento. Remitido por la ex presidenta cuando faltaba menos de un mes para concluir su segundo mandato, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de noviembre último en otro de los característicos trámites exprés legislativos que caracterizaban al FPV.

Sin embargo, fue en el Senado donde la suerte del proyecto comenzó a cambiar y a sumar fracasos, un hecho casi atípico si se tiene en cuenta la cómoda mayoría con la que contó el kirchnerismo en esa cámara.

La orden presidencial fue llevar el proyecto al recinto el 9 de diciembre, previa firma de dictamen en comisión. Un día antes de irse de la Casa Rosada.

La iniciativa presidencial, por entonces, desoyó las advertencias enviadas por el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), sobre la inconveniencia de intentar sancionar una ley a escasas horas de un cambio de gobierno (hubiese sido inédito en la historia legislativa nacional). Pero Cristina Kirchner insistió y ordenó seguir adelante. La profecía se cumplió y, a la hora señalada, el oficialismo quedó sentado en soledad en el recinto, sin quórum por el boicot de la oposición, pero también por las deserciones clave de tres senadores del FPV.

Desde entonces, el oficialismo intentó dos veces reactivar el proyecto, poniéndolo en el temario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería. El primer intento fue a mediados de abril y el obstáculo fue la falta de quórum en ambas comisiones.

Duro cruce

Un mes después, el FPV volvió a la carga y para darle más peso convocó al vicegobernador de Santa Cruz y ex senador, Pablo González, para que defendiera la iniciativa ante las comisiones. Esta jugada tampoco tuvo éxito. La ausencia estratégica de senadores del FPV dejó sin número reglamentario el plenario. Para colmo de males, la poca tolerancia a las críticas de González terminó complicando los planes de quienes querían ayudarlo. Irritado por los cuestionamientos ambientalistas de Fernando "Pino" Solanas al sostenimiento de una central térmica a carbón, el vicegobernador le salió al cruce: "Nos está faltando el respeto a los santacruceños", se enojó. Esto no hizo más que provocar la reacción del cineasta. "Usted me falta al respeto a mí que sólo estoy dando mi opinión; y eso que ni siquiera hablé del nido de corrupción en que convirtieron el yacimiento", contragolpeó Solanas.

Las sospechas de Solanas se vieron cristalizadas pocos días después en una denuncia penal impulsada por el interventor de YCRT, Omar Zedián, basada en una auditoría integral al complejo Río Turbio (yacimiento y servicios ferroportuarios) y la construcción de la central térmica.

El trabajo relata "el calamitoso estado de abandono" de las "estructuras, instalaciones y adyacencias" del complejo, situación que señala como una "consecuencia directa de un montaje criminoso" que "tuvo como designio fundamental el vaciamiento y apropiación de los recursos y bienes del Estado destinados al Yacimiento".

El dato escalofriante es que durante 2005 y 2015 los gobiernos kirchneristas destinaron "una suma aproximada a los $26.000 millones", de los cuales unos $10.000 millones se concentraron en los últimos dos años según consta en la denuncia. A esto se suma un trabajo realizado por la Sigen en el que se asegura que, entre 2011 y 2015, se detectó "una sub-ejecución del orden entre el 60% y el 90% en el cumplimiento de metas preestablecidas en cuanto al avance de galerías y producción de carbón".

A esto se le agrega la detección de "un circuito de compras y contrataciones (...) con la finalidad de vaciar la administración y apropiarse de los recursos públicos destinados al financiamiento y explotación del yacimiento".

En este entramado participó la UTN y su regional de Río Gallegos, y está relacionado con la recuperación del ramal ferroviario que une la mina con el puerto y su reconversión en un tren turístico.

Sin cumplir con las reglas de control se realizaron compras y contrataciones por $299.275.069 millones del Ministerio de Planificación, el área que manejaba De Vido. "Jamás se realizó la mínima infraestructura necesaria" para poner en marcha el ramal, concluye la denuncia penal que presentó Zedián.